Faltan 31 días para que en Venezuela suceda lo que tenga que pasar. A cuatro semanas, el régimen de Nicolás Maduro propicia el caos. El martes pasado, desde le Poliedro de Caracas, pronunció en cadena nacional que “ellos [el régimen] son la única opción de paz que tiene Venezuela…”, y amenaza: “lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”. Una amenaza que supone un fracaso en el proceso de elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el próximo 30 de julio. Por ello, Maduro busca desesperadamente motivar a sus seguidores con alegorías guerreras para que no lo dejen “solo solito” en las próximas elecciones. Porque sabe que todos los estudios de opinión a principios de este mes revelan un altísimo rechazo a la ANC.
Según las empresas Datanalisis y Flash Nacional 800, 7 de cada 10 venezolanos y 9 de cada 10 venezolanos están en total desacuerdo con la ANC, respectivamente. En el estudio de Datanalisis, 41% de los encuestados consideran que “la ANC le dará más poder a Maduro para mantenerse en el poder”. Y la narrativa que “la ANC garantiza la paz y la estabilidad del país”, sólo la creen 2 de cada 10 venezolanos.
Con estos pésimos resultados, el régimen de Maduro promueve un escenario de anarquía a través de saqueos ordenados, actos vandálicos a instituciones del Estado, y linchamientos planificados, para responsabilizar a la oposición por la invocación del artículo 350 de la Constitución la semana pasada. Lo que le permitiría al régimen de Maduro tomar medidas extraordinarias para doblegar a la resistencia civil, que lleva casi 3 meses en la calle.
Por otro lado, la pugna interna dentro del oficialismo (chavismo vs. madurismo) por la Constituyente genera acciones como la que ocurrió anteayer. Cuando un helicóptero robado por funcionarios de la Policía Científica (CICPC) sobrevoló y abrió fuego contra las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al no ocurrir un “supuesto golpe militar”, el gobierno lo convirtió en un “acto terrorista” para relacionarlo con la oposición.
Ese hecho le permitió al ala madurista del oficialismo dar un “golpe blando” a la máxima autoridad del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz. Al otorgarle las mismas funciones al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, con una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ -un acto similar realizó esa misma Sala el 30 de marzo, cuando transfirió al TSJ las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN). En esta ocasión, el TSJ busca “suprimir” -de alguna manera- las labores de la Fiscal, aunque el Defensor del Pueblo declaró que no asumirá funciones del Ministerio Público.
Otro objetivo atacado anteayer por la facción madurista fue el Mayor General Miguel Rodríguez Torres a quien se le ordenó la detención, según informó en su cuenta twitter la periodista Elyangelica González. Rodríguez Torres se vio obligado a salir del silencio al vincularlo con la CIA, y amenazó con publicar videos que revelaría vinculados al caso del narcotraficante Walid Makeld.
El Center for Strategic & International Studies (CSIS) presentó, en un estudio reciente, cuatro escenarios sobre el futuro de Venezuela. El primero lo llama “aterrizaje controlado”, en el cual la oposición y el chavismo convienen. Se convocan a elecciones generales e inicia un proceso de reinstitucionalización del Estado. El segundo es denominado “profundización del experimento bolivariano”. En ese escenario se instala la ANC, Maduro gobierna con mano de hierro, la resistencia civil se desarticula, y parte de la oposición política pasa a la clandestinidad. El tercer escenario es “un régimen militar provisional o perpetúo”. Consiste en un golpe de Estado por parte de los militares, toman el control del gobierno y el poder ejecutivo. O eventualmente transfieren el poder a los partidos políticos en una transición controlada, permitiendo la reforma institucional, la reconstrucción nacional, y unas elecciones democráticas. El cuarto escenario, lo nombra “conflicto civil y colapso nacional”. Este es el “peor escenario” porque los actuales factores internos de polarización de la inestabilidad conducen a un conflicto armado, a un colapso nacional completo, a un caos total y a una alta pérdida de vidas.
Sin embargo, por la dinámica actual el último escenario parece aumentar en la probabilidad de producirse por:
-la conflictividad que vive el oficialismo, en el que confortan la Fiscal, -“defenderé la democracia y la Constitución con mi vida, lo juro”- y la Sala Constitucional, que actúa como verdugo del Estado de derecho y orden constituido;
-una comunidad internacional maniatada para obligar al régimen de Maduro a celebrar elecciones, liberar los presos políticos, permitir la ayuda humanitaria y respetar la Constitución;
-una resistencia civil inagotable con su grito de guerra “quienes somos Venezuela queremos libertad”; y
-la situación en los mandos medios de las fuerzas armadas.
El discurso de Maduro, “lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”, lo demuestra.
A 31 días del desenlace, todas las fuerzas democráticas deben intervenir con la fuerza necesaria para evitar la consolidación de un Estado mafioso en el Continente.
Antonio de la Cruz
Director Ejecutivo de Inter American Trends