Al amparo de sus Tribunales Anti-Terrorismo, cuatro jueces improvisados se han dedicado desde el 28 de julio a lo contrario: a sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas, a fin de propinar castigos ejemplarizantes contra quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.