El venezolano Jorge Figueira, de 60 años, fue condenado este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, incluidas operaciones relacionadas con organizaciones de narcotráfico, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
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Figueira, quien residía en Miami, Florida, también aceptó una sentencia monetaria de 1.000 millones de dólares. Según las autoridades federales, el venezolano participó en una estructura financiera que permitió movilizar miles de millones de dólares para distintos actores vinculados con actividades criminales.
De acuerdo con los documentos judiciales, la red utilizaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas fantasma para introducir y sacar grandes cantidades de dinero ilícito de territorio estadounidense. El objetivo era dificultar que los organismos de seguridad identificaran la procedencia de los recursos.
El mecanismo consistía en convertir el dinero en criptomonedas y transferirlo sucesivamente entre billeteras digitales. Posteriormente, Figueira enviaba los activos a proveedores de liquidez que los cambiaban por dólares, antes de depositar los fondos en sus cuentas bancarias y transferirlos a los destinatarios finales.
Las investigaciones determinaron que más de 1.000 millones de dólares circularon por las billeteras de criptomonedas y cuentas financieras identificadas. La mayor parte de los ingresos recibidos en las cuentas de Figueira procedía de plataformas de negociación de activos digitales, mientras que los egresos se dirigían principalmente a empresas y particulares.
Entre los destinos de las transferencias figuraban Colombia, China, Panamá y México, países identificados en el expediente como jurisdicciones de alto riesgo. También se realizaron movimientos hacia destinatarios dentro de Estados Unidos, mediante operaciones diseñadas para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos ante las autoridades.
La sentencia fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr., del Distrito Este de Virginia. El anuncio estuvo a cargo de Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta de esa jurisdicción, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington.
Por su parte, los fiscales federales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodriguez estuvieron a cargo de la acusación.
