La sustracción del dictador Maduro el 3 de enero ha renovado el celo por examinar en detalle la situación en que se encuentra el país para así calibrar mejor los desafíos que nos aguardan para su recuperación. Las cifras referentes al colapso económico, las remuneraciones de hambre, la precariedad de los servicios y los índices de morbilidad y mortalidad que empiezan a conocerse, no hacen justicia, a pesar de lo desconsolador, del destrozo ocasionado. Incluso el retrato que, rigurosamente, ha dado a conocer las encuestas de condiciones de vida en Venezuela (ENCOVI), coordinadas por la UCAB, se queda corto. Porque, además de todos los daños tangibles y cuantificables que pueden identificarse, el fascismo madurista destruyó el tegumento de valores y expectativas que, de una forma u otra, inspiraban la seguridad y la confianza que podíamos sentir, como venezolanos, de vivir en una sociedad que valiera la pena, reconociéndonos en una serie de loables propósitos comunes. Un concepto parece venir muy a cuenta para describir esta situación, el de “daño antropológico”. El Dr. Google nos recuerda que trata de un padecimiento que “altera la identidad, la autoestima y los proyectos de vida, generando conformismo, miedo y desesperanza”.
Cabe resaltar que este daño tiene implicaciones en la forma en que puedan materializarse nuestras posibilidades de superación. En el fondo del asunto están las perversidades del rentismo, ya presentes en la deriva populista y clientelar de la democracia representativa, pero que dio un “salto cualitativo”, como gustaban decir los marxistas, bajo Chávez. Transformó el paternalismo estatal de antes en tutelaje vigilante y celoso de nuestras opciones y prerrogativas como venezolanos. Como “segundo libertador” invocó la gesta emancipadora para polarizar a la sociedad entre patriotas -él y quienes lo acompañaban– y enemigos –todo aquel que no compartiera sus prédicas–, y librar una guerra contra éstos, armado con los recursos que le deparaba el poder. Se erigió en ariete para la imposición de fines colectivos superiores con la violencia “persuasiva” de bandas fascistas, un poder judicial cómplice y una cúpula militar corrupta, que terminaron por acabar con nuestros derechos y potestades ciudadanas. En fin, quedamos subsumidos a lo que la “revolución” decidiera sobre nuestros intereses.
La noción de “pueblo” dejó de representar el conjunto heterogéneo de individuos diferentes en sus gustos, prerrogativas y aspiraciones particulares y amparados en derechos constitucionales, que comparten los rasgos generales de una visión de país, para convertirse en una turba homogénea de seres despojados de toda perspectiva ciudadana individual, conminados a proseguir el glorioso destino enarbolado por el visionario comandante en nombre de todos. Fascismo puro, pues, incitado por un lenguaje y una práctica de odios, degradante y destructiva, que pulverizó la inviolabilidad de los derechos humanos, la solidaridad entre quienes conforman una nación y el respeto por el otro, fundamentos de la convivencia pacífica en una democracia liberal. La condición de “pueblo” como actor político nos fue confiscada para depender exclusivamente de Chávez. “El pueblo soy yo”.
La confiscación de la voluntad popular por una camarilla que blindó su control del Estado cercenando toda expresión autónoma de intereses de los venezolanos y manejando a discreción los recursos del poder, sin rendir cuentas, poco se ha alterado desde la sustracción de Maduro. Caracteriza aún la gestión delegada a Delcy Rodríguez por el gobierno de EE. UU. Claro, sujeto ahora a condiciones bastante claras que pueden resumirse en la noción de “protectorado”. Le toca al Rodrigato administrar la factoría petrolera que representa Venezuela cuidando que no sea perturbada por eventos desestabilizadores de ningún tipo. El status quo, pues, sin activación alguna de un pueblo que pueda descarrilar el proceso al reclamar su protagonismo político como actor soberano.
