Los países miembros de la OEA se reunirán el martes para discutir la aguda crisis política y económica que atraviesa Venezuela, un encuentro que podría aumentar la presión regional sobre el Gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, reseña Reuters.
A solicitud de 18 países, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión para “considerar la situación” de Venezuela, luego de que su secretario general exigiera elecciones y la liberación de presos políticos para evitar su suspensión del organismo.
Pero desde que Luis Almagro pidiera la sanción sobre el país petrolero, 14 de los miembros del mayor organismo regional -incluidos Estados Unidos y Canadá- aseguraron que antes de acatar la propuesta del ex canciller uruguayo, deberían agotarse todos los esfuerzos diplomáticos.
Estados Unidos reiteró el martes que no buscará la suspensión inmediata de Venezuela del organismo y Uruguay se hizo eco de esa postura.
No está previsto que la reunión en Washington produzca una exclusión. El Gobierno de Maduro pidió enérgicamente que no se realizara el debate con el argumento de que Almagro estaba siendo influido por la política hostil de Estados Unidos hacia Venezuela.
“La reciente reconfiguración del panorama político latinoamericano significa que los esfuerzos para hacer frente a la crisis (venezolana) gozan de un impulso creciente”, dijo Nicholas Watson, de la consultora Teneo Intelligence, aludiendo a la llegada al poder de gobiernos de centro o centroderecha en Sudamérica.
“Sin embargo, la sesión probablemente no cambiará nada, aunque ayudará a aumentar la presión regional contra Maduro y evitará un giro total hacia el autoritarismo absoluto”, agregó.
La oposición venezolana y diversas organizaciones han denunciado que el Gobierno de Maduro se ha convertido en una dictadura que apresa a sus críticos y que se ha negado a recibir donaciones de alimentos y medicinas escasos en el país.
Sin embargo, no ha sido sino hasta las últimas semanas cuando los países de América han endurecido su posición contra la administración del sucesor del fallecido Hugo Chávez.
“Traición a la Patria”
En tanto, en las calles de Caracas cientos de personas se congregaban desde la mañana en una llamada “marcha antiimperialista” en apoyo al Gobierno y en contra de la OEA, en un evento en el que está prevista la participación de Maduro.
La oposición venezolana, que ha apoyado los esfuerzos del organismo, denuncia que el Gobierno socialista ha secuestrado las funciones de la justicia y cercenado las actuaciones del Parlamento dominado por los adversarios de Maduro.
El árbitro electoral suspendió en octubre del 2016 la convocatoria a un referéndum revocatorio del mandato presidencial.
Y el martes, el máximo órgano judicial publicó una sentencia en la que recomendó al poder público investigar a los diputados opositores por el delito de “traición a la patria”, por haber aprobado la semana pasada un acuerdo en apoyo a la convocatoria del Consejo Permanente para revisar el caso del país.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también “limitó” la inmunidad parlamentaria, argumentando que no será “compatible” frente a ilícitos constitucionales y penales.
La oposición sostiene que Maduro es el principal responsable de la crisis en su país -que sufre la inflación más alta del mundo, recesión económica y escasez-, pero el mandatario asegura que los culpables son los bajos precios del crudo y sus opositores, que libran una “guerra económica” contra Venezuela.
Para que el Gobierno quede suspendido de la OEA, dos tercios de las 34 naciones que la integran deben votar a favor de la medida que acarrearía no sólo un aislamiento político, sino un cese del financiamiento multilateral.
Pero el Gobierno de Maduro ha recibido la simpatía de gran parte de los países del Caribe y Centroamérica, a los que apoya con venta de crudo en condiciones preferenciales, y de aliados izquierdistas como Bolivia y Ecuador.
Por Diego Oré y Eyanir Chinea/Reuters