El Tribunal de Distrito de Lefortovsky de Moscú sentenció ayer a Sergey Popelnyukhov, un ex senador federal de la región de Belgorod, a 7 años de prisión por malversación de más de 1.000 millones de rublos (17,4 millones de dólares) destinados a la construcción de plantas de fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov en Venezuela, reseñaron varias agencias rusas, entre ellas Tass y Russian Legal Information Agency
Por lapatilla.com
Por otra parte, el tribunal concedió una demanda presentada por la empresa de comercio de armas Rosoboronexport, que exige recaudar 1,14 millones de rublos de Popelnyukhov.
El tribunal encontró que el acusado había elaborado un plan criminal por robar dinero de los contratos en Venezuela
Los fiscales exigieron una pena de prisión de 8 años y una multa de 1 millón de rublos para Popelnyukhov.
De acuerdo con la Fiscalía General, Popelnyukhov malversó 1.100 millones de rublos (17,4 millones de dólares) que su empresa “Stroyinvestengineering Su-848” había recibido de Venezuela para construir plantas para la producción de fusiles de asalto Kalashnikov y municiones auxiliares. El acuerdo se hizo como parte del contrato marco con la empresa de comercio de armas Rosoboronexport.
Los trabajadores rusos involucrados en la construcción de instalaciones industriales en Venezuela reportaron retrasos de largo plazo en los pagos de sus salarios. Esta situación atrajo la atención del departamento del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia responsable de la seguridad en las instalaciones industriales. Los plazos para poner en funcionamiento las instalaciones se pospusieron repetidamente hasta finales de 2015.
La defensa del acusado anteriormente afirmó que las plantas no se construyeron debido a la inflación en Venezuela.
A 11 años de la firma del contrato
El primer contrato para fabricar armamento ruso, bajo licencia en Venezuela data de 2001. Cinco años más tarde, en 2006, se firmó el contrato definitivo entre el gobierno venezolano y la corporación rusa estatal Rosoboronexport para la construcción de una planta para la fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 y otra para la producción de las municiones calibre 7,62×39 mm. Asimismo, con base al contrato, Venezuela transfirió 1,1 billones de rublos y se estableció a la empresa Stroyinvestinzhiniring SU-848, de la cual Popelniujov es director general, como contrista principal para la ejecución de la obra.
Según el periódico Kommersant, el empresario está imputado por un robo de 1.000 millones de rublos, cerca de 18 millones de dólares. La fábrica, cuyos plazos para iniciar la producción se pospusieron en numerosas ocasiones a petición de la parte rusa, todavía no ha comenzado a funcionar al 100%.
El acuerdo para la construcción en Maracay (estado de Aragua) de una fábrica de fusiles AK-103 y municiones fue firmado por Rusia y Venezuela en el año 2006. En agosto de 2007, el entonces director de la compañía estatal Izhmash (que ahora forma parte del consorcio Kaláshnikov) Vladímir Grodetski, anunció que estaba previsto iniciar la producción en la fábrica venezolana entre el cuarto trimestre de 2009 y el primer trimestre de 2010. Sin embargo, los plazos fueron postergándose en varias ocasiones. En 2012, la fábrica estaba lista en un 60 %.
En diciembre de 2014 el vice primer ministro Dmitri Rogozin reconoció que en la construcción de la fábrica se habían dejado pasar ciertas “extrañas incidencias” y prometió investigar las causas del retraso, así como cambiar la empresa adjudicataria.
De acuerdo a lo informado por el diario ruso Tass, Popelnyuhov transfirió el dinero recibido del gobierno venezolano a las cuentas de otras empresas bajo su control, que están en una situación financiera difícil. Como resultado, éstas pagan a los acreedores, pero la falta de fondos ha afectado el ritmo de construcción en Venezuela.
Por otra parte, indica Kommersant, los trabajadores involucrados en la construcción, rusos e inmigrantes de las ex repúblicas soviéticas, escribieron una carta al presidente Vladimir Putin reclamando el atraso de sus salarios y que no tenían dinero para salir de Venezuela y regresar a su casa. Sin embargo, aparentemente, esta situación ha cambiado luego de la visita de Rogozin a Venezuela en diciembre pasado.
