
La abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, denunció este jueves 19 de noviembre el delicado estado de salud en el que se encuentra el teniente Junior de Jesús Silva Herrera, preso político detenido desde mayo de 2020 por su presunta vinculación con el caso de la Operación Gedeón.
Por: lapatilla.com
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Suju alertó que el militar presenta episodios de sangrado digestivo, pérdida de visión en su ojo izquierdo y un deterioro general de su condición física, una situación que genera preocupación por su integridad y sus condiciones de reclusión.
De acuerdo con la información difundida por la defensora de derechos humanos, Silva Herrera permanece recluido en el Fuerte Guaicaipuro, donde enfrenta estos problemas de salud mientras continúa privado de libertad.
El teniente Junior de Jesús Silva Herrera fue detenido el 8 de mayo de 2020, en el contexto de las investigaciones y detenciones relacionadas con la denominada Operación Gedeón, una incursión marítima que tuvo lugar en las costas venezolanas durante ese mismo mes.
Desde entonces, su caso forma parte de las denuncias sobre militares privados de libertad por su presunta participación en acciones contra el entonces régimen de Nicolás Maduro.
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La denuncia de Tamara Suju vuelve a poner el foco sobre las condiciones de salud de los presos políticos en Venezuela y la necesidad de garantizarles atención médica oportuna, especialmente cuando presentan complicaciones que pueden comprometer su integridad física.
Ante la gravedad de la situación, Suju difundió las etiquetas #LibertadParaJuniorSilvaHerrera y #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos, con las que hizo visible el caso del teniente y reiteró el reclamo por la liberación de las personas que permanecen detenidas por motivos políticos en el país.
La pérdida de visión de un ojo, los episodios de sangrado digestivo y el deterioro físico denunciados por la directora ejecutiva de Casla Institute representan señales de alarma sobre el estado del militar.
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La denuncia reaviva las exigencias de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos para que se garantice la atención médica de los presos políticos y se respete su derecho a la vida y a la integridad personal.