¿Cómo afecta las posibilidades de recuperación económica del país? La arquitectura diseñada desde la Tesorería de EE. UU. supone que, con la seguridad que emana del protectorado, vendrán inversiones para un crecimiento sostenido de la producción petrolera, cuyos proventos de exportación controlará celosamente. Con la batería de permisos y acotaciones de la OFAC se garantizará que se cumplan los objetivos de la ocupación, entre los cuales estarían el resarcimiento de empresas gringas (y otras) expropiadas, la marginación de China y Rusia del negocio y el monitoreo del gasto de los recursos que le entregan a Venezuela (al interinato) para evitar corruptelas.
Este arreglo ha sido criticado desde distintas ópticas y no vamos a redundar en ellas. Basta señalar dos cosas: 1) brilla por su ausencia la rendición de cuentas sobre el destino de los ingresos petroleros en el país. ¿Seguirán sujetos a los canales y mecanismos redistributivos opacos característicos del fascismo madurista?; y 2) En absoluto se proveen mecanismos de consulta a la población sobre cómo, por quiénes y dónde debe priorizarse el uso de esos recursos y, mucho menos, ningún atisbo de su participación futura en la forma en que podrán contribuir con una Venezuela soberana y próspera. Los venezolanos somos espectadores pasivos, ignorantes de cómo “se bate el cobre” en las alturas, obligados a tener paciencia y confiar en la eventual materialización de los beneficios de tales arreglos.
En este mar de incertidumbre supongamos, de todas formas, que el mecanismo instrumentado es exitoso, tan así que permite proyectar un crecimiento sostenido de la economía venezolana de un 5% interanual. ¡Muy bueno! Permitiría alcanzar el nivel de actividad económica que tenía el país en 2013 para finales de los ‘40, es decir, dentro de 22 años o más, casi una generación. Y, de subsistir el petroEstado como ente que maneja de forma exclusiva los ingresos por exportación de crudo, nos exponemos a las iniquidades de su distribución discrecional perversa, como ocurrió en el pasado.
Porque el problema del que hacen caso omiso proyecciones como éstas referentes al petróleo como motor de crecimiento bajo amparo estadounidense, tomadas detrás de un escritorio, es el enorme potencial para la recuperación de Venezuela que representa la activación de sus recursos ociosos. Actualmente se produce apenas una tercera parte de hace 14 años. Si bien algunos de estos recursos se han destruido, es de prever que muchos responderán provechosamente si se logra restablecer un Estado de derecho que provee garantías procesales y a la propiedad, y se promueven condiciones de financiamiento, asistencia técnica, recuperación de servicios y otras formas de apoyo a la altura de las necesidades. No se trata de una especulación abstracta, sino de tejer de nuevo ese entramado de proveedores, complementariedades, canales financieros, de comercialización, servicios y formación de talento, con auxilio financiero y técnico internacional, para ensanchar las oportunidades de emprender un negocio, proyecto y/o emplearse en la provisión de las múltiples necesidades que presenta el país. El talento que representa la diáspora venezolana, millonaria en número pero también en capacidades, relaciones y experiencias, no puede despreciarse, así sea que muchos decidan no regresar al país.
Para grandes problemas, entonces, grandes soluciones. El venezolano se ha visto obligado a emprender –a resolver, aunque sea malamente– porque no tiene de otra. Démosle la oportunidad de hacerlo provechosamente, en el marco de un Estado garante de sus derechos y deberes. Es menester deslastrarnos del Estado paternalista tradicional como administrador de siempre del ingreso petrolero y liberar, como reza el recordado credo de Aquiles Nazoa, “los poderes creadores del pueblo”, en todos sus expresiones y capacidades. El salto de posibilidades a concretarse de poder aprovechar las oportunidades que trae el ejercicio pleno de la libertad y con apoyo internacional, desatará incrementos y sinergias productivas que acortarán, apreciablemente, el lapso en recuperar los niveles de vida de “mejores épocas”, sobre todo porque ocurriría con la participación activa de la gente. Después de tanto desastre, no nos merecemos menos. Obviamente, supone la restitución de la soberanía popular a través de elecciones creíbles y confiables que permitan la reforma profunda del Estado, el rescate de las instituciones democráticas y el aprovechamiento de la voluntad de cambio. ¡No pueden esperar!
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, h[email protected]
La noticia no descansa y nosotros tampoco