El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recibió información sobre el fallecimiento de Elvis José Márquez Peña, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como «La Mínima», ubicado en Tocuyito, estado Carabobo, y murió el pasado sábado 24 de octubre en el Hospital Dr. Enrique Tejera.
De acuerdo con el reporte recibido, la causa del fallecimiento fue un shock séptico de origen urinario, asociado a una infección del tracto urinario cuyo agente causante estaba pendiente de identificar.
La muerte de Márquez Peña plantea serios interrogantes sobre su estado de salud previo, cuándo comenzó a presentar síntomas, qué atención médica recibió y en qué circunstancias fue trasladado al hospital.
Una infección urinaria puede desencadenar complicaciones potencialmente mortales si no se diagnostica y trata oportunamente, por lo que resulta indispensable esclarecer si el detenido recibió la atención médica necesaria para evitar el deterioro de su salud.
Desde abril de 2026, el OVP ha documentado más de 70 muertes de personas privadas de libertad, en un contexto de graves deficiencias en la atención médica penitenciaria. Detrás de estas cifras hay personas que dependían de las autoridades para acceder a diagnósticos, tratamientos y traslados hospitalarios que podían resultar determinantes para su supervivencia.
En este punto es importante recordar que las personas privadas de libertad dependen de las autoridades penitenciarias para acceder a consultas, medicamentos y traslados hospitalarios, por lo que garantizar su derecho a la salud y a la vida es una obligación del Estado.
Ante este fallecimiento, Humberto Prado, director del OVP, exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para determinar cuándo comenzó la infección, qué atención recibió Márquez Peña, si se le suministraron los medicamentos necesarios y si existieron retrasos en su diagnóstico o traslado hospitalario.
Reclamó además que se identifique a los funcionarios responsables de su atención y custodia, se investiguen las posibles omisiones y se establezcan las responsabilidades penales, administrativas o civiles que correspondan.
Asimismo, Prado exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario una evaluación médica urgente de todas las personas privadas de libertad que presenten síntomas de infección o padezcan enfermedades graves, así como el suministro de tratamientos, la atención especializada y los traslados hospitalarios necesarios, sin demoras que puedan poner en riesgo sus vidas.
Prado también instó al Ministerio Público (MP) a investigar las muertes bajo custodia del Estado asociadas a posibles fallas en la atención sanitaria, esclarecer las circunstancias de cada caso y garantizar que las violaciones al derecho a la salud y a la vida no queden impunes.
Para finalizar, el director del OVP sentenció que, frente a estas muertes, la falta de respuesta de las autoridades no puede convertirse en una excusa para la impunidad.
Por ello, continuaremos documentando cada caso y exigiendo que el MP, las autoridades penitenciarias y los demás organismos competentes investiguen, rindan cuentas y cumplan con las responsabilidades para las que fueron designados y por las que reciben una remuneración del Estado.
“Que nuestras denuncias no obtengan respuesta no significa que dejaremos de insistir, porque el silencio de los funcionarios no los exime de su obligación de proteger la vida y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, concluyó.
? #OVPDenuncia Murió un preso por una infección urinaria que derivó en shock séptico
El @oveprisiones recibió información sobre el fallecimiento de Elvis José Márquez Peña, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como «La Mínima», ubicado en Tocuyito #Carabobo, y murió el pasado #24Oct en el Hospital Dr. Enrique Tejera.
De acuerdo con el reporte recibido, la causa del fallecimiento fue un shock séptico de origen urinario, asociado a una infección del tracto urinario cuyo agente causante estaba pendiente de identificar.
La muerte de Márquez Peña plantea serios interrogantes sobre su estado de salud previo, cuándo comenzó a presentar síntomas, qué atención médica recibió y en qué circunstancias fue trasladado al hospital.
Una infección urinaria puede desencadenar complicaciones potencialmente mortales si no se diagnostica y trata oportunamente, por lo que resulta indispensable esclarecer si el detenido recibió la atención médica necesaria para evitar el deterioro de su salud.
Desde abril de 2026, el @oveprisiones ha documentado más de 70 muertes de personas privadas de libertad, en un contexto de graves deficiencias en la atención médica penitenciaria. Detrás de estas cifras hay personas que dependían de las autoridades para acceder a diagnósticos, tratamientos y traslados hospitalarios que podían resultar determinantes para su supervivencia.
En este punto es importante recordar que las personas privadas de libertad dependen de las autoridades penitenciarias para acceder a consultas, medicamentos y traslados hospitalarios, por lo que garantizar su derecho a la salud y a la vida es una obligación del Estado.
Ante este fallecimiento, Humberto Prado, director del OVP, exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para determinar cuándo comenzó la infección, qué atención recibió Márquez Peña, si se le suministraron los medicamentos necesarios y si existieron retrasos en su diagnóstico o traslado hospitalario.
Reclamó además que se identifique a los funcionarios responsables de su atención y custodia, se investiguen las posibles omisiones y se establezcan las responsabilidades penales, administrativas o civiles que correspondan.
Asimismo, Prado exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario una evaluación médica urgente de todas las personas privadas de libertad que presenten síntomas de infección o padezcan enfermedades graves, así como el suministro de tratamientos, la atención especializada y los traslados hospitalarios necesarios, sin demoras que puedan poner en riesgo sus vidas.
Prado también instó al Ministerio Público a investigar las muertes bajo custodia del Estado asociadas a posibles fallas en la atención sanitaria, esclarecer las circunstancias de cada caso y garantizar que las violaciones al derecho a la salud y a la vida no queden impunes.
Para finalizar, el director del OVP sentenció que, frente a estas muertes, la falta de respuesta de las autoridades no puede convertirse en una excusa para la impunidad.
Por ello, continuaremos documentando cada caso y exigiendo que el Ministerio Público, las autoridades penitenciarias y los demás organismos competentes investiguen, rindan cuentas y cumplan con las responsabilidades para las que fueron designados y por las que reciben una remuneración del Estado.
“Que nuestras denuncias no obtengan respuesta no significa que dejaremos de insistir, porque el silencio de los funcionarios no los exime de su obligación de proteger la vida y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, concluyó.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 2, 2026
