El chavismo guarda una carta bajo la manga frente a Trump: los presos políticos que no quiere liberar

El chavismo guarda una carta bajo la manga frente a Trump: los presos políticos que no quiere liberar

Cortesía

 

La administración de Donald Trump continúa sin conseguir la liberación de todos los presos políticos en Venezuela debido a las resistencias de sectores del chavismo, especialmente dentro de la estructura militar, según una investigación del periodista español David Alandete, de ABC, quien reveló que las negociaciones con Delcy Rodríguez avanzan en materia económica y petrolera sin que Washington haya impuesto la excarcelación de los detenidos como requisito indispensable.

lapatilla.com





El periodista atribuye a fuentes familiarizadas con las conversaciones una estrategia mediante la cual el régimen conserva el control sobre las liberaciones y las utiliza para obtener ventajas políticas. Alandete sostiene que Jorge Rodríguez desempeña un papel importante en ese mecanismo, mientras los expedientes judiciales permanecen abiertos incluso después de que algunos detenidos abandonan las cárceles. En su boletín Los presos que Trump no logra liberar: el pulso con el chavismo, el corresponsal señala que “cada liberación se presenta como una concesión mientras el régimen mantiene abiertos numerosos procesos judiciales”.

El principal foco de resistencia, según las fuentes consultadas por ABC, estaría en el Ministerio de Defensa, encabezado por Gustavo González López, a quien el periodista atribuye maniobras para obstaculizar la salida de oficiales encarcelados y retrasar decisiones judiciales en la jurisdicción militar. El argumento transmitido por voceros chavistas a sus interlocutores estadounidenses es que determinadas excarcelaciones podrían alterar la disciplina castrense y facilitar denuncias contra antiguos funcionarios del régimen ante tribunales extranjeros.

Las cifras permiten dimensionar el problema. El balance de Foro Penal al 9 de noviembre registra 321 presos políticos, de los cuales 140 son militares y 181 civiles. La organización también contabiliza 171 detenidos sin sentencia y más de 11.000 personas sometidas a restricciones de libertad pese a encontrarse fuera de prisión. La condición de los militares ha adquirido especial relevancia por las exclusiones previstas en la Ley de Amnistía aprobada en febrero.

La situación quedó nuevamente expuesta con el caso Paramacay. Los presos políticos Óscar Caamaño y Dirimo Pernía, detenidos desde 2017, fueron excarcelados después de que sus condenas originales de 30 años fueran reducidas a tres por pena cumplida. Sin embargo, el mismo proceso judicial dejó intactas las penas de Juan Carlos Caguaripano y otros 14 procesados. Durante la salida de Caamaño, la abogada de Foro Penal Jennie Gutiérrez expresó su desacuerdo con el resultado. “No estamos conformes con esta libertad. Primero, que nunca debió estar privado de libertad y, por otra parte, es muy importante señalar que quedan muchos hermanos allá adentro, que tenemos que seguir luchando por la libertad de cada uno de ellos”, declaró.

Las objeciones a la continuidad de esos encarcelamientos también han llegado desde organismos internacionales. En su pronunciamiento del 6 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la legislación venezolana excluye determinados casos de rebelión militar y restringe el acceso de algunos detenidos a la amnistía. El organismo reiteró su llamado al Estado a “liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluidas las personas militares, a sobreseerlas o absolverlas según corresponda, y a dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de esas detenciones”.

En el terreno diplomático, Alandete asegura que el 2 de noviembre, durante una reunión bilateral, el secretario de Estado Marco Rubio pidió al canciller chavista Oliver Blanco acelerar las liberaciones. Sin embargo, Washington no anunció un ultimátum ni vinculó públicamente la continuidad de los acuerdos comerciales a una fecha límite para excarcelar a los detenidos. Según el periodista, la Casa Blanca también estudia ampliar la apertura a inversiones empresariales en Venezuela, mientras funcionarios estadounidenses intentan mantener la cooperación con quienes todavía controlan instituciones del Estado venezolano.

Las conversaciones también tropiezan con las diferencias entre los listados de presos políticos que manejan las organizaciones civiles y algunos sectores de la oposición. ABC identifica la inclusión de Johana Torres, vinculada a la investigación Pdvsa-Cripto, en una relación presentada por Vente Venezuela como uno de los puntos de controversia aprovechados por el chavismo. Según las fuentes del periodista, Diosdado Cabello ha utilizado esas discrepancias para cuestionar las solicitudes de excarcelación. La existencia de investigaciones por delitos comunes:

La dirigente opositora Dinorah Figuera ha planteado alternativas para los militares cuyo regreso a la vida civil en Venezuela encuentra mayores obstáculos. En una entrevista difundida el 7 de noviembre, explicó que algunos familiares han solicitado facilitar su traslado al extranjero. “Le pude plantear al gobierno interino, inclusive a la presidenta del gobierno interino, Delcy Rodríguez, precisamente la demanda que nos han hecho varios familiares de militares a su decisión de que ellos sean liberados, inclusive, están solicitando salir fuera del país. Hay casos de militares también que han pedido estar en Alemania, que han pedido estar en España”, declaró.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, también ha insistido en que las negociaciones deben traducirse en libertad plena y no limitarse a nuevas medidas cautelares. “Esperamos la liberación de todos los presos políticos. Es una exigencia urgente. Debemos todos pedir libertad”, manifestó el abogado el pasado 8 de noviembre.

La noticia no descansa y nosotros tampoco
Únete a nuestra
Comunidad de WhatsApp