Un portavoz de la policía española afirmó que Nervis Villalobos, ex viceministro venezolano de energía, fue arrestado con una orden estadounidense por su presunta participación en un importante plan de soborno relacionado con la petrolera estatal venezolana, Pdvsa.
España investigaba a Villalobos presuntas operaciones de lavado de dinero hechas a través de la extinta entidad portuguesa Banco Espirito Santo. El que fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela a las órdenes de Hugo Chávez entre 2001 y 2006 está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales, publica El Mundo.
Villalobos, que reside en Madrid, ya fue investigado en otro juzgado madrileño por el caso Banco Madrid por el mismo delito -de hecho, la causa sigue abierta-. En esta ocasión, el procedimiento se abrió inicialmente en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente, la juez Carmen Lamela se inhibió a favor del juzgado 41 al considerar que el caso era competencia de un juzgado ordinario. Dentro de esta investigación secreta, la juez Lamela ordenó el pasado 22 de junio el registro de la vivienda de Villalobos.
La justicia española investiga ahora presuntas operaciones financieras realizadas por diversos ciudadanos venezolanos detectadas por la Fiscalía de Portugal. En cuanto a las operaciones de Villalobos -que también fue presidente de la estatal Cadafe (Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico) entre 2003 y 2006-, se produjeron cuando ya no ocupaba un cargo público en el Gobierno de Chávez.
Los hechos investigados le señalan como uno de los beneficiarios de fondos de procedencia presuntamente ilícita transferidos por el Espirito Santo desde Suiza al Es Bankers Dubai -propiedad en un 95% del banco portugués-. En concreto, a Canaima Finance, una sociedad controlada por el ex viceministro.
En total, Villalobos recibió 18 millones de euros en poco más de tres años -entre el 20 de noviembre de 2009 y el 21 de febrero de 2013-, según informaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación. La empresa Canaima también recibió dinero de Zyrcan Harthan Corporation, sociedad considerada un vehículo del Grupo Espirito Santo, domiciliada en la Islas Vírgenes Británicas. En concreto, 80.795 euros.
La investigación apunta a que los 18 millones terminaron llegando al extinto Banco Madrid procedentes, precisamente, de una cuenta vinculada al Grupo Espirito Santo, según fuentes de la investigación.
Este diario se puso en contacto con el abogado del ex viceministro para conocer su versión de los hechos. Manuel Varela, socio en Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, justificó los ingresos advirtiendo de que «a partir de 2009, como empresario privado, generó algunos negocios para el Banco Espirito Santo y recibió compensación por ello».
«Las autoridades portuguesas están investigando a ex directores del Grupo Espirito Santo a raíz de la caída de ese grupo bancario», resaltó Varela, que reconoció, no obstante, que «en el contexto de esa investigación se registraron varias propiedades de numerosos individuos en varios países, entre ellos el domicilio de Villalobos en Madrid». «Nervis Villalobos está dispuesto a cooperar con la justicia española», precisó.
La investigación arrancó después de que la Fiscalía portuguesa detectara presuntos pagos ilícitos realizados por Espirito Santo a ciudadanos venezolanos, tras inversiones de dinero público hechas por empresas estatales de Venezuela en la entidad portuguesa en los años previos a su quiebra, entre 2009 y 2013.
En concreto, la petrolera estatal PDVSA y sus filiales Carbozulia, PDVSA Finance, PDV Insurance y Corpoelec -filial de Cadafe-, así como el Banco del Tesoro de Venezuela, el Banco del Comercio Exterior (Fonden) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). En total, estas sociedades llegaron a generar, en intereses, más de 216 millones a Espirito Santo.
La Fiscalía de Portugal, que requirió ayuda a otros países para avanzar, considera que la mitad de esas ganancias fue transferida a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, propiedad de los ciudadanos venezolanos responsables de las empresas públicas. En concreto, más de 100 millones de euros.
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