El régimen de Nicolás Maduro desconoce sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el país se persigue por razones ideológicas, se discrimina, se penaliza al opositor y a todo aquel que ose expresar sus ideas, más aún al que proteste, Leopoldo López y las decenas de estudiantes hoy en día en cárceles que dibujan al régimen, totalitario y excluyente, corrupto e ineficaz.
Hoy la práctica de la tortura es frecuente. Es parte de la política del Estado. Se tortura y se infringen tratos inhumanos y degradantes, se ofende sin piedad a los opositores y todo ello, vergonzosamente, sin que el Estado y los órganos de justicia actúen. Un Poder Judicial sin ninguna imparcialidad ni independencia se ha convertido en el brazo ejecutor del castigo de los que disienten. Una Fiscal que les acusa sin fundamento jurídico. Un Defensor del Pueblo que interpreta los derechos humanos, su protección y su promoción, a su manera, siempre en favor del régimen. Todos juntos conforman, diríamos, el sistema de justicia del terror que busca no sólo castigar, si no amedrentar, callar y destruir los que piensen distinto.
Los venezolanos han huido por esas razones y por muchas otras vinculadas con la inseguridad en términos generales, por la miseria, por la falta de futuro. Simplemente porque ante el caos buscan hacer una vida digna. Pero eso no les hace escapar de la mano castigadora del régimen chavista al que poco le importa el derecho de los venezolanos a recibir un trato sin discriminación, incluyente, igual o justo. Tampoco le importa violar el derecho humano que tenemos todos los venezolanos a recibir la protección consular, derivada de nuestra condición de nacional.
Las Oficinas Consulares se han convertido afuera en el brazo castigador de esa diáspora venezolana. Para los venezolanos en el exterior, su mayoría evidentemente demócratas y por ello opositores del régimen, recurrir a las Oficinas Consulares resulta un tormento. Los venezolanos en el exterior son víctimas de las arbitrariedades y de los abusos de esas Oficinas que desprecian sus derechos y que ignoran que el servicio consular como institución es parte de la estructura del Estado que debe funcionar sin criterios de discriminación.
El cierre del Consulado en Miami (Estados Unidos) ha sido quizás una de las aberraciones mayores del régimen. Miles de venezolanos quedaron desprotegidos, obligados a desplazarse a otras ciudades de los Estados Unidos, a veces recorriendo centenares de kilómetros, para ejercer sus derechos y hacer los trámites que como ciudadanos requieren.
El Estado también ha abandonado a sus nacionales en el exterior. No hay forma de exigir que se respeten todos los derechos de todos los que por cualquier circunstancia estamos en el exterior. No sólo somos víctimas del desprecio y de la exclusión que afecta nuestra relación con el Estado y sus instituciones nacionales, sino de la desprotección ante el Estado en el cual somos residentes.
Los funcionarios consulares no interceden por sus nacionales, ni les apoyan ni les representan, simplemente incumplen las normas internacionales, la Convenciones de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 cuya normativa obliga a Venezuela no solamente por ser parte de ella, sino porque esa Convención recoge las normas de Derecho Internacional consuetudinario o general que obliga a todos los Estados.
Los venezolanos tienen el derecho a la protección consular en la forma más amplia y el Estado tiene la obligación de brindarla. No es una dádiva, no es cortesía, es un derecho que haremos respetar. De allí la necesidad de una organización de nacionales que signifique unidad y fortaleza y una representación justa en la Asamblea Nacional, con diputados elegidos por esa enorme comunidad que se ha constituido en el exterior, para que asegure el ejercicio de todos los derechos de todos los venezolanos en el extranjero.
@CarmonaBorjas