La Organización de los Estados Americanos (OEA) abre este jueves dos meses de audiencias públicas en las que un grupo de expertos determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI), reseñó EFE.
Esta es la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad de este tipo, explicaron a Efe fuentes de la organización, y lo hace a iniciativa de su secretario general, el excanciller uruguayo Luis Almagro.
El diplomático, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, sorprendió a los Estados miembros de la OEA en julio con el anuncio de las audiencias y el nombramiento del ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012) como su asesor especial para crímenes de lesa humanidad.
El abogado argentino, que no cobra por este trabajo, estará al cargo de las sesiones y será, por tanto, quien modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes.
En las dos primeras audiencias programadas, para mañana y el viernes, se escucharán los testimonios de representantes de la sociedad civil y de militares exiliados, respectivamente.
En representación de la Secretaria General estará Néstor Méndez, adjunto de Almagro, quien se encuentra de viaje de trabajo en México.
La “unilateralidad” con la que Almagro dio el paso de organizar estas audiencias ha provocado “inquietud” e incluso “malestar” entre los embajadores en la OEA, que se quejan de que, “una vez más”, no se les consultó antes, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas de varias misiones.
Además de la “sorpresa”, los embajadores -incluso los de países muy críticos con Maduro- cuestionan que la OEA sea el foro adecuado para analizar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Algunos apuntan a que, en cualquier caso, debería ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -órgano autónomo de la OEA- la que se ocupe de este tema, mientras que otros creen que buscar crímenes de lesa humanidad es “quizás forzarlo demasiado”, según varias fuentes diplomáticas consultadas por Efe.
La misión de Venezuela en la OEA denunció la iniciativa el martes ante el Consejo Permanente y en una nota a los medios de comunicación, al considerar que es “una actividad de propaganda con fondos desconocidos para agredir a un Estado miembro”.
La legación quiere saber quién financiará los gastos que acarreen las audiencias, por ejemplo el pago de traductores, además de con qué fondos viajarán a Washington los venezolanos que denunciarán al Gobierno en la organización.
Fuentes de la OEA explicaron a Efe que no se usarán fondos de la organización -que aportan los Estados miembros- para las audiencias, sino que se emplearán “fondos externos y voluntarios”, sin precisar más al respecto.
Las sesiones se celebrarán en el gran salón de actos de la OEA, el Salón de las Américas, donde se dispondrán cuatro mesas formando un cuadrado: una para Ocampo y la Secretaría General, otra para los denunciantes y dos para los representantes de los Estados miembros.
A la misión de Venezuela se le ha enviado la misma invitación que al resto de delegaciones, según explicaron a Efe fuentes de esa legación.
Es decir, se les ha convocado a escuchar las audiencias pero no a participar o defenderse de las acusaciones.
En cualquier caso, los representantes venezolanos no acudirán porque no quieren “validar” algo que consideran “ilegal”, indicaron.
Las siguientes sesiones no están aún programadas, pero antes del 30 de octubre un panel de expertos, que aún no está configurado, analizará la información obtenida, indicaron a Efe fuentes de la OEA.
Si Ocampo y el resto de expertos concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hacen alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma.
Si lo hacen uno o varios Estados tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera “comunicación” (algo que puede presentar cualquier persona o institución), sino de una “referencia” (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).
Con una “referencia”, la Fiscalía de CPI debe abrir, automáticamente, un examen preliminar, explicaron a Efe fuentes de La Haya.
No hay precedente de que un Estado haya presentado una “referencia” contra otro en la CPI, precisaron las mismas fuentes.