La Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó este martes 3 de noviembre, en primera discusión, una reforma de la Ley contra el Odio que plantea eliminar las penas de prisión y sustituirlas por multas, trabajo comunitario y sanciones administrativas, una iniciativa que recibió el rechazo de algunos diputados que consideran que la legislación debe ser derogada por su historial de persecución política.
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El proyecto fue presentado por el diputado rojito, Pedro Infante, quien explicó que la modificación pretende «eliminar las penas de prisión sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario, establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma».
Así, la reforma busca suprimir las penas de entre 10 y 20 años de cárcel previstas en la legislación original. En su lugar, el proyecto establece multas administrativas cuya cuantía dependerá de la infracción contemplada. Según los detalles del texto, las penalizaciones podrían oscilar entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la divisa de mayor valor fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El nuevo esquema también trasladaría la aplicación de esas sanciones al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dirigido por Diosdado Cabello, una disposición que mantendría en manos del Ejecutivo la responsabilidad de castigar administrativamente las conductas previstas en la ley.
La propuesta también contempla cambios en las sanciones contra los medios de comunicación, incluyendo la eliminación expresa de la posibilidad de revocar concesiones. Además, establece multas por mensajes considerados de odio en redes sociales y exhortaciones dirigidas a las organizaciones políticas para promover la convivencia.
Sin embargo, la iniciativa no consiguió el respaldo de todas las bancadas. Algunas facciones opositoras al régimen votaron en contra y exigieron la derogación completa de la norma, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente chavista y cuestionada desde entonces por organizaciones defensoras de derechos humanos.
«Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia», denunció la diputada Amelia Belisario, representante del Grupo Parlamentario Libertad, durante el debate.
La legisladora también cuestionó que la aplicación de las nuevas sanciones administrativas pudiera quedar bajo responsabilidad del Ministerio de Interior, institución a la que señaló como el «mismo que mal aplicó la norma y el mismo que acumula múltiples denuncias por violación de derechos humanos».
Hasta el momento, no se ha divulgado el articulado específico de la reforma, por lo que todavía no se conocen todos los mecanismos de aplicación, los montos de las eventuales multas ni las garantías previstas para quienes sean objeto de procedimientos administrativos.
Por su parte, el presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que la intención es impedir que la legislación vuelva a utilizarse como un instrumento de persecución. No obstante, defendió la necesidad de mantener una norma de este tipo y cuestionó a los diputados opositores.
«Pero yo me pregunto ustedes lograron derogar el odio que se anida en algunos de sus corazones, ¿lo lograron? (…) Ojalá no necesitáramos una ley de convivencia, pero la necesitamos, es imprescindible, para seguir avanzando en este proceso, porque si no, llegará el momento en que reaperezca alguien y diga que no le tiene miedo a la guerra civil y cuántas veces no hemos estado en ese riesgo», expresó Rodríguez.
La Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada por el chavismo en paralelo al Parlamento que entonces contaba con mayoría opositora. Su articulado contempla condenas de 10 a 20 años de prisión para determinadas conductas calificadas como incitación al odio.
La aplicación de esta legislación ha sido objeto de denuncias durante casi una década. Según cifras difundidas por la organización Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de «incitación al odio» desde su aprobación, una estadística que refleja el alcance de una norma utilizada en procesos judiciales contra personas señaladas por sus expresiones políticas.
