Es sensato reconocer que, si el presidente Donald Trump no hubiera sacado a Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero, Venezuela probablemente estaría atravesando circunstancias inimaginables. Sin embargo, también es cierto que el anunciado plan estratégico de estabilización, recuperación y transición no ha pasado, hasta ahora, de ser una declaración de intenciones, con más contenido simbólico que resultados concretos.
Este escenario ha propiciado que inversionistas y oportunistas de oficio comiencen a explorar el terreno y a posicionarse anticipadamente frente a lo que eventualmente podría convertirse en una importante oportunidad económica. Sin embargo, ese futuro todavía parece distante, especialmente mientras no exista una hoja de ruta política y electoral que garantice condiciones mínimas de seguridad jurídica para invertir en un país que, inevitablemente, tendrá que experimentar una profunda transformación institucional.
Los optimistas, los ilusionistas y los fabricantes de expectativas insisten en que las condiciones ya están dadas; hablan de contratos, convenios suscritos, inversiones inminentes y proyectos en pleno desarrollo. Pero conviene separar las expectativas de la realidad. Los acuerdos con empresas de menor dimensión, entre ellas las vinculadas a Alejandro Betancourt, así como los entendimientos alcanzados con grandes compañías petroleras, responden, en buena medida, a compromisos de largo plazo y estrategias de posicionamiento destinadas a preservar espacios y asegurar oportunidades de inversión futura.
Esto no significa, necesariamente, que estemos ante inversiones de gran escala, inmediatas y plenamente garantizadas.Ninguna empresa seria estará dispuesta a comprometer capital significativo sin contar con garantías razonables de seguridad jurídica, estabilidad institucional y retorno de su inversión. Y difícilmente pueden ofrecerse esas garantías mientras persistan las dudas sobre la legitimidad de los poderes públicos y la precariedad financiera e institucional del Estado venezolano.
Por eso, seguimos esperando que el gobierno de Trump defina una ruta política y electoral clara para Venezuela, con plazos y objetivos concretos, que permita legitimar los poderes públicos y reconstruir la institucionalidad democrática. Solo entonces podrán desarrollarse, con transparencia y seguridad jurídica, verdaderos procesos de licitación y adjudicación de contratos capaces de atraer inversiones de envergadura y sentar las bases de una recuperación económica sostenible.
Pero hay algo más que no podemos seguir ignorando: Venezuela entera, al igual que buena parte del mundo, permanece a la espera de un desenlace que no termina de producirse. Y no es precisamente por falta de paciencia.
Durante 27 años hemos demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia, recurriendo a todas las formas de lucha cívica y democrática imaginables: protestas, marchas, huelgas, incluso de hambre, concentraciones multitudinarias y muchas otras manifestaciones. Todo ello en un esfuerzo sostenido por enfrentar a un sistema que terminó conduciendo al país a una de las mayores tragedias de su historia contemporánea.
No podemos seguir justificando la inacción con el argumento de que llevamos casi tres décadas padeciendo esta tragedia. Según las propias declaraciones del presidente Trump, la operación para sacar a Maduro del poder se ejecutó en apenas 43 minutos. Si hubo capacidad operativa, determinación y recursos para llevar a cabo una acción de semejante magnitud, resulta legítimo preguntarse por qué no se imprime esa misma voluntad y urgencia a la transformación política, económica e institucional que Venezuela necesita.
El país no puede seguir viviendo de expectativas, anuncios y promesas. Después de tantos años de sacrificio, los venezolanos no necesitan más discursos sobre lo que podría suceder; necesitan decisiones, acciones concretas y resultados verificables.
