El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público este jueves 12 de noviembre un informe elaborado con apoyo de la firma KPMG que documenta el ingreso de 12.263 millones de dólares procedentes de recursos naturales venezolanos a un mecanismo de custodia protegido por el Tesoro estadounidense, del cual más de 11.700 millones fueron canalizados hacia intervenciones cambiarias entre enero y septiembre de 2026, como parte del esquema financiero establecido por la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.
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El reporte establece que, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre, la cuenta registró depósitos por 12.263.713.308 dólares, de los cuales fueron desembolsados 12.107.622.200 dólares, equivalentes aproximadamente al 98,7 % de los ingresos.
La magnitud del flujo financiero queda reflejada en el gráfico de la página 8 del informe, donde se presentan los movimientos acumulados de la cuenta: 12.260 millones de dólares depositados, 12.110 millones desembolsados, 12,52 millones generados en intereses y un saldo de 168,56 millones de dólares al cierre de septiembre. El dinero provino principalmente del petróleo, aunque también incluyó operaciones relacionadas con oro, minerales y fertilizantes.
La mayor parte de estos recursos fue destinada al mercado cambiario venezolano mediante operaciones autorizadas por Washington y ejecutadas a través del Banco Central de Venezuela (BCV). Según el reporte de Associated Press, publicado este jueves, las transferencias permitieron distribuir divisas mediante instituciones bancarias locales, mientras aproximadamente 133 millones de dólares fueron utilizados para pagar obligaciones relacionadas con servicios y suministros de entidades públicas.
Uno de los elementos centrales de las revelaciones es que los fondos son propiedad soberana de Venezuela, pero su utilización requiere autorización estadounidense. La Orden Ejecutiva 14373, firmada por Trump el 9 de enero, establece que el secretario de Estado determina los propósitos autorizados para estos recursos, mientras el secretario del Tesoro administra la cuenta y ejecuta los desembolsos aprobados. En consecuencia, el BCV debe presentar solicitudes acompañadas de documentación que justifique el destino del dinero.
El mecanismo comenzó a funcionar mediante una cuenta provisional del BCV en el Qatar National Bank, donde se depositaron inicialmente 500 millones de dólares procedentes de ventas petroleras. De acuerdo con las páginas 10 y 11 del informe, ese dinero permitió iniciar operaciones cambiarias antes de que la estructura de custodia pasara al Tesoro estadounidense a finales de enero. El 15 de ese mes, Mercantil, BBVA Provincial, Banesco y Banco Nacional de Crédito recibieron 75 millones de dólares cada uno para las primeras asignaciones.
Posteriormente, el sistema evolucionó hacia intervenciones electrónicas y entregas de billetes físicos. Solo el mecanismo electrónico distribuyó 9.320 millones de dólares desde el 31 de marzo hasta septiembre, mientras que el programa de efectivo comenzó en julio para ampliar la disponibilidad de dólares en sectores con acceso limitado a pagos electrónicos. En este último circuito, el Departamento de Estado, la Reserva Federal y KPMG desarrollaron controles que incluyen transporte seguro, recuentos, registro de números de serie y verificación de destinatarios antes de autorizar la distribución a los bancos venezolanos.
La supervisión también alcanza la revisión de operaciones y beneficiarios. El informe señala que KPMG analiza solicitudes del BCV, documentación contractual, estructuras de propiedad, riesgos de lavado de dinero y posibles coincidencias con listas de sanciones. Las entidades bancarias participantes deben cumplir, además, procedimientos de identificación de clientes y seguimiento de transacciones. Estas verificaciones buscan reducir el riesgo de desvío de recursos, aunque su existencia no equivale a certificar que todas las operaciones estén libres de irregularidades.
El esquema representa una relación financiera inusual entre Washington y Caracas: el régimen encabezado por Delcy Rodríguez solicita recursos generados por exportaciones venezolanas, mientras Estados Unidos conserva capacidad de autorizar su liberación y revisar determinados destinatarios. Sin embargo, el documento reconoce que los controles fueron incorporados y perfeccionados progresivamente, por lo que no todos estuvieron vigentes desde enero.
La publicación del reporte también responde a las interrogantes planteadas sobre el manejo de los ingresos venezolanos. En septiembre, los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse exigieron explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, y al titular del Tesoro, Scott Bessent, sobre los mecanismos de supervisión y la prevención de posibles desvíos. Aunque el documento ahora divulgado ofrece un desglose de las transacciones hasta septiembre, reconoce que los sistemas de seguimiento y análisis de los beneficiarios finales continúan perfeccionándose.
