No podemos desconocer la realidad sobre un tema que cada día se presenta con mayor intensidad, tanto en las redes sociales como en conversaciones laborales, familiares y de amistades. En artículo reciente afirmé que, en encuestas empíricas por las RRSS, poco más del 85% de la población se pronuncia a favor de la integración de Venezuela como Estado de la Unión Americana. A la fecha ese porcentaje se está acercando hasta un 90%.
Lo más significativo es que esa manifestación pública de adhesión como Estado 51 de la Unión Americana no es algo ‘trucado’ ni tampoco promovido desde alguna oficina de trampas de organizaciones político-partidistas. Es la manifestación espontánea de una ‘mayoría’ de la población, venezolanos que aun vivimos dentro del territorio y que observamos, con profunda tristeza e indignación, cómo se termina de derrumbar el Estado venezolano, sus instituciones y el futuro de nuestras familias sin que nadie, absolutamente nadie haga nada práctico para detener semejante hecatombe.
Lo curioso de esta tragedia es que ya ha tenido su antecedente histórico. Lo encontramos en el siglo XIX con las guerras civiles y de secesión que generaron muerte, destrucción y exilio de miles de venezolanos y llevaron a la anexión de Venezuela como parte de la Gran Colombia: Venezuela pasó de ser un país independiente y soberano a transformarse en un ‘Departamento’, con un gobierno centralizado en Santa Fe de Bogotá, de 1819 a 1831. El resto de las décadas del siglo XIX transcurrieron entre grandes guerras, revoluciones, montoneras y alzamientos militares. Todo ello representó la devastación social y económica, y con la desaparición de las tres cuartas partes de su población: muerte, éxodo y desolación, y con la pérdida de gran parte de su territorio entre ello, la Guayana Esequiba. La entrada al siglo XX no fue tampoco color de rosa: la Revolución Liberal Restauradora, en 1899, con los andinos al poder (Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez) significó al menos la estabilización económico-financiera del país, pero a costa de la muerte de miles de opositores que fueron reducidos, bajo tortura cruel, en las mazmorras de La Rotunda, el castillo de Puerto Cabello y el fortín de San Carlos. A la muerte del Benemérito el país y su sociedad se acostumbraron a la vida silenciosa y con el miedo colectivo se enfiló a la libertad que le ofrecieron los nuevos administradores, que se malacostumbraron a las ganancias de una economía petrolera que hundió progresivamente al país en la renta petrolera y un estilo de vida dependiente y despilfarrador del erario público.
Décadas han pasado con una cultura de economía monoproductora (bananera), rentista y dependiente y con unos gobernantes que heredaron del caudillismo militarista el personalismo, la arrogancia y el desprecio al ciudadano. La ‘tarea’ cultural para entendernos como sociedad y asimilar y superar los traumas pasados todavía salpican nuestro presente y nos impiden comprender la tremenda realidad donde ahora nos encontramos: al borde de desaparecer como Estado, como país y como república.
La única acción real, verdadera y certera, en los últimos 27 años, para salvarnos de esta anarquía social es la operación que realizó el ejército norteamericano bajo las órdenes del presidente, Trump. A partir de ahí las actuaciones de los políticos, tanto oficialistas como opositores, han sido bajo las directrices del gobierno estadounidense: estabilización, recuperación y transición. Por esta razón, lo que observa el venezolano promedio que sobrevive en el territorio venezolano, es que solo con el uso de la fuerza militar se ha podido poner orden en la malograda institucionalidad que todavía opera en Venezuela.
Si al comienzo se pensaba que este deseo de anexión como Estado de la Unión Americana era por desesperación, hoy se percibe como una consecuencia lógica por el grado de desorden, corrupción institucional, maltrato y desprecio al ciudadano por quienes se lucran del poder. Unos, los así denominados social-comunistas que en poco más de un cuarto de siglo llevaron al país a su evidente desintegración, otros; llamados opositores que no terminan de definir su unidad y su continua actuación pública evidencia contradicciones y desaciertos que lucen como ‘más de lo mismo del viejo puntofijismo’, mientras se empeñan en reclamar elecciones ¡Ya!, como un acto de malabarismo político y juego mágico que, ‘a lo mejor’ nos salvaría del evidente desastre institucional.
