Durante muchos años se discutió si las medidas económicas tomadas por los gobiernos de Chávez y Maduro respondían a un modelo propiamente dicho u obedecían más bien a improvisaciones y a la ignorancia del eterno. Un petróleo rozando los $100/barril admitía, sin duda, muchas liberalidades. Otros opinaban que se trataba de imponer progresivamente el comunismo, por lo que su intención era política: de ahí la dificultad de apreciar una racionalidad económica. Pero ahora que han bajado las aguas de la bonanza petrolera, emergen elementos de un modelo económico claramente distinguible. Pero muchos se niegan a percibirlo como tal porque su fin no es el mayor bienestar para la población -fin o deber ser de lo económico- sino maximizar la participación en el producto social de quienes detentan el poder.
El modelo sirve a una nueva oligarquía atrincherada en los nodos de decisión del Estado o en posiciones privilegiadas para negociar con él. Esta oligarquía tiene carácter binacional, pues incluye a quienes están al frente del estado cubano, beneficiarios privilegiados de la depredación sobre Venezuela. Los medios para alcanzar sus fines no tienen que ver con la salud del aparato productivo interno ni con la capacidad de optimizar el intercambio con el resto del mundo. Es decir, el modelo no persigue que la economía crezca, ni que pueda importarse lo requerido para aumentar el consumo y la producción domésticos. De ahí su aparente desafío a la lógica económica. Persigue, más bien, la destrucción de los mecanismos de mercado y de las salvaguardas del Estado de Derecho que regulan lo económico, con la intención de sustituirlos por decisiones burocráticas. Éstas suelen ser tomadas con discrecionalidad en respuesta a la dinámica de intereses de quienes detentan posiciones de poder. Mecanismos impersonales, institucionales, para el manejo de la cosa pública son así reemplazados por mecanismos que dependen de relaciones personales con quienes ocupan cargos en la estructura de mando.
El desmantelamiento del Estado de Derecho, la falta de controles y la inexistencia del equilibrio de poderes autónomos, tienen la función de permitir que verdaderas mafias compitan o se coordinen entre sí -dependiendo de las circunstancias- para esquilmar cotos particulares de la economía. Con ello se ha venido asentando una economía de expoliación por parte de la oligarquía, al margen del proceder institucional de la administración pública y de la ley. El problema está en que ese modelo destruye capacidades productivas y empobrece aceleradamente al venezolano. Es, en este sentido, un modelo suicida, la del parásito que mata a su huésped pero que, en el ínterin, se atiborra. Algunos de los mecanismos utilizados para parasitar a la nación se describen en el anexo.
El modelo no es transparente respecto al manejo de recursos, ni los que toman decisiones rinden cuentas de ello. Su elemento articulador es la corrupción. Para no experimentar contratiempos, requiere de un poder judicial cómplice y de medios de comunicación sumisos, que no den cabida a posturas críticas o a denuncias sobre corruptelas. Además, presupone despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes de investigación y de control sobre el Ejecutivo.
La oligarquía, a través del gobierno de Maduro, ha tenido bastante éxito, hasta ahora, en “coronar” tal estado de cosas. Con ello ha podido conformar un Estado Patrimonial o Patrimonialista (el concepto es de Max Weber), en el cual se disuelve la frontera entre el patrimonio público y su patrimonio privado. Es decir, ha privatizado la cosa pública, ¡pero en nombre del socialismo! Pero este modelo económico excluyente genera rechazo, sobre todo en momentos de crisis como el actual. De ahí el interés en construir una falsa realidad, color de rosa, a través del control hegemónico de los medios de comunicación. Pero, a pesar del abuso que se hace de ellos con fines propagandísticos -a lo Goebbels-la mayoría de la población cree cada vez menos en Maduro o en los demás personeros del régimen. Por ejemplo, el gobierno pregona a los CLAPs como una “conquista del pueblo”, un “triunfo de la revolución”. Pero en la encuesta Venebarómetro de febrero, solo 10,4% de los consultados manifestó que deben mantenerse los CLAPs como mecanismo de distribución de alimentos; 88,7% claman porque se abastezcan los mercados para poderlos comprar libremente. Como la propaganda no da los resultados esperados, se apela a la represión. Aparece el terrorismo de Estado, con tribunales abyectos que criminalizan la protesta y la denuncia, y una policía política (Sebin) que persigue a líderes opositores.
Sin apoyo militar no podría sostenerse el régimen oligárquico. Su popularidad apenas roza el 20%, cuando mucho. Es decir, a falta de apoyo político, su principal y casi único sostén es castrense. De ahí la importancia de poner a militares en cargos en los que las oportunidades para el enriquecimiento ilícito sean muy tentadoras con la finalidad de hacerlos partícipes del régimen de expoliación implantado. Custodian el tráfico de bienes tras fronteras y a través del territorio nacional; acompañan al SUNDDE en la requisa de negocios de todo tipo; monopolizan la importación y distribución de alimentos y medicinas con la Misión Abastecimiento Soberano; poseen bancos, empresas fabriles, agropecuarias, de transporte, televisión y de construcción; manejan la compra de armamentos; y tienen presencia en la Directiva de PdVSA. Ahora, disponen de una empresa, Camimpeg, para intermediar en el otorgamiento de concesiones petroleras y mineras. En fin, se les ha puesto al frente de casi todos los mecanismos descritos en el anexo, exentos de ser interpelados por la Asamblea Nacional y fuera del escrutinio de la prensa independiente. A pesar del discurso contra la corrupción, la intención del gobierno no es evitar que los que tengan responsabilidades sobre estos asuntos caigan en ella, sino al contrario, hacerlos cómplices de la economía de expoliación para comprometerlos con la defensa del Estado Patrimonial.
