SIP Portuguesa
Mientras los familiares y amigos de Yulixa Toloza esperan que Medicina Legal determine la causa exacta de su muerte y les entregue su cuerpo, la Justicia colombiana adelanta los trámites para que tres personas capturadas en Venezuela por el caso respondan en el país. Sin embargo, el proceso de extradición promete ser enrevesado. Los dos hombres y la mujer señalados por la muerte de Toloza, quien falleció tras realizarse una lipólisis en un centro estético ilegal en Bogotá, tienen nacionalidades venezolanas y, tras su muerte, huyeron a su país, donde fueron capturados tras la expedición de una circular azul de la Interpol.
Por El País
La Fiscalía colombiana acusa de cinco delitos a María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años y dueña del centro estético; Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, su pareja sentimental; y Eduardo David Ramos, el hombre que le realizó el procedimiento. Pero algunos de los crímenes que se les imputan —desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio— están tipificados de distinta forma en el vecino país, donde además la Constitución prohíbe “la extradición de venezolanos y venezolanas”.
Por eso, la Fiscalía colombiana ha buscado apelar al Tratado Bolivariano de Extradición, un antiguo instrumento internacional, firmado en Caracas el 18 de julio de 1911 por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que establece las reglas para facilitar la entrega de las personas requeridas por la justicia de algunos de los países miembros y que se encuentran en territorio del otro. Hasta ahora, en Venezuela se ha aplicado principalmente para extraditar personas de otras nacionalidades, mas no venezolanos.
Tampoco es claro si alguno de los acusados también tiene nacionalidad colombiana ni el impacto que este hecho tendría sobre una posible deportación. Si la extradición no logra concretarse, los capturados serían juzgados en Venezuela, según las leyes de ese país, por los delitos cometidos en Colombia. En ese caso, la Fiscalía colombiana debería compartir con la Justicia venezolana el expediente y las pruebas.
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