La planta de fusiles de asalto que se construye en Maracay tiene previsto producir 25 mil AK-103 al año. Cabe recordar, además, que en mayo de 2005, Venezuela concretó la compra de 100 mil fusiles Kalashnikov AK-103/AK-104, para introducirlo como fusil de asalto de uso común en la Fuerza Armada Nacional en reemplazo del F.N. FAL 7,62×51 mm. La orden comprendió, además de los accesorios (cargadores, bayonetas), 74 millones de cartuchos calibre 7,62×39 mm, 2 mil juegos de repuestos, 50 juegos de calibradores, 2 mil manuales de empleo y cinco simuladores unificados para entrenamiento de tiro con fusil, reseña el portal Infodefensa
La reputación venezolana y rusa por el piso
En junio de 2015, preguntado sobre si la planta en Venezuela podría entrar el funcionamiento para 2019, El director general adjunto del Instituto de Estrategia Nacional de Rusia, Alexander Kostin, declaró para RBTH que ”
Construir en tres años una fábrica de este tipo es una tarea muy ambiciosa. Si tenemos en cuenta el hecho de que no se trata únicamente de una fábrica de armas, sino además de una fábrica de munición, la situación no hace más que empeorar. Cabe señalar que ninguna empresa de la Rusia postsoviética posee experiencia en la construcción de fábricas de munición. Además, debemos considerar otro factor importante: la preparación y la formación de los trabajadores y los ingenieros. Esto también llevaría como mínimo medio año. Por esta razón tengo serias dudas de que el proyecto de Venezuela pueda terminarse pronto”.
“La construcción de la fábrica y su puesta en funcionamiento, según los estándares estadounidenses, implica entre tres y cinco años de trabajo si se construye desde cero. Hay que preparar la infraestructura: la ventilación, la electricidad, construir el almacén etc. En este tiempo se incluye el periodo de ajustes, que ocupa de seis meses a un año y es un trabajo muy intenso. Es cuando se ponen en marcha los ensayos de armamento, y hay una porcentaje algo de productos defectuosos. Todo esto hay que corregirlo después”, explica Kostin.
Según Alexander Kostin, únicamente se logrará resolver esta situación si se exigen responsabilidades personales por la realización de este proyecto.
“La situación actual en Venezuela está muy agitada, y si cambia el gobierno, quienes remplacen al gobierno de Maduro podrían interferir en la situación e iniciar un proceso penal por el incumplimiento de los plazos. Esto podría tener unas tristes consecuencias para Rusia”, declara Kostin a RBTH.
Rusia ha está perdiendo reputación. Venezuela esperaba de esta fábrica 800 nuevos puestos de trabajo, la posibilidad de exportar fusiles Kaláshnikov a terceros países e iniciar su propia producción. Por ejemplo, allí esperaba poder fabricar los rifles de francotirador Catatumbo, una producción 100 % nacional. Ahora los planes de desarrollar su propio complejo industrial militar se encuentran amenazados.
Ocho ministros de la defensa en 11 años de contrato
Desde la firma definitiva del contrato en el año 2006, 8 han sido los ministros de la defensa de Venezuela, en los gobierno de Chávez y Maduro.
Ante los retrasos en la construcción de la planta, el impago a los trabajadores, ninguno de ellos, sobre todo a partir del año 2009, primera fecha prometido para la culminación de los trabajos, denunció ante las autoridades nacionales, como Asamblea Nacional, Fiscalía y Contraloría General los no cumplimientos de la empresa estatal rusa Rosoboronexport y de la principal contratista Stroyinvestengineering Su-848, del ahora sentenciado ladrón Sergey Popelnyukhov
Sentenciado en Rusia el ladrón en Venezuela
La sentencia del tribunal Tribunal de Distrito de Lefortovsky de Moscú, resarce los intereses de Rosoboronexport por el robo de su contratista Stroyinvestengineering Su-848, por el contrato entre ellos firmado en Rusia.
Pero de ninguna manera hace justicia en el monumental desfalco que ambas empresas rusas cometieron en Venezuela.
Cabe señalar, finalmente, que las autoridades venezolanas no han hecho, a la fecha, pronunciamiento alguno sobre el caso. (lapatilla.com)