Lo que Chevron, Repsol y sus socios necesitan entender antes de firmar el próximo contrato en Venezuela
Venezuela produce hoy más de 900.000 barriles diarios de petróleo. Chevron opera en el país bajo licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Repsol, Eni, Shell y British Petroleum mantienen acuerdos activos. La inversión extranjera regresa. Y sin embargo, el sistema de justicia que va a resolver las controversias de esas inversiones —los contratos de suministro, los conflictos laborales con los tercerizados, los litigios con proveedores de transporte y servicios, las disputas entre socios— es exactamente el mismo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó en su Informe de Derechos Humanos 2024 como un sistema donde “no se tomaron medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos de derechos humanos”. Esa paradoja no es un detalle administrativo. Es el mayor riesgo no declarado de la economía venezolana en la pre-transición.
El informe del Departamento de Estado documenta con precisión lo que el sistema de justicia venezolano ha sido y sigue siendo: un instrumento del poder ejecutivo, no un árbitro independiente. Detenciones arbitrarias, torturas documentadas por el SEBIN y la DGCIM, desapariciones forzadas, restricciones sindicales sistemáticas, 361 muertes registradas por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal solo entre enero y agosto de 2024, ningún funcionario sancionado. El informe constata además que el 47% de la población activa trabaja en la economía informal, donde la ley laboral no se aplica, y que los sindicatos independientes son hostigados, sus líderes detenidos —como el profesor Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Educación, arrestado en enero de 2024— y sus elecciones intervenidas por el Consejo Nacional Electoral. Un juez o magistrado formado en ese sistema, nombrado por ese sistema y dependiente de ese sistema para mantener su cargo, no puede ser el árbitro confiable que ninguna inversión seria puede aceptar.
El caso Bittar: un perfil que la comunidad inversora debe conocer
El caso del magistrado Elías Rubén Bittar Escalona ilustra con precisión el problema estructural. Bittar fue designado magistrado de la Sala de Casación Social del TSJ el 26 de abril de 2022, en la misma operación que instaló a Edgar Gavidia Rodríguez —excuñado de Cilia Flores— como presidente de esa sala. Su historial es relevante: fue imputado en 2002 por el Ministerio Público por presunta vinculación con el Decreto Carmona del 11 de abril de ese año; trabajó como asesor jurídico del canal RCTV durante los años en que ese medio fue perseguido y finalmente cerrado por el régimen; y según organizaciones de derechos humanos que han documentado su actuación judicial, está vinculado al caso CCPR 2085/2011 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el que se constatan violaciones al debido proceso y a las garantías de independencia judicial en Venezuela. La Sala de Casación Social que integra Bittar es, precisamente, la sala que resuelve los conflictos laborales y de seguridad social: es decir, las controversias que surgen de los contratos con trabajadores, tercerizados y proveedores de servicios que rodean a cualquier operación petrolera o minera de escala.
Peor aún: el exfiscal en el exilio Zair Mundaray reveló el 29 de abril que Bittar figura como candidato principal para presidir el TSJ en el marco del proceso de ampliación de 20 a 32 magistrados que la Asamblea Nacional —que usurpa funciones legislativas— está llevando a cabo esta semana. Si eso ocurre, un magistrado con ese perfil pasaría a presidir la institución que es el vértice del sistema de justicia venezolano, justo cuando las inversiones extranjeras en petróleo, gas, minería y electricidad están en plena expansión. Se está aplicando el aumento de magistrados a 32: siete en la Sala Constitucional, cinco en cada una de las restantes seis salas. Reducirlo a 20 en 2022 fue inconstitucional. Ampliarlo de nuevo a 32 ahora no es una reforma: es completar la captura política de todo el Poder Judicial bajo la nueva hegemonía.
