Distintos voceros oficiales insisten en la necesidad de impulsar la economía como factor fundamental para generar crecimiento, crear empleos, mejorar los salarios y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, surge una interrogante: ¿cómo alcanzar esos objetivos cuando buena parte del conglomerado empresarial nacional permanece en manos del Estado? Se estima que más del 70 % de las empresas y unidades de producción agrícolas, pecuarias, industriales, de almacenamiento y de pesca están bajo control público. Lo más preocupante son las condiciones de deterioro y la baja capacidad productiva que hoy presenta este conglomerado empresarial estatal.
Las expectativas de crecimiento económico continúan dependiendo casi exclusivamente de la producción petrolera y de los precios internacionales de los hidrocarburos. Así lo reflejan las cifras reales de los distintos sectores de la economía nacional, donde no se observan incrementos significativos en los niveles de producción.
La crisis del servicio eléctrico representa uno de los principales frenos para el aumento de la producción nacional. El país requiere más de 15.000 megavatios para atender la demanda, pero apenas supera los 12.000 megavatios de generación. A pesar de las inversiones multimillonarias realizadas en el sector —estimadas en más de 30 mil millones de dólares— no se ha logrado recuperar la capacidad instalada que existía cuando varias de estas empresas estaban bajo administración privada, período en el cual se superaban los 16.000 megavatios.
El llamado Socialismo del Siglo XXI terminó convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento económico de Venezuela. La política de expropiaciones y ocupaciones de miles de empresas, inmuebles, hatos, haciendas y fincas dejó como resultado un conglomerado empresarial público marcado por el deterioro y la improductividad, especialmente al compararlo con los niveles de producción que mantenían estas compañías bajo gestión privada.
Dos ejemplos emblemáticos son la Electricidad de Caracas, con la planta Tacoa en Catia La Mar, donde llegaron a generarse 4.500 megavatios para abastecer la demanda de la Gran Caracas; y SIDOR, que alcanzó una producción de cinco millones de toneladas de acero destinadas tanto al mercado nacional como a la exportación.
La misma situación puede observarse en numerosas empresas afectadas por las expropiaciones, proceso que contribuyó a la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo y a la emigración de mano de obra calificada, indispensable hoy para recuperar la capacidad productiva nacional.
Los elevados volúmenes de importación demuestran que la economía no petrolera continúa estancada, debido a la ausencia de políticas orientadas a reincorporar al sector privado las empresas industriales y agropecuarias expropiadas, muchas de las cuales actualmente no producen ni mantienen actividad significativa alguna. Aun así, sus pérdidas operativas siguen siendo financiadas con recursos públicos, contribuyendo al creciente déficit fiscal sostenido por el Banco Central y alimentando las presiones inflacionarias.
La Venezuela del futuro exige un cambio de modelo económico que permita sustituir el Socialismo del Siglo XXI por un sistema basado en un sólido conglomerado empresarial privado, capaz de elevar los niveles de producción y productividad necesarios para el crecimiento del país. Un modelo donde la riqueza generada se traduzca en bienestar y oportunidades para todos los ciudadanos.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
