La concentración exagerada de poder y la manipulación del orden constitucional, en el sistema de gobierno presidencialista, parece ser una constante en América Latina. De hecho, podría afirmarse que la tendencia a la fragilidad de las instituciones políticas en la región es un elemento aparentemente “inmutable”, el cual, lamentablemente nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales; arraigado en nuestra cultura política y con resultados verdaderamente catastróficos.
Los escándalos de corrupción, las continuas denuncias sobre violación de los derechos humanos, la falta de controles civiles con relación al sector militar, el incremento de los niveles de pobreza, y la difusión de la cultura política populista; todo ello parece engranar en un complejo sistema de dominación que se oculta detrás de la fachada de una forma de presidencialismo, pero sin instituciones. El comportamiento colectivo de dependencia y la reducción en las capacidades de la sociedad civil se han transformado en objetivos políticos claves, de esos regímenes autoritarios modernos que encuentran en la ausencia de una cultura política cívica la base de su poder.
La falta de respeto al orden jurídico, con la interposición de la voluntad individual frente a lo que plantea la voluntad política general, muestra el continuo deterioro del modelo de democracia ideal donde el gobierno de las leyes se interpone al gobierno de los hombres. En este sentido, desde las esferas más altas del poder se fomenta el irrespeto a la autoridad de la ley, con amplias repercusiones en la sociedad; principalmente, porque los que nos gobiernan son los mismos responsables de la modelación de las conductas ciudadanas.
Entonces, una mirada al panorama político en el continente, mostrará una forma de ejercicio del poder donde el poder Ejecutivo se arregla a usanzas, sobre la base de un estilo de “convivencia política”, que muestra una contundente brecha entre las Constituciones escritas y las Constituciones reales; esto es, entre el deber ser y lo fáctico. Además, donde el Gobierno será propenso a concentrar sus esfuerzos en aniquilar la separación de poderes, para ser a la vez quien ejecuta, legisla y juzga, sin controles políticos de ninguna naturaleza.
Justamente, es en este marco, que se ha comenzado a reflexionar en el campo de la filosofía política acerca de la marcada tendencia en algunos gobiernos, de incurrir en la práctica del ilegalismo, entendido como una expresión de la sagacidad de algunos grupos con poder para ejercer absoluto monopolio de la ley, forzando la creación de cualquier artilugio siempre que sirva para minimizar a todo factor político antagonista. Así, se acude a determinar qué es lo legal o ilegal según sea el curso de los acontecimientos, del mismo modo en que se castiga, reprime, sanciona y acosa a la disidencia sin ningún control; por tanto, hablamos de un Gobierno administrador de ilegalismos.
El Gobierno de Nicolás Maduro es un claro ejemplo de esa forma de ejercicio del poder, donde una clase política prefiere colocar el interés individual por encima del interés colectivo, generando a la vez un entorno institucional ajustado a sus intereses. Precisamente, Maduro sabe que las sanciones económicas interpuestas a su Gobierno son un resultado de su conducta ignominiosa; pero el aparato mediático que tiene bajo sus dominios ha sido manipulado para cohonestar la realidad, haciendo creer que se trata de un plan orquestado desde el exterior para derrocar a su régimen, cuando se sabe, es una consecuencia directa de sus abusos y arbitrariedades; una situación que nos está llevando al borde, y donde la mayoría de las víctimas son los más vulnerables.
Las democracias a nivel mundial están solidarizándose con nuestro país. Ellas, al igual que nosotros, desean que podamos tener una forma de vida digna, libre y sin opresión. Las naciones del mundo son cada vez más conscientes de los estragos provocados por esa ilusoria ideología denominada “socialismo”; la cual, desde aquí hasta China, se ha convertido en sinónimo de pobreza y miseria, y hoy condena al sufrimiento a millones de ciudadanos.
Estamos frente a un modelo de presidencialismo sin instituciones, donde una entidad fraudulenta quebranta el orden constitucional y otorga poderes a otro poder, sin responder a los controles democráticos; irrespetando de esta manera la voluntad popular. Indiscutiblemente, el proceso de recuperación de nuestra República requerirá de mucha inversión en educación sobre valores, para formar auténticos ciudadanos, tan ausentes y necesarios. A partir de lo cual se plantean los siguientes razonamientos: la velocidad de restauración de nuestro sistema de gobierno será proporcional al nivel educativo que la sociedad pueda adquirir. Pero esa fortaleza institucional sólo podrá venir acompañada de un cambio político estructural; algo por lo cual todavía seguimos apostando.