La administración del presidente Donald Trump ha establecido un mecanismo de supervisión sobre los ingresos petroleros y otras exportaciones de Venezuela que limita la autonomía financiera del chavismo, según revelaciones de un informe de KPMG divulgadas el martes 10 de noviembre, que muestran cómo el Departamento de Estado y el Tesoro estadounidense intervienen en la liberación de miles de millones de dólares solicitados por el Banco Central de Venezuela (BCV).
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El documento confidencial examinado por The New York Times registra 12.260 millones de dólares en depósitos entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026. La mayor parte procedía de ventas petroleras, aunque también se contabilizaron operaciones con minerales, oro y fertilizantes. El dinero ingresaba en una cuenta de custodia creada bajo supervisión estadounidense, inicialmente ubicada en Catar y trasladada a Citibank, en Nueva York, a finales de enero.
La diferencia respecto al modelo financiero que el chavismo administró durante años es considerable: los recursos siguen perteneciendo a Venezuela, pero Washington conserva la autorización de salida. Así lo establece la Orden Ejecutiva 14373, firmada por Trump el 9 de enero, que reconoce la titularidad venezolana de los fondos y asigna al secretario de Estado la determinación de sus usos autorizados. El Tesoro custodia los depósitos y ejecuta las transferencias conforme a esas instrucciones. Es decir, Delcy Rodríguez puede solicitar los recursos, pero no disponer unilateralmente de los fondos sujetos al mecanismo.
La dimensión económica de ese control aparece en los desembolsos: aproximadamente 11.700 millones de dólares fueron destinados a operaciones cambiarias solicitadas por el BCV, mientras otros 130 millones se dirigieron al pago de obligaciones con gobiernos y organismos internacionales. Al cierre de septiembre permanecían unos 170 millones en la cuenta, que había generado alrededor de 12 millones en intereses. La inyección de divisas puede ampliar la oferta de dólares, facilitar importaciones y aliviar presiones cambiarias, pero esas posibilidades no constituyen por sí solas pruebas de una recuperación sostenida.
El control descrito no termina necesariamente con la autorización bancaria. El gráfico de nueve etapas compartido para este análisis, atribuido al procedimiento de supervisión, presenta una secuencia que comienza con la aprobación del Departamento de Estado y continúa con el transporte, la recepción, el recuento, la revisión de destinatarios, la asignación, la entrega, la distribución y la supervisión final. En particular, describe controles sobre bolsas de billetes, precintos numerados, series monetarias, actas de recuento con doble firma y registros de ingreso a las bóvedas del BCV.
La intervención también se extendería a los destinatarios finales de determinadas operaciones. Según el esquema, el Departamento de Estado y KPMG participan en revisiones previas, mientras se contemplan comprobaciones de beneficiarios efectivos y listas de sanciones de OFAC, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Este tipo de trazabilidad busca identificar riesgos antes de completar las transferencias.
En el desglose sectorial aparecen 3.349 millones de dólares destinados a empresas de alimentos y bienes de consumo, otros 1.178 millones al sector agrícola y 532 millones a salud y productos farmacéuticos. Las dos primeras categorías suman 4.527 millones y representan una proporción significativa de las asignaciones clasificadas. Según la información aportada, ese desglose corresponde a personas jurídicas identificadas, equivalentes al 77 % de las salidas declaradas; por tanto, no debe confundirse con una distribución verificada de la totalidad de los 12.260 millones depositados.
Precisamente allí aparece una de las principales debilidades del mecanismo. El informe periodístico de The New York Times señala que KPMG describió su trabajo como asistencia al Departamento de Estado para administrar la cuenta, rastrear transacciones y aplicar controles de integridad financiera, no como una auditoría formal completa. Tampoco identifica suficientemente a los compradores finales de las divisas distribuidas mediante las subastas bancarias. La existencia de autorizaciones estadounidenses no demuestra, por sí sola, que cada dólar haya llegado a su destinatario previsto.
La situación también ha despertado cuestionamientos dentro de Estados Unidos. Los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse exigieron explicaciones a Marco Rubio y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre los criterios para administrar los ingresos venezolanos y las garantías contra posibles irregularidades. El reclamo pone de relieve una paradoja: Washington exige controles financieros al chavismo, pero también enfrenta presiones para transparentar sus propias decisiones sobre esos recursos.
Para Delcy, el mecanismo representa una dependencia inédita en la administración de ingresos nacionales: el BCV participa en la solicitud y colocación de divisas, mientras funcionarios estadounidenses conservan capacidad de aprobar los desembolsos y condicionar su destino. El Servicio de Investigación del Congreso de EEUU ya había identificado ese control económico como parte de la estrategia de Washington para estabilizar Venezuela e impulsar cambios políticos después de la captura de Nicolás Maduro. El desafío pendiente no es únicamente determinar quién autoriza cada dólar, sino demostrar quién lo recibe, cómo se utiliza y cuánto beneficio produce realmente para los venezolanos.
