Un total de 36 militares, entre ellos 32 sargentos y cuatro tenientes, permanecen aislados en una cancha del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, sin acceso a agua potable ni a los baños, luego de iniciar una huelga de hambre para denunciar el retardo procesal y las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante sus procesos judiciales.
Por lapatilla.com
La denuncia fue difundida por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que alertó sobre las condiciones en las que se encuentran los manifestantes, quienes permanecen instalados en carpas y colchonetas, mientras sus familiares temen por su estado de salud ante las restricciones impuestas por las autoridades penitenciarias.
La protesta comenzó el pasado 9 de noviembre con 21 militares vinculados al denominado caso Cotiza. Posteriormente, otros 15 privados de libertad se sumaron a la huelga, pertenecientes a distintas causas: dos del caso 30 de Abril, dos de la refinería El Palito, tres del caso Sukoy, uno de Paramacay, uno de Aurora, dos de Gedeón, uno de Espionaje y tres de Gobernación de Monagas.
Inicialmente, los militares podían ingresar a las torres del recinto para hidratarse y utilizar los baños. Sin embargo, desde la mañana del martes 10 de noviembre, el jefe de Régimen, mayor Ramón Navarro, ordenó cerrar un portón que les impedía acceder a esas instalaciones, dejándolos aislados en la cancha e incomunicados del resto de la población penitenciaria.
Según los testimonios recogidos por el OVP, los manifestantes ahora deben realizar sus necesidades fisiológicas a la intemperie, mientras las reservas de agua que tenían para consumir comienzan a agotarse.
Familiares consultados por Infobae también denunciaron que los 36 militares, quienes iniciaron el ayuno el lunes a las 6:00 de la mañana, dejaron de tener acceso al agua por orden del mayor Navarro, quien presuntamente alegó que cumplía instrucciones del director del recinto, capitán de navío Leover Alfonso Pachano Gómez.
“Ellos solamente están consumiendo agua, es lo que los mantenía y les quitaron el acceso. Eso nos preocupa muchísimo, esta mañana amanecieron algunos descompensados. Ese aislamiento es para castigarlos, para que no se unan más compañeros a la protesta y presionarlos para que levanten la huelga”, relató uno de los familiares al equipo del OVP.
Por su parte, Mileidys Hernández, hermana del S2 José Daniel González Hospedales, manifestó a Infobae la preocupación de los familiares por la falta de respuestas de las autoridades judiciales y la ausencia de evaluaciones médicas a los manifestantes.
“Ellos no han sido evaluados ante el ayuno que mantienen y que se está agravando con la negativa de permitirles el acceso al agua”, advirtió Hernández, al cumplirse 48 horas desde el inicio de la protesta.
La situación resulta aún más preocupante debido a las deficiencias del suministro de agua potable en Ramo Verde. De acuerdo con el OVP, los propios detenidos deben costear entre 40 y 50 dólares por cada cisterna, mientras que sus familiares también les llevan agua durante las visitas, debido a que la que llega por las tuberías del establecimiento no es apta para el consumo humano.
Pese a que la huelga de hambre fue notificada formalmente ante los tribunales desde el lunes, los familiares denunciaron que ningún representante de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público se había presentado en el recinto para verificar las condiciones de los manifestantes.
Los familiares de los militares detenidos por razones políticas en Venezuela han denunciado reiteradamente que sus seres queridos quedan relegados de los procesos de excarcelación y de las negociaciones políticas. Esta situación figura entre los principales motivos que impulsaron la huelga de hambre en Ramo Verde.
La exigencia fundamental de los manifestantes es su libertad. Según los testimonios recibidos por el OVP, algunos militares ya cumplieron sus condenas, otros tienen expedientes extraviados y varios ni siquiera han tenido el inicio formal de sus procesos judiciales.
Estas irregularidades, sumadas a las trabas que enfrentan sus familiares, mantienen a los detenidos en una situación de retardo procesal que vulnera su derecho al debido proceso.
“Cuando se anuncian las excarcelaciones el mayor grueso es de civiles, quedando ellos renegados. Sabemos que la mayor cantidad de presos políticos son civiles, pero han llegado semanas que ni una libertad de un militar se da. Ellos también fueron detenidos de forma arbitraria, también tienen familias, esposas, padres e hijos que los quieren ver libres y tienen años viéndolos tras las rejas”, expresó uno de los familiares al OVP.
Asimismo, los militares solicitan ser incluidos en las mesas de negociación que actualmente se desarrollan entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición encabezada por Dinorah Figuera, de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Ante este escenario, el Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que la huelga de hambre constituye un mecanismo legítimo de protesta pacífica, especialmente cuando las personas recurren a ella ante la falta de recursos judiciales efectivos, la denegación de justicia o la existencia de tratos inhumanos.
La organización señaló que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de respetar esta forma de protesta y ofrecer respuestas oportunas a las solicitudes de los manifestantes. También recordó que, si bien el Estado debe proteger la vida de las personas bajo su custodia, tiene que respetar la voluntad informada de quienes participan en una huelga de hambre.
En ese sentido, hizo referencia a la Declaración de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre, que establece que la alimentación forzada constituye una grave violación de la ética médica y puede equivaler a un trato inhumano o degradante.
Finalmente, el OVP exigió a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público acudir inmediatamente a Ramo Verde para constatar las condiciones de aislamiento de los 36 militares, iniciar una investigación imparcial y mantener un seguimiento permanente de lo que ocurre dentro del recinto penitenciario.
