Este domingo se realizará la audiencia de las cuatro personas imputadas por el caso de los 130 niños que iban a viajar a Perú para reencontrarse con sus padres y fueron retenidos el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Los familiares de los niños están frente al tribunal para apoyar a los imputados y esperar el resultado de la audiencia.
Emilio Piñate, padre de una de las niñas que no pudo viajar, considera que la decisión del gobierno de no dejar viajar a los niños es injusta “era la ilusión de un niño” de reunirse con su mamá en Perú.
También Lilibeth Hernández, explicó que los representantes de la Lopna no explicaron por qué los documentos no estaban en regla. A su hijo de 10 años, quien iba a viajar con el grupo, le anularon el pasaporte, y había realizado todos los trámites de salida con un poder que envió su esposo desde Lima. “Yo autoricé que mi hijo viajara, y su padre lo iba a esperar en Perú”, dijo. Asegura que legalizó sus documentos y que el gobierno diga todo eso ahora “no tiene perdón de Dios”.
La abogada Theresly Malavé, defensora de los imputados cataloga que esta acción es una retaliación contra Oscar Pérez Torrez. Aseguró que las autoridades no hicieron las pruebas para determinar si las huellas y las firmas eran falsas, sólo vieron los documentos.
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Los aprehendidos, esposa e hija de Oscar Pérez Torrez, presidente de la Organización Unión Venezolana en Perú, y dos de sus miembros fueron imputados por el Ministerio Público por presunta trata de menores, asociación para delinquir y uso de documentos falsos.
El abogado defensor Carlos Daniel Moreno aseguró en Twitter que los detenidos; Martha Molina, Georgina Pérez, Meudis Bolívar y José Miguel Román, no habían cometido ni participado en ningún delito.
“Son totalmente absurdas las imputaciones realizadas por el Ministerio Público en contra de estos ciudadanos. Se evidencia en las actas que no han cometido delito alguno y en contraste resalta la labor humanitaria y altruista de reunir a hijos y padres que han tenido que emigrar”, escribió.
Ayer, Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, informó que nueve de los permisos de viaje eran fraudulentos.