De un artículo anterior quedó el compromiso de desmenuzar lo que significa la descomposición del poder nacional y la dirigencia política. Las nuevas posturas y acciones que conducirán a una nueva dinámica en Venezuela deben apuntar hacia tres objetivos claros: la reinstitucionalización, el adecentamiento de las relaciones económicas y el diseño de un Estado eficiente.
Hoy existe un error funcional. El rol que se necesita ejecutar no es el de la simple oposición, sino el de la asertividad y la utilidad en el manejo de la estructura del poder del Estado que viene. Siendo así, cabe preguntarse: ¿qué supuesto peso moral posee la vieja dirigencia nacional? La respuesta es clara: ninguno. Esto por dos razones: primero, porque no es posible aceptar un fracaso ya anticipado; segundo, porque parece que solo unos pocos “dirigentes” se creen dueños de la aprobación general, mostrando una descarada reincidencia en su ambición política fallida, cuando la ciudadanía ya los rechaza o cuando han demostrado ser tan nefastos como el propio régimen.
A veces cuesta creer que voceros de ciertas organizaciones políticas fracasadas pretendan entrar por la puerta grande para el manejo de las distintas dependencias y la toma de decisiones, por encima de cualquier otro venezolano verdaderamente calificado para asumir responsabilidades en la reconstrucción.
Aquí es donde se llega al núcleo del asunto más inquietante para el porvenir de Venezuela. El objetivo principal no es una elección presidencial convencional, ni designar una estructura “pulcra” del CNE. El objetivo real es confrontar directamente lo que queda del régimen para dirigir la conformación de un gobierno provisional de recuperación nacional. Plantear una nueva ruta electoral solicitando garantías previas a esa estructura representa un retroceso abismal, imperdonable y, sinceramente, reprochable.
Esta función no es delegable a intermediarios, y mucho menos a aquellos factores políticos desplazados que han pretendido capitalizar sobre la figura Edmundo González Urrutia, obviando que su rol fue el de una figura de consenso colocada allí para unificar el voto en la tarjeta electoral. Él cumplió un papel táctico, pero es María Corina Machado quien posee el mandato real y la legitimidad popular para tomar las riendas del proceso. Los grupos tradicionales que buscan representación carecen de vigencia; por lo tanto, las decisiones estratégicas ya no dependen de sus directrices ni de sus presiones.
Esta tarea debe ser asumida directamente por la figura nacional que encarna una firme propuesta y la alternativa de un cambio real de visión. Todo esto con el fin de atender situaciones críticas e inmediatas: el colapso de los servicios públicos, la asequibilidad de los alimentos y la estabilidad de la moneda. Solo entonces se podrá acudir a un proceso electoral con instituciones y estructuras sólidas.
Las condiciones no deben ser impuestas por la cúpula del poder y sus secuaces. Las condiciones las debe fijar una comisión para la reconstrucción del país que asuma la dirección de lo que queda del poder público, coordinando con los grupos de salida únicamente para no colapsar su retirada o evitar intromisiones. Ese es el punto de inflexión de la transición. La líder nacional debe sentarse frente a frente con la vocería del régimen y, bajo este esquema unificado, planificar y decidir estratégicamente cada paso, sin intermediarios de la vieja política y sin delegados que entorpezcan el camino.
Aquí ya no cabe la solicitud de garantías a nadie, porque la autoridad para la acción será progresivamente compartida en una comisión que desemboque en ese gobierno provisional de recuperación nacional.
Por: ABRAHAM SEQUEDA @abrahamsequeda
