
No hay duda de que la verdadera prioridad para avanzar hacia el rescate de la democracia venezolana debe ser establecer, sin más dilaciones, las condiciones que permitan realizar elecciones presidenciales y parlamentarias con plena libertad de participación, transparencia, eficiencia y confiabilidad. No se trata simplemente de convocar elecciones, sino de garantizar un proceso electoral que permita a los venezolanos recuperar el ejercicio efectivo de su soberanía y elegir libremente a sus representantes.
Lo anterior obliga a que en la mesa de negociaciones se comiencen a formular y acordar, con carácter prioritario, las medidas específicas para devolver los partidos políticos a sus legítimos dirigentes y militantes, eliminar las inhabilitaciones políticas impuestas arbitrariamente a dirigentes opositores, incluyendo a María Corina Machado, y proceder a la depuración y actualización integral del Registro Electoral. Esta última tarea debe incluir mecanismos efectivos para garantizar el registro y la participación de los millones de venezolanos que integran la diáspora.
Adicionalmente, debe decidirse cuanto antes la naturaleza del nuevo sistema electoral que regirá en las próximas elecciones. Las cuestionadas experiencias del actual sistema electrónico de votación, así como la desconfianza acumulada sobre sus mecanismos de auditoría y control, obligan a considerar su sustitución por un sistema de votación mediante papeletas físicas, que permita al elector comprobar directamente su selección y facilite el escrutinio público y verificable de los resultados. Este mecanismo, utilizado ampliamente en los sistemas democráticos de América Latina y otras regiones, ofrece una referencia importante para recuperar la confianza ciudadana.
Países como Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina realizan sus elecciones mediante papeletas físicas, con procedimientos que permiten contabilizar los votos y verificar los resultados. La incorporación de sistemas electrónicos para facilitar el escrutinio o transmitir resultados no debe sustituir la existencia de un comprobante físico que permita auditorías independientes.
Un capítulo particularmente importante de esta reforma debe ser el reconocimiento efectivo del derecho al voto de los venezolanos en el exterior. No es aceptable que millones de compatriotas, muchos de ellos obligados a abandonar el país por las circunstancias políticas y económicas, continúen excluidos de decisiones fundamentales sobre el futuro nacional. Para garantizar su participación será necesario: Simplificar y facilitar la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral mediante procedimientos digitales seguros y jornadas presenciales en las principales ciudades donde reside la diáspora. Eliminar las restricciones administrativas que impiden el registro de venezolanos en el exterior por razones distintas a las previstas legalmente. Ampliar y descentralizar los centros de votación, aprovechando la red consular y estableciendo centros adicionales donde la concentración de electores lo justifique. Garantizar información oportuna sobre los requisitos, plazos de inscripción, ubicación de los centros y procedimientos de votación. Establecer mecanismos de identificación, escrutinio, auditoría y transmisión de resultados que aseguren transparencia y permitan la participación de testigos de las organizaciones políticas. Considerar la habilitación de jornadas especiales y mecanismos que faciliten el desplazamiento de los electores que viven lejos de las sedes consulares. La participación de la diáspora no puede quedar subordinada a dificultades burocráticas, limitaciones consulares o decisiones discrecionales de las autoridades electorales. Debe constituir una garantía efectiva de ciudadanía y participación democrática, para lo cual debe considerarse en lo posible el empleo de sistemas virtuales que faciliten la participación de estos electores de manera segura y confiable.
Todas estas decisiones pueden y deben acordarse antes de proceder a la designación de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. De esta manera, el organismo que resulte designado tendrá un mandato claro y unas reglas previamente establecidas para organizar el proceso, evitando que la discusión sobre su integración se convierta en un nuevo factor de retraso. La elección de un nuevo CNE debe estar acompañada, además, de garantías de independencia, imparcialidad y profesionalismo, así como de mecanismos de observación electoral nacional e internacional y auditorías independientes en todas las etapas del proceso.
Venezuela no puede continuar postergando la recuperación de su institucionalidad democrática. La liberación de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos siguen siendo exigencias impostergables, pero la recuperación de la soberanía popular mediante elecciones libres, presidenciales y parlamentarias, debe constituir el objetivo político central de esta nueva etapa de negociaciones.
No debemos confundir la transición democrática con la simple normalización de las instituciones existentes. Lo que está planteado es recuperar la legitimidad del poder mediante el voto libre, garantizar la representación política y crear las condiciones para que los venezolanos puedan decidir su futuro. La verdadera primera prioridad debe ser, por tanto, acordar desde ahora las condiciones de unas elecciones libres, competitivas y verificables. Sin ellas no habrá una transición democrática auténtica ni será posible avanzar hacia la construcción de una Venezuela de ciudadanos, con instituciones legítimas, libertades garantizadas y un futuro de desarrollo sostenible.