El modelo económico excluyente y despótico de la oligarquía cívico-militar es incompatible con la democracia. Restablecer las garantías del Estado de Derecho, acabar con el gasto discrecional y sin control, unificar el tipo de cambio y levantar los controles para liberar a las fuerzas productivas, liquidaría al modelo. De ahí la ofensiva ideológica “socialista” para satanizar estas propuestas. Pero como no logra convencer a las mayorías de las bondades de políticas “revolucionarias” que las han condenado a la miseria, termina cumpliendo otros dos propósitos. En primer lugar, fanatiza a la minoría que sigue a Maduro para transformarla en una secta, impermeable a toda crítica externa, unida como un solo hombre para el combate cuando él diga. Para ello, han transformado al difunto eterno en una especie de deidad para hacer del credo chavista una suerte de fe: sus proclamas son verdades reveladas que no se discuten. Deben ser cumplidas. El segundo propósito es aislar a los depredadores del país de la dura increpación del mundo real que los rodea. Repetir una y otra vez los mismos disparates termina tranquilizándoles la conciencia; los somete a una especie de sopor fantasioso en el que las únicas referencias sobre el deber ser son los clichés en que se ha transformado el ideario “revolucionario”. Ello explica la inusitada crueldad en no rectificar sus políticas, a pesar del hambre, la malnutrición y las muertes que han engendrado. Les rueda la suerte de los venezolanos cuando, en su imaginario, la Historia los absolverá. En fin, la discutida banalidad del mal de la que habló Hannah Arendt. Aislados en una burbuja de fantasías complacientes, el discurso repetitivo que los retrata como campeones del pueblo contra la opresión ejerce la función de bálsamo moral, condonando sus maldades. ¡Hasta el punto de que algunos llegan a creérselo!
Ahora Maduro, declara la “guerra del pan”, emulando a su verdadero padre político, Benito Mussolini, quien, en 1925, declaró la “guerra del trigo” para hacer a la Italia fascista autosuficiente en pan (y pasta). Porque, igual que Il Duce, la lucha política es, en su imaginario, una guerra. De ahí el lenguaje de batallas, de unidades de combate y la entrega del país al control militar. De ahí la idiotez de seguir denunciando una “guerra económica” contra la “revolución” (¡!). Insiste en los CLAPs y la Tarjeta de la Patria, no como mecanismo idóneo de distribución de alimentos -que no lo son-, sino como mecanismos para el control social. De ahí también las campañas de odio a través del discurso maniqueo para alentar el conflicto final, violento, que busca aplastar a la disidencia. Y para encubrirse, se la pasa acusando a la oposición de fascista (¡!). Proyección sicológica, sin duda alguna.
ANEXO
Mecanismos instituidos para expoliar la riqueza social:
1. El control de cambio. El monopolio y racionamiento de la oferta de divisas por parte del Estado a precios ridículamente bajos, generan posibilidades de lucro espectacular a través del arbitraje. La cotización del dólar paralelo ha estado oscilando en niveles entre 28 y 44 veces la tasa oficial DIPRO. Quien tenga acceso al dólar regalado puede multiplicar sus bolívares por esa magnitud en un santiamén.
2. Los controles de precio. Propician el desvío y reventa de bienes subsidiados a precios varias veces superior, además de ofrecer oportunidades para la extorsión y el decomiso.
3. El monopolio de la importación y distribución de alimentos y medicinas. Ante la ausencia de transparencia, de rendición de cuentas y anulado el control de la representación popular a través de la Asamblea Nacional, la tentación de desviar muchos de estos productos para comercializarlos directamente a precios más altos, es inmensa.
4. Leyes punitivas como la Ley de Tierras, de Precios Justos y de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que proveen amplias oportunidades de extorsión y de confiscación por parte de los encargados de administrarlas y/o hacerlas cumplir.
5. El custodio de las fronteras. Ofrece oportunidades muy tentadoras para contrabandear gasolina y productos subsidiados a países vecinos, asociándose para ello con mafias o ejerciéndolo directamente.
6. La provisión de servicios y/o derechos. Se trata de la vieja y perniciosa práctica, no inventada por el chavismo, de cobrar por incluir a ciudadanos en la pensión de vejez, en algunas misiones (vivienda, transporte), en el otorgamiento de las cajas CLAPs y en el disfrute de otros derechos.
7. El manejo de fondos públicos. La ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, y las complicidades a distintos niveles, permiten a funcionarios inescrupulosos meter la mano a partidas presupuestarias, cajas de ahorro o a los numerosos fondos, con casi total impunidad, siempre y cuando defiendan agresivamente al gobierno de Maduro y la “revolución”.
8. El lavado de dinero. Los malabarismos hechos con los dineros mal habidos para poderlos disfrutar pueden leerse en el libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre, El Gran Saqueo.
9. El tráfico de drogas. Son demasiadas las denuncias que señalan complicidades al más alto nivel para el uso de instalaciones públicas y/o en el amparo y protección del tráfico de estupefacientes a través del territorio nacional para ser exportados a los países consumidores.
Solo se podrán acabar con estas lacras con la restitución del Estado de Derecho, la existencia de poderes públicos autónomos que controlen el gasto público -en primer lugar, la Asamblea Nacional- y de un Poder Judicial independiente capaz de sancionar a quienes incurran en estas prácticas, la presencia de medios independientes que investiguen y denuncien estas corruptelas, y con la implantación de una economía abierta, en competencia, sin los controles que promueven la especulación y asfixian la actividad productiva.
Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, [email protected]