La posibilidad de que Estados Unidos mantenga una presencia militar prolongada en Venezuela podría cambiar las reglas de la transición democrática que Washington comenzó a impulsar tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, al introducir un nuevo factor de poder capaz de influir en la estabilidad del país, las decisiones de la administración chavista y el calendario para celebrar elecciones libres.
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Según reveló The New York Times, la administración de Donald Trump negocia con Caracas un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que establecería las condiciones jurídicas para eventuales operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano. Aunque todavía no se han definido públicamente el número de efectivos, sus funciones ni el tiempo de permanencia, la iniciativa abre una posibilidad que hasta hace poco parecía impensable: que Washington mantenga una presencia militar estable en el país gobernado por los herederos políticos de Hugo Chávez.
El movimiento adquiere especial importancia dentro del plan de tres fases anunciado por Marco Rubio el 7 de enero, basado en la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática. En aquella oportunidad, el secretario de Estado explicó que Washington buscaba impedir un escenario de caos antes de avanzar hacia la reconstrucción institucional. «Al final, corresponderá al pueblo venezolano transformar su país», aseguró. Sin embargo, una permanencia militar de largo plazo introduciría una pregunta inevitable: ¿cuánto margen de decisión tendría ese mismo pueblo si las garantías de seguridad dependieran de una potencia extranjera?
Durante la primera fase, la estabilización, la presencia de tropas podría funcionar como un mecanismo de disuasión frente a sectores armados que intenten sabotear los acuerdos alcanzados después de la caída de Maduro. También permitiría reforzar la cooperación con los organismos de seguridad venezolanos. No obstante, esa protección tendría una contrapartida: convertiría a Washington en un actor con capacidad de presión directa sobre quienes todavía controlan buena parte del aparato estatal, incluidas las estructuras militares y de inteligencia heredadas del chavismo.
En la segunda fase, dedicada a la recuperación económica y la reconciliación, un eventual despliegue podría ofrecer garantías adicionales para determinadas operaciones logísticas y proyectos estratégicos. La influencia estadounidense ya se extiende al sector petrolero mediante acuerdos negociados con el régimen de Delcy Rodríguez. Si a ese peso económico se sumara una relación militar permanente, Washington dispondría de herramientas adicionales para condicionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Caracas.
Pero sería en la tercera fase, la transición democrática, donde el acuerdo adquiriría su mayor dimensión política. Una presencia militar estadounidense podría contribuir a garantizar condiciones de seguridad para elecciones y reformas institucionales, pero también generar cuestionamientos sobre la autonomía de ese proceso. La diferencia entre actuar como garante de estabilidad y convertirse en árbitro del futuro venezolano dependería de quién establezca las reglas, supervise su cumplimiento y, sobre todo, decida cuándo termina la misión.
La incógnita cobra mayor relevancia porque Delcy continúa al frente del régimen chavista, mientras Washington presiona para avanzar hacia elecciones competitivas. Este lunes, Rubio se reunió con el nuevo canciller venezolano Oliver Blanco para discutir las reformas necesarias antes de una eventual convocatoria electoral. El desafío consiste en impedir que la estabilidad termine convirtiéndose en una excusa para prolongar indefinidamente el poder de quienes deberían facilitar la transición.
La situación también desnuda una contradicción difícil de explicar para el chavismo, que durante décadas convirtió el rechazo a la presencia militar estadounidense en una bandera de soberanía. En noviembre de 2009, cuando cuestionaba un acuerdo entre Washington y Bogotá, Hugo Chávez exigió que Estados Unidos «retire las bases Yankee de Colombia y libere a ese pueblo hermano». Ahora, sus sucesores podrían terminar negociando las condiciones de una presencia estadounidense en Venezuela. Del «fuera yanquis» a discutir cuánto tiempo podrían quedarse, sin duda, un giro político que habría resultado difícil de imaginar antes del 3 de enero.
Sin embargo, el asunto no se limita a la retórica. El artículo 13 de la Constitución venezolana prohíbe establecer bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares de otras potencias, mientras que el artículo 187, numeral 11, faculta a la Asamblea Nacional para autorizar misiones militares extranjeras. Por tanto, una misión de cooperación no equivale necesariamente a una base permanente, y un SOFA tampoco constituye por sí solo una autorización para instalarla. Las condiciones concretas del eventual acuerdo serían determinantes para evaluar su compatibilidad con la CRBV y el alcance de la soberanía venezolana.
Por ahora, la cooperación militar ya cuenta con un antecedente. Más de 900 efectivos estadounidenses fueron desplegados en Venezuela para atender la emergencia provocada por los terremotos de junio, una operación que el Comando Sur describió entonces como temporal. La diferencia es que las nuevas negociaciones contemplan un marco para una relación potencialmente más duradera. Si ese escenario se concreta, la verdadera prueba no será cuánto tiempo permanezcan los militares estadounidenses, sino si su presencia contribuye a devolver el poder a instituciones democráticas.
