Diosdado Cabello aseguró este lunes 2 de noviembre que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los organismos de seguridad venezolanos permanecen desplegados en la frontera con Colombia, después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara militarizar Cúcuta para enfrentar una escalada de violencia que incluye atentados con explosivos y asesinatos en esa ciudad fronteriza.
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El vocero chavista explicó que adoptaron medidas preventivas ante el deterioro de la seguridad en el vecino país, especialmente en las zonas cercanas a los principales pasos fronterizos. «Nosotros, ante la eventualidad de estas situaciones, estamos obligados a tomar previsiones siempre para prevenir que nuestra gente que vive en Venezuela se sienta afectada», afirmó Cabello durante sus declaraciones de este lunes.
Cabello no precisó cuántos efectivos participan en el operativo ni detalló las localidades donde fueron desplegados. Tampoco informó si las medidas contemplan controles adicionales en los pasos internacionales que conectan al estado Táchira con Norte de Santander.
Del mismo modo sostuvo que Venezuela busca mantenerse al margen de los enfrentamientos registrados en Colombia, una posición que atribuyó a las instrucciones impartidas por Delcy Rodríguez ante las recientes operaciones de seguridad en el territorio fronterizo.
«Lamentamos, desde aquí, cualquier conflicto que haya a nivel de otros países; lo lamentamos, llámese como se llame ese país vecino, sea o no sea vecino, lo lamentamos profundamente», expresó el dirigente chavista, quien también reiteró su rechazo a una eventual intervención venezolana en asuntos internos colombianos.
Para reforzar ese planteamiento, Cabello citó la posición de Rodríguez frente al conflicto. «No queremos conflictos internos en Venezuela y, mucho menos, que no sean nuestros», manifestó, mientras insistía en la necesidad de adoptar previsiones para proteger a los habitantes de las comunidades fronterizas.
Las declaraciones se producen cuatro días después de que De la Espriella anunciara, el 29 de octubre, la militarización inmediata y temporal de Cúcuta, capital de Norte de Santander, tras una sucesión de hechos violentos que llevaron a las autoridades colombianas a reforzar la presencia del Ejército y la Policía Nacional.
La decisión respondió, entre otros acontecimientos, al asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y aspirante a la Alcaldía, ocurrido el 26 de octubre. Un día después, un artefacto explosivo detonó en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cerca de uno de los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela, dejando varios heridos.
Al anunciar las medidas, De la Espriella aseguró que su administración utilizará las capacidades militares y policiales disponibles para recuperar el control de la ciudad. «No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando a las familias», declaró el mandatario colombiano.
La situación reviste especial importancia para Venezuela por la cercanía de Cúcuta con San Antonio del Táchira y Ureña, localidades que mantienen una estrecha relación comercial y de movilidad con el territorio colombiano. En esa región operan estructuras armadas vinculadas al ELN y otras organizaciones criminales que las autoridades colombianas han identificado como amenazas para la seguridad.
A este escenario se suma un episodio registrado del lado venezolano de la frontera. La ONG Fundaredes denunció que el viernes 30 de octubre militares venezolanos bombardearon un presunto campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo del estado Apure.
La organización reportó inicialmente nueve fallecidos, pero posteriormente elevó a 19 el número de posibles víctimas mortales.
