Un chat entre Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Gustavo Petro muestra cómo el expresidente sí ordenó vincular a Deicy Jiménez, quien lo denunció por un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales, al Ministerio del Interior.
Por semana.com
“Esta persona necesito que la mantengan allí en el contrato con MinInterior”, le dijo Petro a Rodríguez en el chat, enviado el 12 de diciembre de 2025.
Luego de esa orden, efectivamente, se renovó el vínculo de Jiménez con el Ministerio del Interior, tras firmarse un nuevo contrato el 21 de enero de 2025, por $ 30.457.095, con una asignación mensual cercana a los $ 2.600.000.
El contrato tiene como propósito “prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para el seguimiento de los proyectos financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)”.
El contrato, según los documentos del proceso, se terminó anticipadamente, de forma unilateral, desde el 31 de octubre de 2026.
La vinculación de Jiménez con esa cartera venía del año anterior. El contrato 1826 de 2025, por $ 11.151.338, se firmó desde el 29 de agosto y terminaba el 31 de diciembre de ese año. Por tanto, el mensaje de Petro fue enviado 19 días antes del vencimiento.
En esa contratación, Jiménez también debía apoyar a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en la consolidación de informes. Las tareas estaban relacionadas con proyectos y contratos en ejecución y liquidación, financiados o cofinanciados con recursos de Fonsecon.
Durante el mandato de Gustavo Petro, Deicy Jiménez firmó siete contratos con el Estado por $ 116.944.432: cuatro con el Senado, uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y dos con el Ministerio del Interior.
La Fiscalía abrió el 23 de octubre una noticia criminal por presuntas irregularidades en torno al escándalo de los ‘sexocontratos’ en el Dapre y otras entidades. El 5 de noviembre, el CTI realizó la extracción forense del celular de Jiménez.
Además, la Corte Suprema ordenó una inspección para recopilar sus contratos en el Senado, mientras la Procuraduría la citó a declarar el 9 de noviembre dentro de una indagación previa.
