No avanzar a pesar de las expectativas suele deberse a un desfase entre lo imaginado y la realidad, o a una parálisis estratégica.
Venezuela se ha convertido en uno de los países donde más expectativas se han generado en torno al desarrollo económico, sustentadas en los constantes anuncios de importantes inversiones destinadas a incrementar la producción de gas, petróleo, oro y otros recursos naturales que abundan en nuestro territorio. A ello se suma una ubicación geográfica privilegiada que facilita la conexión con los principales centros de consumo mundial de los bienes que podemos producir gracias a nuestras abundantes riquezas naturales.
Sin embargo, a nuestro entender, los efectos de esas expectativas aún no se reflejan en los distintos sectores de la economía, donde se esperaba un impacto significativo. Tampoco se observan resultados concretos en el ámbito social, traducidos en más empleos, mejores salarios y mayores niveles de bienestar para la población.
Los resultados observados durante el año 2026 así lo indican. Los niveles de consumo continúan afectados por la elevada inflación, que sigue siendo la principal limitante para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Diversos análisis realizados por organizaciones sociales coinciden en señalar que el deterioro del poder adquisitivo continúa afectando a la mayoría de la población.
En este contexto, las modificaciones introducidas en las leyes petroleras y mineras han generado expectativas positivas tanto en esos sectores como en las regiones donde se desarrollan estas actividades. No obstante, dichos cambios, por sí solos, no han logrado impulsar el repunte económico esperado.
Las razones de esta situación, a nuestro juicio, se encuentran en la permanencia del modelo estatista de la economía asociado al llamado “Socialismo del Siglo XXI”. Ninguna de las empresas estatales ha realizado transformaciones sustanciales en su operatividad. Por el contrario, continúan funcionando bajo los mismos esquemas administrativos, manteniendo pérdidas crecientes que deben ser cubiertas con recursos públicos. Estas pérdidas, según nuestras estimaciones, han aumentado hasta un 40 % en comparación con el año anterior, con efectos directos sobre el déficit fiscal y la necesidad de asistencia financiera por parte del Banco Central.
Asimismo, persiste la situación de numerosas empresas y fincas ocupadas que aún no han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Se mantiene la política de ocupación de tierras impulsada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y continúan registrándose invasiones promovidas o toleradas por los organismos públicos. De igual manera, se observan actuaciones de funcionarios que afectan derechos fundamentales de los ciudadanos.
Todo ello indica que quienes ejercen el poder no demuestran la necesaria voluntad para impulsar las soluciones estructurales que demanda la inmensa mayoría de los venezolanos.
En estos momentos decisivos para la vida política, económica y social del país, la nación venezolana mantiene la esperanza de que puedan alcanzarse las decisiones necesarias para tener una democracia plena, donde los derechos ciudadanos sean respetados y el voto se convierta en la auténtica expresión soberana de la voluntad ciudadana.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
