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La reconstrucción institucional de Venezuela plantea un desafío que va mucho más allá de recuperar el funcionamiento de los organismos públicos o restablecer el orden administrativo. Supone revisar la relación entre el Estado, el poder y la sociedad, después de años de deterioro de la confianza, debilitamiento de los derechos y profundas desigualdades. El verdadero alcance de este proceso dependerá de nuestra capacidad para comprender que las instituciones no existen para garantizar la permanencia de quienes gobiernan, sino para proteger al ciudadano, equilibrar el ejercicio del poder y ofrecer respuestas a las necesidades colectivas. Reinstitucionalizar, por tanto, no puede significar regresar al pasado, sino construir las condiciones políticas y sociales para un futuro distinto.
Esta reflexión encuentra fundamentos en dos perspectivas que, aunque parten de tradiciones de pensamiento diferentes, pueden complementarse en la construcción de una democracia moderna. Por una parte, Instituciones Democráticas para el Futuro: Guía Estratégica, publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2026, plantea que las instituciones deben desarrollar capacidades para adaptarse, aprender y transformarse frente a las nuevas exigencias de la sociedad. Por otra, los planteamientos sobre liberalismo de Henry Ramos Allup reivindican la libertad individual, el pluralismo, la autonomía institucional y la necesidad de establecer límites efectivos al poder. Ambas aproximaciones permiten comprender que un Estado sólido no es aquel que acumula atribuciones, sino aquel que tiene la capacidad de ejercerlas bajo reglas, controles y responsabilidades democráticas.
Sin embargo, la fortaleza institucional no puede medirse exclusivamente por la estabilidad de sus estructuras ni por la eficiencia de sus procedimientos. También debe evaluarse por su capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Una democracia pierde legitimidad cuando los derechos políticos conviven con salarios insuficientes, servicios públicos deficientes, desigualdad de oportunidades y ausencia de protección social. De allí que la reconstrucción del Estado deba incorporar una dimensión profundamente humana: garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar, que el trabajo permita una vida digna y que la educación, la salud y la seguridad sean derechos efectivos y no simples declaraciones constitucionales. La libertad adquiere mayor sentido cuando existen condiciones reales para ejercerla.
En este punto cobra importancia la transformación de las capacidades del Estado. No basta con sustituir autoridades, reorganizar ministerios o aprobar nuevas leyes si se mantienen prácticas discrecionales, opacidad administrativa y mecanismos de exclusión. Se requiere una administración pública profesional, transparente y sometida a rendición de cuentas; instituciones que escuchen a la ciudadanía y permitan su participación en las decisiones que afectan su vida cotidiana. La gobernanza, como propone el PNUD, debe dejar de ser un ejercicio cerrado entre quienes administran el poder para convertirse en una construcción compartida con la sociedad civil, las universidades, los sectores productivos y las comunidades. La tecnología, la planificación y la anticipación de los problemas deben estar al servicio de ese propósito, sin perder de vista que ninguna modernización puede sustituir los derechos ni profundizar las brechas sociales.
Para Venezuela, esta discusión adquiere una particular relevancia. El nuevo escenario político abierto el 3 de enero de 2026 ofrece una oportunidad para avanzar en la recuperación del Estado, pero también contiene el riesgo de confundir estabilidad con democratización. La reorganización del poder no garantiza por sí misma la transformación institucional. Si las estructuras de control permanecen intactas, si no se recupera la independencia de los poderes públicos, si persisten las restricciones a la participación y si la transparencia continúa subordinada a intereses políticos, estaremos ante una adaptación del sistema y no ante una verdadera reconstrucción democrática. La estabilidad debe construirse sobre la legitimidad, el respeto a los derechos y la capacidad de resolver los problemas sociales, no sobre la postergación indefinida de los cambios que el país necesita.
El desafío, en consecuencia, consiste en construir un Estado que conjugue libertad, justicia, eficiencia y responsabilidad pública. Un Estado que no pretenda resolver todos los problemas desde el poder central, pero que tampoco abandone a los ciudadanos a las desigualdades del mercado o a sus propias limitaciones. La reinstitucionalización debe traducirse en un nuevo pacto de convivencia, donde la legalidad proteja las libertades, la economía genere oportunidades y las políticas públicas garanticen condiciones de vida dignas. No necesitamos simplemente instituciones que vuelvan a funcionar; necesitamos instituciones que funcionen para todos, que puedan ser controladas por los ciudadanos y que respondan también ante las generaciones futuras. Allí comienza la verdadera reconstrucción de Venezuela.
IG,X: @freddyamarcano