El riesgo que nadie está nombrando en las salas de juntas
Las empresas que operan hoy en Venezuela enfrentan un riesgo jurídico que sus asesores legales conocen pero que raramente se menciona en los comunicados de prensa de las juntas directivas: cualquier controversia que surja de sus operaciones —un conflicto con un proveedor de transporte, un litigio laboral con trabajadores tercerizados, una disputa contractual con un socio local, una expropiación de facto de activos— va a resolverse en un tribunal donde la independencia judicial no está garantizada. Al inicio de la pre-transición se estableció que las diferencias en materia de inversión y comercio podrían ventilarse ante tribunales norteamericanos bajo legislación de Estados Unidos. Pero esa cobertura alcanza solo los contratos principales entre las grandes corporaciones y el Estado venezolano. No cubre la vastísima cadena de relaciones jurídicas secundarias: los contratos de alimentación, mantenimiento, seguridad privada, logística y servicios que rodean a cualquier operación extractiva de escala y que en Venezuela involucran a decenas de miles de trabajadores y cientos de empresas locales. Todas esas relaciones quedan expuestas al sistema de justicia venezolano tal como existe hoy.
Organizaciones especializadas en riesgo empresarial y diplomáticos con experiencia en Venezuela han alertado de manera creciente sobre este punto: la permanencia de figuras judiciales comprometidas con el régimen anterior —y señaladas en expedientes internacionales de derechos humanos— en posiciones clave del Poder Judicial representa una exposición de riesgo concreta para cualquier operación que dependa de la resolución judicial de conflictos. No se trata de una preocupación abstracta por los valores democráticos. Se trata de una variable de costo real: un laudo arbitral obtenido en Madrid o en Miami puede ser imposible de ejecutar sobre activos localizados en Venezuela si los tribunales venezolanos que deben reconocerlo están controlados políticamente. Venezuela salió del CIADI en 2012. El Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje de Madrid —que CONFEPUV representa en Venezuela— ofrece una alternativa para controversias internacionales entre Estados y empresas. Pero incluso ese mecanismo requiere, en última instancia, un sistema judicial local mínimamente funcional para la ejecución de sus laudos.
La propuesta: tribunales de transición como garantía paralela
El Programa de Organización Ciudadana, la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y e POC, l Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI, planteamos una propuesta que debe entrar en la agenda de la pre-transición con carácter urgente: la creación de tribunales de transición como mecanismo complementario al proceso electoral, que funcionen en paralelo con el sistema judicial existente y que sean competentes para resolver controversias en materia de inversión, contratos y derechos laborales bajo estándares internacionales, con participación de jueces seleccionados por su independencia verificable y con supervisión de organismos como la CIDH, el Alto Comisionado de la ONU y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, (UIBA). Estos tribunales no esperarían a que haya nuevas autoridades electas para comenzar a funcionar: operarían desde la pre-transición, ofreciendo a los inversores y a los trabajadores venezolanos una instancia confiable que el sistema actual no puede garantizar.
El POC y CONFEPUV participarán en las próximas semanas en audiencias ante organismos vinculados a la justicia de ámbito iberoamericano para presentar el estado del sistema judicial venezolano, documentar sus deficiencias y proponer la adopción de los tribunales de transición como mecanismo de garantía para la pre-transición. Lo que Venezuela necesita no es elegir entre inversión y justicia: necesita entender que sin justicia independiente, la inversión no es sostenible. Las empresas que hoy operan en el país, los países aliados que las respaldan y el gobierno venezolano que busca estabilización económica deben asumir que el camino de las inversiones, sin la reforma paralela del sistema de justicia, lleva a un callejón sin salida. Los contratos se firman en las salas de juntas. Los conflictos se resuelven en los tribunales. Y si los tribunales están capturados, los contratos valen lo que vale el papel en que están impresos.
Sin justicia independiente no hay inversión sostenible. Sin inversión sostenible no hay recuperación económica. Sin recuperación económica no hay transición real. El orden importa. Y en Venezuela, el sistema de justicia sigue siendo el eslabón más débil de toda la cadena.
Rafael Veloz García
Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas | Ex Presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) | Presidente Fundador de CONFEPUV | Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC). Diputado electo a la Asamblea Nacional 2015.
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