Rafael Veloz: La sociedad está pendiente de la transición política - LaPatilla.com

Rafael Veloz: La sociedad está pendiente de la transición política

Hicimos un ejercicio sencillo y revelador: comparar lo que exigen los países americanos para integrar su más alto tribunal. El resultado sorprende. Venezuela es de los pocos ordenamientos del continente que incorpora el título de postgrado como condición de elegibilidad. La inmensa mayoría de nuestros vecinos pide el título de abogado y un número determinado de años de ejercicio profesional, y nada más: ni especialización, ni maestría, ni doctorado. La única excepción comparable es Paraguay, cuya Constitución exige en su artículo 258 el título universitario de Doctor en Derecho para ser ministro de la Corte Suprema.

Conviene entonces leer bien nuestro artículo 263. La Constitución no levanta una muralla: abre tres puertas. Se puede llegar al Tribunal Supremo habiendo ejercido la abogacía durante quince años y teniendo postgrado en materia jurídica; o habiendo sido profesor universitario de ciencia jurídica durante quince años con la categoría de profesor titular; o siendo o habiendo sido juez superior en la especialidad de la Sala a la que se aspira, con quince años de carrera judicial y prestigio reconocido en el desempeño. Es decir, el propio constituyente admitió que la docencia y la judicatura equivalen al postgrado. La equivalencia no hay que inventarla: ya está escrita.





El derecho comparado refuerza esa lectura. Colombia no exige postgrado alguno para integrar su Corte Suprema. Y va más lejos: en su régimen general de empleo público, el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 reconoce expresamente que la experiencia suple la falta de título de postgrado, mediante una tabla de equivalencias conforme a la cual dos años de experiencia profesional equivalen a una especialización, tres años a una maestría y cuatro años a un doctorado. Si un Estado vecino admite esa conversión para cargos administrativos, mal podríamos nosotros convertir un diploma en el filtro decisivo de la judicatura.

Esto no es una discusión académica: es la discusión de esta semana. El baremo aprobado asigna veintiocho de cien puntos a la formación académica y la producción intelectual, con cuatro puntos por cada doctorado y hasta dos doctorados computables. Un abogado con treinta años de litigio real, de audiencias, de expedientes y de defensa de presos puede terminar por debajo de alguien que nunca ha pisado un tribunal pero acumuló títulos. Que quede claro lo que sostengo y lo que no sostengo: la formación académica es necesaria y debe puntuar. Lo que no puede es desplazar a la trayectoria. Un baremo que convierta una de las tres puertas del artículo 263 en la única puerta estaría agregando un requisito que la Constitución no impuso.

Este fin de semana me correspondió recorrer parroquias de Caracas: Santa Rosalía, por los lados del cementerio; San José; y otras. Compartimos con líderes de la sociedad civil que están perfectamente informados de la noticia mayor de este tiempo de transición: que vamos a renovar a la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo con criterios técnicos y estratégicos, para contar con altos funcionarios independientes. No hubo que explicarles nada. Ellos mismos ponían los ejemplos de lo que significa tener un Tribunal secuestrado: la sentencia que cercena un derecho electoral, el amparo que nunca se decide, el familiar que lleva dos años detenido sin juicio.

Porque esa es la otra deuda que el país le pone por delante al nuevo Tribunal. Las cifras de presos políticos difieren según la fuente, el Foro Penal contabilizó trescientos veintidós en su corte de octubre; el Clippve sostiene que son más de cuatrocientos,  y esa discrepancia es en sí misma una denuncia: en un país con justicia no habría dudas sobre cuántos venezolanos están presos y por qué. A ellos hay que sumar los miles que cargan con medidas sustitutivas: la casa por cárcel, el grillete, el régimen de presentación periódica ante un tribunal que los obliga a pedir permiso para vivir. El caso del colega Perkins Rocha, excarcelado en febrero pero sometido a medidas cautelares muy estrictas, resume la trampa. Excarcelar no es liberar. Lo que se exige es libertad plena y el sobreseimiento de causas que nunca debieron abrirse.

Hay que restablecer la majestad de los jueces, como hay que restablecer la de las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones fueron puestas al servicio de un proyecto y ambas tienen que volver a ser de la República. Por eso insisto en algo que no todos quieren oír: a un magistrado no se le mide solamente por su dominio de las ciencias jurídicas. Esa altísima función exige mujeres y hombres de Estado, conscientes de que su misión es el restablecimiento de las libertades y garantías que la Constitución consagra.

Y una de las primeras demandas que llegará a sus manos será la solicitud de declaratoria de ausencia absoluta de quien ocupa Miraflores. El artículo 233 de la Constitución establece las causales de la falta absoluta del Presidente de la República y ordena que, de producirse, se convoque a una elección universal, directa y secreta para elegir un nuevo Presidente. No es una consigna de oposición: es el texto que todos juramos. Un Tribunal que no se atreva a aplicarlo habrá cambiado de integrantes sin haber cambiado de función.

A los vecinos de Santa Rosalía y de San José les dije lo mismo que escribo aquí. El país está en expectativa, y tiene razón en estarlo: un Tribunal independiente es, en cualquier democracia del mundo, la garantía de que un resultado electoral se respeta y de que el poder se entrega. Pero esa garantía no cae del cielo ni la regala nadie. La construye un país que vigila, que documenta, que se organiza. Desde el Programa de Organización Ciudadana, POC,  seguimos haciéndolo parroquia por parroquia, y estado por estado, y la invitación sigue abierta: súmese al comité de su sector, acompañe a una familia con un preso, y si es abogado, inscríbase en la veeduría del proceso de selección. Lo que viene se decide entre todos o no se decide.

 

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