Los abogados especialistas en deuda pública Lee C. Buchheit y Mitu Gulati elaboraron un documento en el que analizaron una posible restructuración de la deuda de la República bolivariana de Venezuela, publica Infobae.
La reestructuración de la deuda externa de Venezuela centralizaría todas las obligaciones en cabeza de la República. ¿Cómo?, ofreciendo un canje de deuda: títulos nuevos para ser intercambiados por los instrumentos de deuda pendientes de PDVSA (bonos y pagarés).
Así, estos nuevos bonos serían posteriormente reestructurados junto con la demás deuda pendiente en ese tipo de instrumentos que tenga el país caribeño.
El canje contemplaría los 25 mil millones de dólares de deuda en bonos pendientes de PDVSA y pagarés independientes (free-standing) sometidos a la jurisdicción de Nueva York que la petrolera estatal emitió para pagar sus obligaciones con proveedores no canceladas. La estimación del total del monto de emisiones de pagarés ascendería a los 14.000 millones de dólares.
Pero para que el canje le sea fructífero al régimen de Maduro, debe lograr un alta adhesión. Y para presionar a los holdouts cuenta con una excepción a la cláusula de prenda negativa que prohíbe a PDVSA cualquier maniobra sobre los activos que pudiera perjudicar la garantía para los tenedores de bonos.
Esa excepción figura en el apartado de “Gravámenes Permitidos” que lo habilita a prendar activos a favor del gobierno de Venezuela para garantizar pagos bajo “cualquier acuerdo” entre PDVSA y el Gobierno.
Esta “trampa”, le otorgaría a la República el derecho preferente sobre los activos de PDVSA. Y así, si un acreedor logra una sentencia a su favor en relación a un bono o un pagaré e intentara embargar un activo de la petrolera, o alguna de sus partidas por cobrar, para ejecutar la sentencia y satisfacer su demanda, siempre será precedido por el estado venezolano como acreedor preferente.
Y si el acreedor holdout decidiese forzar la ejecución, el activo se liquidará sujeto al derecho preferente de la República. Por tanto se liquidaría por un valor muy inferior y Venezuela mantendría en todo caso su derecho.
Así, la “trampa” pone a los acreedores ante un dilema: o bien aceptan el canje y se encomienda a una futura reestructuración en la que -seguramente- saldrá desfavorecido; o mantiene sus bonos de PDVSA, acude a los tribunales donde el régimen de Maduro hará valer su poderío de “acreedor preferente” y desvalorizará los activos de la compañía. No importa cuál sea la decisión, saldrán perjudicados.