Tres directivos de la principal empresa pública de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), movieron 60 millones de dólares (48,1 de euros) en Andorra, un país de 78.264 habitantes entre España y Francia donde hasta el pasado año regía el secreto bancario.
Así lo reseña un trabajo de investigación de los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil publicada en el diario El País (España)
Los responsables de le petrolera Luis Carlos de León, Eudomario Carruyo y Francisco Jiménez canalizaron entre 2008 y 2014 sus fondos a través de una madeja de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS
Luis Carlos de León, director de Finanzas de Electricidad de Caracas, una filial de PDVSA, controló entre 2008 y 2013 dos depósitos en la BPA. Sus cuentas movieron 22 millones de dólares (17,6 de euros). Y, desde ellas, se adquirió un inmueble en Venezuela por 3,1 millones de dólares (2,5 de euros), según la Policía de Andorra.
Tras presentarse a la BPA como “abogado corporativo de PDVSA”, De León admitió al banco que sus depósitos estaban vinculados con sociedades instrumentales (sin actividad real), según un documento interno de la entidad.
De León utilizó la institución financiera del Principado para recibir millonarias sumas de jerarcas chavistas. Así, cobró en diciembre de 2008 un total de 5,5 millones de dólares (4,4 de euros) del exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela del primer Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, según la Policía de Andorra.
La Guardia Civil arrestó el pasado octubre en Madrid a De León y a Villalobos a petición de un juez de Texas (EE. UU.) que investiga blanqueo y corrupción en la delegación de compras americana de PDVSA, donde presuntamente se inflaron facturas. El Gobierno español ha autorizado la extradición de ambos a EE. UU.
Por su parte, el ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez manejó tres cuentas en Andorra entre 2010 y 2012. Sus depósitos canalizaron más de nueve millones de dólares (7,2 de euros). Y recibieron 8,2 millones de dólares (6,5 de euros) de Diego Salazar, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez. Salazar fue arrestado el pasado diciembre por corrupción en la petrolera.
Jiménez vació en junio de 2012 sus cuentas mediante transferencias a Suiza, San Vicente y las Granadinas, EE. UU. y Curazao.
Este directivo está considerado por los investigadores una “persona de confianza” del exministro Rafael Ramírez. La Fiscalía de Venezuela anunció el pasado diciembre una investigación contra Ramírez por irregularidades en la compra y venta de crudo.
El tercer ejecutivo de la petrolera estatal que recurrió a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para ocultar fondos fue el miembro de la Junta directiva y responsable de la filial Deltaven, EudomarioCarruyo. Sus depósitos recibieron entre 2008 y 2010 un total de 30,6 millones de dólares (24,5 millones de euros). Una tercera parte de este dinero llegó desde tres empresas controladas por el exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela Nervis Villalobos.
Carruyo se presentó a la BPA como un empresario del sector energético, especializado en planes de ingeniería y obras, y accionista de la firma venezolana Lugo Enterprise.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de PDVSA.
Los tres directivos de la petrolera eligieron para ocultar sus fondos la BPA, una entidad que fue intervenida por las autoridades andorranas en marzo de 2015 por presunto blanqueo de capitales. Con 29.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros –el 20 % de los fondos del Principado-, la institución financiera fue también el banco donde colocaron su dinero los directivos de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que abonó comisiones a altos funcionarios de una docena de países de Latinoamérica a cambio de obra pública.
Junto a De León, Carruyo y Jiménez, la BPA acogió fondos de otros ejecutivos de PDVSA, como la exdelegada en España y Portugal Julia van Den Brule, que abrió una cuenta en 2008 para ocultar tres millones de dólares (2,4 de euros). La exsupervisora de la petrolera en Caracas Íngrid Sánchez González, por su parte, se hizo clienta del banco andorrano para ingresar cinco millones de dólares (cuatro de euros).
La juez de Andorra Canòlic Mingorance investiga desde 2012 la conexión entre el presunto expolio de PDVSA y el cobro de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales a cargo de una red de exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares.
Pagos en Caracas
La red investigada por el expolio de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ordenó a través de cuentas en Andorra traspasos por valor de más tres millones de euros a dirigentes y funcionarios venezolanos.
Diego Salazar, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, fue el más activo en estas transferencias, según la Policía de Andorra.
Desde las cuentas de Salazar salieron 69.300 euros para un alto funcionario de la Policía Municipal de Chacao, Caracas.
El primo del exministro Ramírez también transfirió 160.400 euros al funcionario Hugo R. B., del organismo venezolano Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Otros 115.000 euros de Salazar fueron a parar a la cuenta del exdirectivo de PDVSA Hercilio J. Y 66.800 al depósito de una directora gerente de PDVSA Gas en Colombia.