La magistrada federal Analisa Nadine Torres, con experiencia en tribunales penales y civiles de Nueva York, asumirá el expediente por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores tras la muerte del juez Alvin K. Hellerstein, en una nueva etapa para uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política para Venezuela en Estados Unidos.
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Torres forma parte del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York desde abril de 2013, cuando fue confirmada por el Senado estadounidense tras ser nominada por el entonces presidente Barack Obama. Desde esa corte ha intervenido en casos que abarcan desde la regulación de las criptomonedas hasta disputas sobre derechos electorales y supervisión de reformas policiales.
Nacida en Nueva York en 1959, estudió en Harvard College, donde obtuvo su título universitario en 1981, y posteriormente se graduó en Derecho en la Universidad de Columbia, en 1984. Antes de llegar al tribunal federal, trabajó en bufetes privados, fue asesora jurídica y ocupó distintos cargos judiciales en la ciudad y el estado de Nueva York.
Su trayectoria en la judicatura comenzó en el Tribunal Penal de la ciudad de Nueva York, donde ejerció entre 2000 y 2002. Después pasó al Tribunal Civil y, más tarde, al Tribunal Supremo del estado, en el que atendió asuntos penales en el Bronx hasta su incorporación al sistema federal.
Uno de los casos que más proyección pública le dio fue la disputa entre la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) y la empresa Ripple Labs, relacionada con la venta de la criptomoneda XRP. En julio de 2023, Torres determinó que ciertas ventas de XRP a través de plataformas públicas no constituían ofertas de valores bajo las circunstancias examinadas, mientras que las ventas directas a inversores institucionales sí estaban sujetas a la legislación de valores.
La decisión fue relevante para el sector de los activos digitales porque distinguió entre modalidades de venta de un mismo token. En agosto de 2024, la jueza impuso a Ripple una sanción de 125 millones de dólares y una orden judicial relacionada con las ventas institucionales, en una causa que posteriormente continuó con recursos y actuaciones adicionales.
Otro asunto destacado fue Yang v. Kellner, en 2020, relacionado con las primarias presidenciales demócratas en Nueva York. Torres ordenó restablecer la votación después de que las autoridades electorales cancelaran la contienda, una decisión que respondió a una demanda presentada, entre otros, por el entonces aspirante presidencial Andrew Yang. El fallo sostuvo que la cancelación afectaba los derechos de los candidatos y de los votantes.
También ha participado en la supervisión judicial de las reformas ordenadas al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por sus prácticas de detención y registro, conocidas como stop-and-frisk. El caso original de 2013 fue decidido por otra jueza, Shira Scheindlin, pero Torres ha supervisado actuaciones posteriores vinculadas con el cumplimiento de las reformas y la rendición de cuentas policial.
En septiembre de 2024, Torres impulsó la revisión del sistema disciplinario de la policía neoyorquina dentro de ese proceso de supervisión. El informe resultante examinó cómo se investigan y sancionan las conductas indebidas durante las detenciones, registros y requisas, y formuló recomendaciones para mejorar los mecanismos de responsabilidad institucional.
Ahora, su nombre queda asociado a una causa de repercusión internacional: el proceso penal contra Maduro. La reasignación del expediente no anticipa el resultado del juicio ni supone que la magistrada comparta las posiciones de alguna de las partes; su función será administrar el procedimiento y resolver los asuntos jurídicos que lleguen ante el tribunal.
