
Históricamente, el salario real en Venezuela estuvo apalancado en la distribución de la renta petrolera mediante el gasto público, los subsidios indirectos y un tipo de cambio sobrevaluado que abarataba las importaciones. Sin embargo, el colapso de la industria extractiva en la década pasada y su posterior recuperación parcial bajo un esquema de contención fiscal rompieron ese vínculo. Aunque la producción de crudo ha mostrado repuntes moderados mediante licencias y empresas mixtas, el flujo de divisas generado por el sector petrolero se destina prioritariamente a sostener la estabilidad cambiaria mediante la intervención del Banco Central de Venezuela, cubrir compromisos operativos de Pdvsa y financiar bonificaciones asistenciales, sin traducirse en una restitución del salario base. De este modo, el Estado abandonó la indexación del salario mínimo a los ingresos fiscales del petróleo para evitar una expansión monetaria que reactive la hiperinflación, trasladando el peso del ajuste sobre el valor del trabajo formal.
Como consecuencia de la restricción fiscal y la necesidad de contener los pasivos laborales de la extensa nómina pública incluida la propia industria petrolera, la política salarial mantiene congelado el salario mínimo mientras concentra los ajustes en asignaciones no salariales. El salario mínimo legal permanece anclado en Bs. 130,00 mensuales desde marzo de 2022, equivalente a menos de USD 0,15 al mes al tipo de cambio oficial, siendo esta la única referencia con incidencia en prestaciones sociales y utilidades. Por su parte, el ingreso mínimo integral indexado se ubica en USD 240,00 mensuales pagaderos en bolívares a la tasa oficial del día, compuesto por el salario mínimo, el Cestaticket Socialista de USD 40 y el Bono contra la Guerra Económica de USD 200 para trabajadores activos del sector público, mientras que los pensionados y jubilados perciben alrededor de USD 70,00 mensuales. Al representar las bonificaciones más del 99 % del ingreso mínimo público y cerca del 60 % en el sector privado, se neutraliza el costo de las prestaciones sociales y jubilaciones que en el pasado eran financiadas con excedentes petroleros.
La estructura salarial refleja una economía fragmentada donde los sectores vinculados a los hidrocarburos y la manufactura operan como enclaves frente al resto del mercado laboral. Mientras el trabajador operativo tradicional de la nómina pública petrolera sufre la misma compresión de escalas que el resto de la administración pública compensada parcialmente con beneficios contractuales y bonos internos, el personal técnico y gerencial captado por empresas mixtas y contratistas internacionales de servicios petroleros percibe paquetes competitivos en divisas que superan ampliamente el promedio nacional. En el resto de la economía, los ingresos base del sector público oscilan entre USD 240 y USD 320 mensuales con mínima diferenciación por nivel académico o antigüedad; el sector privado de comercio y servicios registra un promedio nacional entre USD 280 y USD 300 mensuales; y el sector manufacturero e industrial se ubica entre USD 540 y USD 609 mensuales. Dentro de la empresa privada, los obreros y operarios perciben entre USD 215 y USD 250, los profesionales y técnicos especializados entre USD 340 y USD 520, y la gerencia y alta dirección entre USD 650 y más de USD 1.150 mensuales.
Frente a una Canasta Alimentaria Familiar que supera los USD 760 mensuales, el ingreso mínimo integral cubre apenas el 31 % de los requerimientos básicos de un hogar, evidenciando que la renta petrolera actual resulta insuficiente para restituir el poder de compra histórico del venezolano. A esta insuficiencia se suma una marcada asimetría territorial: las mejores remuneraciones se concentran en Caracas, el eje industrial central de Valencia y Maracay, y núcleos específicos de actividad energética. En contraste, regiones con alto potencial energético o pesquero como el oriente del país en Sucre y Anzoátegui, o el occidente en Zulia y Falcón, registran salarios en el comercio local entre un 20 % y un 45 % por debajo del promedio capitalino, profundizando el multiempleo y la economía informal. Asimismo, la dependencia de la inyección de divisas petroleras en las mesas cambiarias hace que cualquier caída en el flujo de caja de Pdvsa presione el tipo de cambio y erosione de inmediato el valor real de los bonos entre las quincenas.
Marcos Hernández López presidente de Hercon Consultores
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