El pasado lunes familiares de los “sargentos de Cotiza”, junto con su defensa legal, acudieron ante el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo para notificar formalmente el inicio de una huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde de Los Teques, estado Miranda, y solicitar su libertad plena e inmediata mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.
lapatilla.com
La notificación identifica a 24 militares:
1. Alexander Bandres Figueroa.
2. Yordanis Alirio Camacaro González.
3. Alberto José Piñango Salas.
4. Ronaldo Jesús Romero Aguinagalde.
5. Luis Alfredo Milanés Chirino.
6. Asdrúbal Gabriel Chirino López.
7. Geomer Narciso Martínez Natera.
8. Jorge Enrique Rico Arrieta.
9. Eliécer Moisés Montero Mújica.
10. Edgar Jesús Díaz Vivenes.
11. José Daniel González Ospedales.
12. Omar Eduardo Salcedo Méndez.
13. Andrés Alfonso Paredes Soler.
14. Luis Geraldo Oviedo Piña.
15. Luis Alberto Peña Arteaga.
Kelvin Manuel Charles Ramírez.
16. Roberto Catalino Romero Pérez.
17. Wolfang Arquímedes González Carrasco.
18. Hevert David Glod Vásquez.
19. Jlihe Thubal Hernández Palma.
20. Luis Alfredo Lobo Medina.
21. Hugo Alexander Carrillo Santana.
22. Carlos Rivero Martínez.
23. Yofre Javier Castro Alviárez.
El escrito advierte expresamente al tribunal y a las autoridades penitenciarias y militares sobre su responsabilidad ante cualquier daño irreversible a su salud, integridad o vida.
Los uniformados estaban adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) al momento de su detención el 21 de enero de 2019, cuando se negaron a acatar las órdenes de superiores chavistas y tomaron el comando de San José de Cotiza, al norte de Caracas.
Al respecto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió en redes sociales una actuación inmediata.
“Las familias han acudido a las instituciones, presentado sus solicitudes y alertado del riesgo. Las autoridades no pueden ignorar esta advertencia ni esperar a que su salud se deteriore para responder. La defensa denuncia que transcurrieron dos años entre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó reponer la causa y la celebración de la nueva audiencia preliminar. Desde esa audiencia han pasado más de seis meses sin que comience el juicio. Cada demora prolonga también el sufrimiento de las familias: la separación, los gastos y la incertidumbre de casi ocho años buscando justicia. A esa espera se suma ahora el temor por la vida y la salud de sus seres queridos”, enfatizó el comité de víctimas.
“Exigimos atender la solicitud de intervención urgente del Senamecf, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 124 con competencia en derechos humanos para constatar su estado de salud. Deben garantizar atención médica oportuna, información directa a las familias, acceso a sus abogados y protección frente a cualquier represalia. También exigimos resolver sin más dilaciones la solicitud de amnistía, sobreseimiento definitivo y libertad plena. Como deja constancia la defensa, esta petición no implica admitir responsabilidad ni renunciar a exigir justicia por las violaciones de derechos humanos sufridas”, expresó el Clippve.
“Nadie debería tener que poner en riesgo su vida para ser escuchado por un tribunal. El Estado es responsable de proteger a quienes mantiene bajo su custodia. Las familias ya alertaron: la respuesta no puede llegar cuando el daño sea irreversible”, sentenció la organización.
?URGENTE | Familias notifican huelga de hambre de los sargentos de Cotiza: el Estado es responsable de su vida e integridad
Este 9 de noviembre, familiares de los sargentos de Cotiza, junto con su defensa, acudieron ante el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo para notificar formalmente el inicio de una huelga de hambre en Ramo Verde y solicitar su libertad plena e inmediata mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.
La notificación identifica a 24 militares:
1. Alexander Bandres Figueroa.
2. Yordanis Alirio Camacaro González.
3. Alberto José Piñango Salas.
4. Ronaldo Jesús Romero Aguinagalde.
5. Luis Alfredo Milanés Chirino.
6. Asdrúbal Gabriel Chirino López.
7. Geomer Narciso Martínez Natera.
8. Jorge Enrique Rico Arrieta.
9. Eliécer Moisés Montero Mújica.
10. Edgar Jesús Díaz Vivenes.
11. José Daniel González Ospedales.
12. Omar Eduardo Salcedo Méndez.
13. Andrés Alfonso Paredes Soler.
14. Luis Geraldo Oviedo Piña.
15. Luis Alberto Peña Arteaga.
Kelvin Manuel Charles Ramírez.
16. Roberto Catalino Romero Pérez.
17. Wolfang Arquímedes González Carrasco.
18. Hevert David Glod Vásquez.
19. Jlihe Thubal Hernández Palma.
20. Luis Alfredo Lobo Medina.
21. Hugo Alexander Carrillo Santana.
22. Carlos Rivero Martínez.
23. Yofre Javier Castro Alviárez.El escrito advierte expresamente al tribunal y a las autoridades penitenciarias y militares sobre su responsabilidad ante cualquier daño irreversible a su salud, integridad o vida.
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) exigimos una actuación inmediata. Las familias han acudido a las instituciones, presentado sus solicitudes y alertado del riesgo. Las autoridades no pueden ignorar esta advertencia ni esperar a que su salud se deteriore para responder.
La defensa denuncia que transcurrieron dos años entre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó reponer la causa y la celebración de la nueva audiencia preliminar. Desde esa audiencia han pasado más de seis meses sin que comience el juicio.
Cada demora prolonga también el sufrimiento de las familias: la separación, los gastos y la incertidumbre de casi ocho años buscando justicia. A esa espera se suma ahora el temor por la vida y la salud de sus seres queridos.
Exigimos atender la solicitud de intervención urgente del SENAMECF, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 124 con competencia en derechos humanos para constatar su estado de salud. Deben garantizar atención médica oportuna, información directa a las familias, acceso a sus abogados y protección frente a cualquier represalia.
También exigimos resolver sin más dilaciones la solicitud de amnistía, sobreseimiento definitivo y libertad plena. Como deja constancia la defensa, esta petición no implica admitir responsabilidad ni renunciar a exigir justicia por las violaciones de derechos humanos sufridas.
Nadie debería tener que poner en riesgo su vida para ser escuchado por un tribunal. El Estado es responsable de proteger a quienes mantiene bajo su custodia. Las familias ya alertaron: la respuesta no puede llegar cuando el daño sea irreversible.
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— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) November 10, 2026