La población venezolana que ahora está viendo en el poder militar norteamericano su única y última oportunidad para salvarse y sobreponerse de la hecatombe de la Emergencia Humanitaria Compleja, lee, reflexiona, conversa y se expresa cotidianamente. Progresivamente se está dando cuenta que el denominado Estado 51 no es un invento publicitario. Ya ha sido anunciado por el mismo presidente norteamericano en varias oportunidades y colocado como imagen en su portal oficial digital.
Varios especialistas ya expresan sus pro y contras (la gran mayoría positivas) sobre la viabilidad política y jurídica del tema. Existen precedentes históricos (Texas, Hawai y Alaska). En la actualidad poblaciones de algunos países (Alberta, Manitoba y Saskatchewan, en Canadá, y en Puerto Rico y Guam) se han expresado a favor de integrarse a la Unión Americana.
Desde la visión jurídica, política y militar es factible tal posibilidad. Además, la visión geoestratégica del Estado norteamericano de largo plazo tiene al territorio venezolano como parte esencial del llamado Nuevo Orden Mundial y centro de ‘abastecimiento de materias primas’. Un acto de semejante magnitud obligaría a la población venezolana a decidir su destino que afectaría la vida de generaciones y cambiaría para siempre la conformación misma del Estado venezolano, como país y república.
Esta decisión extrema puede atenuarse manejando las actuales circunstancias políticas hacia una tutela (que de hecho existe desde el 3 de enero) que normalice el territorio (fase de estabilización) tal como está ocurriendo. Junto a ello, se extendería dicho tutelaje a una intervención directa en territorio venezolano de las fuerzas militares y sus asesores (establecimiento de bases militares en zonas de alto riesgo, control policial, control financiero). Este ‘acompañamiento’ se ampliaría a las áreas críticas y estratégicas, tanto en lo político, económico, jurídico y militar. Sería una intervención sobre el territorio y sus nuevas instituciones parecido a lo ocurrido con Japón o Corea del Sur, que duró poco más de 8 años. En ambas naciones la prosperidad y seguridad en la población se evidenció en menos de una década. Como se sabe, los EE UU., posee territorios de ultramar, como Puerto Rico o Guam, donde su población disfruta de altos estándares socioeconómicos y con la seguridad y el orden del Estado norteamericano. Esto es, a fin de cuentas, lo que toda familia decente busca: orden y seguridad, estabilidad socioeconómica, sanitaria y jurídica, libertad de pensamiento y de expresión, trabajo y educación para desarrollar a plenitud sus potencialidades. Y esto, hoy, no lo ofrecen ni garantizan quienes se lucran del poder en Venezuela, ni tampoco los políticos que se le oponen porque solo ofrecen ‘buenos deseos’ con liderazgos moralmente cuestionados o incapaces de tomar decisiones a la altura de las dramáticas circunstancias que exige la actual realidad.
Finalmente, con una fuerza armada bolivariana incapaz de manifestarse públicamente desde el 3 de enero, su silencio es muestra notoria de aprobación de la intervención del Estado norteamericano, el Pentágono, el gobierno y las fuerzas militares norteamericanas y agentes de inteligencia en territorio nacional, para solucionar la catástrofe institucional del Estado fallido venezolano.
La permanencia del Estado norteamericano en control del territorio venezolano para su reinstitucionalización (sea como tutela, territorio ocupado, protectorado, estado libre asociado o como estado de la Unión) no será por unos meses; será por años, ¡muchos años!
(*) [email protected] X @camilodeasis IG @camilodeasis1
