La Fiscalía General de Arabia Saudí estimó hoy en unos 100.000 millones de dólares los fondos públicos malversados o malgastados por los detenidos en la gran operación contra la corrupción de la semana pasada, que ascienden a 208 personas en total, reseña Efe.
El fiscal general y miembro del Alto Comité Anticorrupción, Saud al Moyeb, informó en un comunicado que, según las investigaciones preliminares, las prácticas ilícitas se extendieron durante décadas y esa suma ingente de dinero fue malversada o malgastada.
Asimismo, detalló que son 208 las personas detenidas por su implicación en casos de corrupción, de las cuales siete han sido liberadas “por falta de pruebas en su contra”, siendo esta la primera vez que las autoridades revelan el número exacto de arrestados.
Al Moyeb reconoció que “hay especulaciones sobre la identidad de estas personas y las acusaciones que se les atribuyen”, y añadió que no se revelarán esos detalles “para asegurar que gocen de las garantías legales plenas ofrecidas por el sistema judicial” en Arabia Saudí.
Además, agregó que “se están recopilando más evidencias” y, mientras tanto, se van a “congelar los fondos personales de los detenidos en virtud de esta investigación”, pero destacó que solo se verán afectadas las cuentas privadas, mientras que las empresas y bancos pueden seguir operando.
El 5 de noviembre, Arabia Saudí llevó a cabo una inédita campaña de detenciones de decenas de príncipes, políticos en puestos claves y grandes empresarios en una purga que, según el reino, responde a una operación contra la corrupción.
La ONG Human Rights Watch denunció ayer las medidas y señaló su preocupación respecto a que “las autoridades saudíes están deteniendo a personas en masa sin explicar las bases de su detención”.
“Mientras los medios saudíes están retratando estas medidas como un movimiento del (príncipe heredero, ministro de Defensa y de Interior) Mohamed Bin Salman contra la corrupción, los arrestos masivos sugieren que podría tener más que ver con políticas internas de poder”, añadió la nota de HRW. EFE