
La herencia que en materia fiscal recibió el Gobierno de Abelardo De La Espriella es crítica y tiene en jaque las cuentas de la nación. Durante la administración de Gustavo Petro, el nivel de gasto se disparó y la deuda llegó a niveles históricamente altos (1.085 billones de pesos), con un costo de financiamiento que viene creciendo. Hoy, de cada tres pesos que se recaudan, uno se destina al pago de intereses. El crecimiento económico es deficiente, la confianza inversionista está averiada y no hay seguridad jurídica. Asimismo, el sistema de salud está en alerta y los retos sociales son inmensos, más aún después del terremoto que sacudió una amplia zona del país el pasado 10 de agosto y cuya atención requiere una inyección decidida de 58,29 billones de pesos. Para 2026, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima un déficit total de 7,8 por ciento del PIB.
Por SEMANA
En el Gobierno Petro, la plata de los colombianos se diluyó entre el derroche y la corrupción. La crisis reclama una solución urgente y la palabra ahora la tiene el Congreso.
Para enfrentar esta situación y empezar a poner la casa en orden, el actual Gobierno presentó el proyecto de ley de rescate económico, que tiene tres objetivos: salvar la economía de una hecatombe fiscal, aumentar el ingreso de 35 millones de colombianos y promover la inversión y el empleo. El recorte en el gasto del Estado no tendría precedentes.
“La administración anterior dejó activada una bomba de tiempo que, si no suprimimos, tendría consecuencias devastadoras para todos los colombianos, especialmente para la población más vulnerable”, dijo el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos.
Pero el vicepresidente José Manuel Restrepo fue más allá. “Nunca antes en la historia de este país un Gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento”. Y agregó en la presentación del proyecto de ley: “Nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”.
El proyecto plantea seis frentes de acción. El primero, que concentra dos terceras partes del ajuste fiscal, busca reducir el gasto estatal mediante recortes en funcionamiento, contratación, personal y subsidios mal focalizados, además de fortalecer la financiación de la salud y vender activos públicos.
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