El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes; al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y a su abogado, Jacobo Teijelo; al empresario Javier Pérez Dolset; al guardia civil Juan Sánchez Yepes y al letrado Ismael Oliver en la investigación del “caso Leire”, la supuesta trama para desactivar investigaciones judiciales que afectan a la formación socialista o al Gobierno.
Por larazon.es
Pedraz -que ha mandado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a Ferraz y a la sede de la Guardia Civil a primera hora de la mañana, considera a la directiva socialista cómplice de los delitos investigados y además le imputa falsedad en documento mercantil, por avalar presuntamente las órdenes de pago a Leire Díez con facturas que los investigadores consideran falsas.
Los delitos que se atribuyen a los investigados son pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, inducción a falso testimonio, acusación falsa, prevaricación, falsedad en documento mercantil y un delito contra las instituciones del Estado. En particular, a Teijelo y Sánchez Yepes les imputa delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
Fuentes del tribunal precisan que la intervención policial no está vinculada con la presunta financiación irregular del PSOE -que investiga en otra pieza secreta el juez Ismael Moreno- y que se trata de un “requerimiento” de documentación “con advertencia de convertirse en registro” si no hay colaboración por parte de Ferraz.
La UCO, en la sede de la Guardia Civil
Los agentes de la UCO también han acudido a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno, en Madrid, a la consultora del exconsejero socialista de Andalucía Gaspar Zarrías -que fue condenado por el fraude millonario de los ERE, aunque su condena fue anulada por el Tribunal Constitucional- y afectan igualmente, según fuentes jurídicas, a la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, vinculado a uno de los investigados el empresario Antxon Alonso. Asimismo, los agentes también han entrado en el domicilio del empresario Javier Pérez Dolset.
Pedraz ha ordenado a la UCO requerir al PSOE diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, informan fuentes de la Audiencia Nacional.
El magistrado ve indicios de responsabilidad penal de la gerente del PSOE “al menos como cómplice”, en la comisión de los delitos investigados, y en todo caso como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de “facturas mendaces”.
Dos posibles cómplices
La investigación señala a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y a Juan Francisco Serrano, diputado socialista y secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, por su supuesta colaboración con los investigados “en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”, aunque a la espera del avance de la instrucción no concreta su posible responsabilidad penal.
Pedraz considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados en el día de hoy.
Una actuación que ha consistido en requerimientos a personas físicas y empresas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega “con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla” en las tres resoluciones notificadas a primera hora de esta mañana a los afectados.
Los agentes de la UCO ya entraron en Ferraz en busca de documentación el 20 de junio del pasado año tras la imputación de Santos Cerdán, pero en esa ocasión para requerir papeles sobre el supuesto amaño de adjudicaciones públicas que se atribuye al exdirigente socialista, que continúa investigado por el juez Ismael Moreno.
Un socio de Cerdán, investigado
Pedraz investiga a Fernández, Leire Díez y a Alonso por una presunta trama de amaño de contratos públicos por pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la supuesta adjudicación irregular de cinco contratos por valor de 132 millones de euros.
La pieza, que continúa secreta -previsiblemente hasta el próximo 8 de junio- indaga en diversas operaciones relacionadas con la SEPI, el Grupo Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial), Mercasa y Enusa. Y, también, en la financiación con 17,3 millones de euros de Arapellet S. L., propiedad al 100% de Forestalia, la empresa aragonesa de energías renovables que habría sido beneficiada por Eugenio Domínguez, el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera.
En la adjudicación de este proyecto por parte de la Sepides –que consistía en la ampliación de las instalaciones de la empresa y la puesta en funcionamiento de una nueva planta– la presunta comisión pactada fue de 200.000 euros, según la UCO.
La mayoría de investigados, pendientes de declarar
La Guardia Civil apunta a tres sociedades con vinculación «directa» con Forestalia, lo que determina que entre las personas en el foco de la investigación figuren también –apuntan las fuentes consultadas– tanto el dueño de la empresa de energías renovables, Fernando Samper, como los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, imputados ambos en el «caso Forestalia» como presuntos ejecutores de los pagos por los amaños.
Una vez se levante el secreto de sumario, la mayoría de los investigados deberán declarar en la Audiencia Nacional, pues hasta el momento solo lo han hecho el expresidente de la SEPI, Leire Díez y el empresario Antxon Alonso.
La Guardia Civil acude a la sede del Psoe para investigar presuntos pagos ilegales
