La abogada Raquel Sánchez, representante de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, denunció este miércoles 28 de octubre que dentro de esa instancia se pretende dar curso a las carpetas de aspirantes a magistrados que se inscribieron en el proceso de mayo, el que quedó sin efecto antes de la reforma de la ley. Lo dijo el mismo día en que apenas se abrió la recepción de postulaciones para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por lapatilla.com
Sánchez, coordinadora del Foro Penal en Táchira, es una de los 12 representantes de la sociedad civil que la Asamblea Nacional chavista designó el 22 de octubre. En una entrevista con Venevisión contó que desde la primera sesión a los miembros “se nos habló de que existían unas carpetas”, postulaciones que a su juicio “provienen de otro proceso que fue anulado y que fue anterior a la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”. El punto se votó en la mesa y ella salvó su voto, igual que otros dos integrantes del comité.
“Estamos en un proceso nuevo, debe haber una nueva convocatoria y a partir de allí es que deben haber las nuevas postulaciones”, insistió la abogada. Cuando el comité discutió el tema, recordó, “la convocatoria ni siquiera había salido”. La Asamblea Nacional la publicó este martes y fijó la recepción de expedientes entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre.
El proceso de mayo es el que el chavismo puso en marcha después de modificar la ley para llevar de 20 a 32 el número de magistrados. Quedó frenado con el acuerdo del 12 de agosto en la mesa de negociación impulsada por Estados Unidos, que obligó a empezar de cero con una nueva reforma de la ley y un comité ampliado a 23 miembros, 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. Darles curso a aquellas carpetas supone meter en la nueva selección expedientes presentados con las reglas anteriores y ante el comité anterior de 21 integrantes.
La segunda denuncia tiene que ver con quién revisa qué. Según Sánchez, “pareciera que hay la intención de limitar el acceso a todos los miembros del comité” a la totalidad de las carpetas, que “por razones de tiempo, supuestamente”, serían repartidas entre ellos. Ella y otros integrantes exigieron revisarlas todas, “porque precisamente esa es nuestra función allí”. Con un reparto por lotes, ningún representante de la sociedad civil podría verificar por sí mismo que cada aspirante cumple los requisitos de ley, como tener solo la nacionalidad venezolana o no tener militancia partidista.
Tampoco prosperó la propuesta de sistematizar el proceso. Varios miembros pidieron que los aspirantes consignaran sus anexos en PDF, por correo electrónico, y que se creara un banco de datos al que todo el comité tuviera acceso. “Eso se nos negó”, dijo Sánchez, y el único argumento fue la protección de datos personales. Su respuesta en la mesa fue que “no estamos eligiendo directivos de una empresa privada, estamos eligiendo servidores públicos y el pueblo necesita hacer la contraloría de esos servidores públicos”.
Las tres disidencias contrastan con lo que dijo el presidente del comité, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, durante la instalación del 23 de octubre, cuando aseguró que “todo lo que elaboramos lo decidimos de manera unánime“. Sánchez cerró la entrevista con una advertencia sobre la reforma aprobada el 1 de septiembre: “Hay algunas personas que quieren vulnerar ya la ley de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia cuando no tenemos ni dos meses de haberla aprobado”.
La abogada también pidió que no lleguen al máximo tribunal los jueces de terrorismo ni funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos en informes de organizaciones defensoras. Según el cronograma del comité, los baremos se aprueban el 5 y 6 de noviembre, la lista inicial de postulados se publica el 12 de noviembre y desde ese día hasta el 26 los ciudadanos pueden presentar impugnaciones, antes de que los 32 magistrados sean presentados a la plenaria de la Asamblea Nacional el 11 de diciembre.
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