Las últimas semanas y días han revelado de forma definitiva la implosión de la llamada “revolución bolivariana”. El socialismo del siglo XXI ha mostrado, como nunca antes, su verdadero rostro de perversión, maldad, ruina, muerte y destrucción.
Los hechos ocurridos a partir del fraude electoral, de la detención de Maduro y de la ruptura del secretismo revolucionario han permitido corroborar lo que durante años muchos de nosotros —dirigentes políticos, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, activistas y ciudadanos— venimos denunciando.
La deportación exprés de uno de los grandes saqueadores de la República, elevado a la categoría de diplomático y ministro pese a ser extranjero, revela no solo la magnitud del robo perpetrado, sino también la catadura moral, jurídica y política de quienes usurpan el poder del Estado. ¿Quién habría imaginado hace apenas dos años que este personaje pasaría de ser el adulado ministro e “impoluto” funcionario, según los discursos de los hermanos Rodríguez y de Diosdado Cabello, a convertirse en un desechable político, con la ciudadanía revocada de hecho y sometido a una deportación sin fórmula de juicio?
Lo que deja atónitos a los venezolanos es escuchar a los integrantes de la cúpula usurpadora despachar ese acontecimiento con absoluta simpleza y desparpajo, como si antes no hubiesen dicho lo que dijeron en el marco de la multimillonaria campaña “Free Alex Saab”.
Más allá de la indubitable conducta delictiva del personaje de marras, el hecho revela la absoluta ausencia de respeto por las normas constitucionales y legales que regulan este tipo de procesos. Observamos una vía de hecho, ruda y arbitraria, que ha sido, por lo demás, la práctica habitual del chavomadurismo en el ejercicio del poder. Solo que ahora se la están aplicando a ellos mismos, sin que siquiera se les ruborice el rostro.
Este acontecimiento ha generado preocupación y desesperación entre muchos personajes dentro y fuera de la cúpula roja que actuaron como cómplices y beneficiarios del saqueo perpetrado. Por supuesto, el pánico comienza a recorrer todos los compartimentos del poder expoliador en los que Chávez y Maduro repartieron el control político y económico de la República.
Otra muestra de esa descomposición salta a primera vista con las primeras declaraciones ofrecidas en sede judicial por el exvicepresidente de la República y exministro Tareck El Aissami.
Solo este caso bastaría para que todos los personajes que encabezan los poderes del Estado fueran separados de sus cargos y sometidos a investigación judicial. No solo por el encubrimiento de ese otro saqueo, sino también por la omisión de las responsabilidades, competencias y obligaciones inherentes a sus respectivas magistraturas e investiduras.
Un robo de la magnitud del perpetrado por El Aissami y su banda obligaría, en cualquier país medianamente serio, a que el parlamento adelantara una investigación destinada a descubrir la verdad y establecer las responsabilidades políticas, para luego permitir que los órganos competentes determinen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Igualmente, debieron iniciarse desde el primer momento las investigaciones de la Contraloría General de la República, cuyos funcionarios, por supuesto, parecían no haberse dado por enterados. Y peor aún ha sido el comportamiento del sistema de justicia —fiscalía y tribunales— que ha ocultado todo para impedir que el país conozca la red de complicidades allí construida.
Ahora hemos conocido, por declaraciones del propio El Aissami ante un juez, que ha sido torturado para que no revele lo que sabe, razón por la cual ha pedido un juicio público donde pueda decir todo lo que tiene que decir y que desea sea conocido por el país. La situación ha llegado a tal extremo que él mismo alertó sobre el riesgo de morir en prisión por acción de sus propios camaradas.
Este patético caso confirma la magnitud de la trama criminal existente dentro del Estado socialista.
Pero, sin lugar a dudas, el hecho que más revela la dimensión moral del sistema ha sido el fallecimiento de doña Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien murió en prisión el 12 de julio de 2025, y cuya muerte fue ocultada por los jefes de la dictadura.
Fue tan gravosa, inhumana y cínica la conducta de los burócratas y esbirros del régimen, que fueron apagando en paralelo la vida de su madre. Doña Carmen Teresa no descansó un instante en su peregrinaje para ubicar a su hijo injustamente secuestrado. Una vez que constató, mediante la exhumación del cadáver, que su hijo había sido asesinado, le rindió sus honras fúnebres y luego partió de este mundo para acompañarlo en el reino de Dios.
La tragedia se hace aún más dolorosa cuando su hermana, Desire Quero, declara desde la funeraria donde velaban a su madre que Víctor Hugo fue secuestrado por un funcionario policial que le cobraba haberse enamorado de una mujer pretendida por ese mismo agente. Para justificar la prisión, le fabricaron un falso positivo y lo involucraron en uno de esos expedientes construidos por la cúpula roja para criminalizar a la oposición.
Este caso revela la podredumbre del sistema policial y judicial, así como la facilidad con la que la política represiva del régimen es utilizada para consumar venganzas personales, extorsionar ciudadanos y despojar a las víctimas de sus bienes.
Solo estos tres casos muestran la patética implosión de un sistema político: una camarilla depredadora y amoral que, en mala hora, se apoderó del Estado y lo convirtió en una agencia para el crimen, produciendo la quiebra de la República.
No tengo dudas de que la implosión de ese volcán, con la cantidad de “lodo, lava y piedra” que está expulsando, terminará arrastrando a toda la camarilla. Lo que debemos cuidar los venezolanos es que esa implosión no termine arrastrando también a la República misma.
Luchemos, pues, por impulsar el fin de la usurpación, promoviendo la entrada en vigor de la soberanía popular, para que podamos volver a ser la República de Venezuela: independiente, democrática, moderna, próspera, justa y equitativa
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