Recién comienza lo que promete ser una semana de alto impacto en el quehacer político venezolano, luego de que el pasado Jueves se disparara una nueva arremetida en contra de la mayoría opositora por parte de un gobierno desesperado en legitimar unas elecciones en las que ni ellos mismos creen.
Esta vez, la arremetida se disfrazó de zanahoria, quizás hasta acaramelada, y flamantemente entró en escena un cambio de fecha del tan rechazado proceso electoral presidencial posponiéndolo para Mayo, pero no con ánimo de enmendar la plana, sino más bien de huir hacia adelante, agregando dos nuevos y más complejos eventos comiciales, como lo son la elección de Consejos Legislativos Regionales y Concejos Municipales.
Pero exploremos, donde está el detalle, pues conviene sustentar la crítica y ser responsable al concluir porque estas extraordinarias “garantías” aún no son suficientes para salir cual estampida entusiasmada a validar y legitimar un proceso viciado y cuestionable.
Del acuerdo, resalta en primer lugar y de forma altisonante, que a un bando de los firmantes se le etiqueta como “oposición”, en un claro juego que pretende lavar la cara a un gobierno que desde Santo Domingo, cuando firmó unilateralmente su declaración mal llamándola “acuerdo”, insiste en soñar que con su firma la verdadera fuerza opositora legitime lo espurio. En este caso, si bien algunos con cierta razón dudan de la cualidad opositora de los candidatos firmantes del referido documento, lo que si es cierto es que aún siendo estos opositores al gobierno de Maduro, distan años luz de representar a la mayoría de las fuerzas políticas y sobre todo sociales que adversan al sistema político madurista.
La intención que subyace al etiquetar de “oposición” a los candidatos contraparte firmantes, languidece sin embargo al revelarse la mayúscula y descarada confesión sobre como las autoridades electorales han secuestrado la voluntad del pueblo en elecciones amañadas y carentes de transparencia. Así, por ejemplo, encontramos que de los doce (12) “acuerdos” o mal llamadas garantías, los doce (12), si, los doce (12), competen básicamente al Consejo Nacional Electoral o al Poder Ejecutivo y muy poco tienen que ver con la conducta, actitud o compromiso de la verdadera oposición.
Veamos… En su primer punto, el acuerdo habla de proponer la realización conjunta de la elección presidencial con la de los Consejos Legislativos y Concejos Municipales. ¿Depende o ha dependido esta decisión alguna vez de la oposición? Luego, se habla de una propuesta conjunta de solicitar la observación electoral a la ONU. Y cabe preguntarse, ¿no ha solicitado hasta el cansancio la verdadera oposición la observación internacional imparcial desde hace bastante rato y le ha sido sistemáticamente negada? ¿A quién compete aceptar y acreditar la observación? Sigue el “acuerdo”, enunciando la garantía a los candidatos de acceso a medios públicos y privados, incluyendo redes sociales, para lo cual basta preguntarse, ¿quién controla CONATEL? ¿Tiene algún control o potestad la oposición sobre el acceso siquiera a las redes sociales? Claramente no!
Mención aparte, la constituye la oferta de reinstaurar los centros de votación a sus lugares originales, lo cual por una parte pone en evidencia que dichos cambios fueron ilegales y arbitrarios; pero por la otra, pasa por alto el verdadero problema derivado de la migración de los electores a centros distintos a sus espacios naturales. De allí que la reversión no solo debe ser de los centros sino también de los electores a donde naturalmente votan y han votado. Lo contrario es incompleto y no resuelve el problema.
Continúa el “acuerdo” con la oferta de auditorías del proceso limitándolas a los estándares de 2012 y 2015, las cuales si bien al menos existieron, queda hoy claro que siempre fueron insuficientes, pues nunca incluyeron la revisión de los cuadernos de votación; o con la oferta del “oportuno” sorteo de miembros de mesa; pasando con el supuesto retiro de los puntos de apoyo electoral a una distancia de por lo menos 200 metros de los centros de votación, cuando que se recuerde, son únicamente los puntos rojos los que han resultado conflictivos y violatorios de la normativa electoral; continuando con la oferta de apertura del Registro Electoral tanto en Venezuela como en el exterior; o con la oferta de que no haya cadenas de radio y televisión durante la campaña, pero utilizando un lenguaje vago que se aleja de un verdadero lenguaje garantista; y en fin, compromisos adicionales relativos a la seguridad que brindaría el Plan República al buen desarrollo del proceso electoral y al establecimiento de cronogramas adecuados; todo lo cual en simple y llana síntesis, confirma la inmensa confusión de los actores del gobierno en relación a lo que es un acuerdo bilateral donde surgen obligaciones para ambas partes y lo que es simplemente un compromiso unilateral, pues solo a una de las partes es a la que le corresponde hacer algo, en este caso, al Poder Ejecutivo o a su Ministerio Electoral.
La zanahoria la representa entonces este cúmulo de supuestas garantías que no son otra cosa que la traducción de las obligaciones que le corresponden al CNE en virtud de las leyes y la Constitución. Busca así el gobierno dar una excusa a algunos actores políticos que a regañadientes y nariceados se sumaron a la tesis de no avalar la farsa electoral, mostrándoles esta zanahoria para que se lancen a perseguirla y se sumen y caigan en una emboscada cuidadosamente planificada.
Es también una zanahoria, tal como lo fue la convocatoria a la elección de gobernadores, el llamado esta vez a los comicios de Consejos Legislativos y Concejos Municipales, pues mostrándola buscan sacar a flote esa naturaleza instintiva de los actores políticos de ir por el poder, aún y cuando cualquier análisis racional les indique que su triunfo es improbable.
Que quede claro en todo caso que el gobierno ha puesto las zanahorias sobre la mesa debido a la presión que les produce el consenso que hasta ahora ha surgido en la verdadera oposición en torno a no prestarse a la farsa y no caer por tanto en la emboscada electoral. Claman por encontrar la fórmula de legitimar su elección, por lo que toca ahora resistirse a los instintos y evitar no solo ir tras la zanahoria, sino más bien ampliar el consenso e ir al detalle definiendo la hoja de ruta a seguir para alcanzar el cambio…Y cambiaremos!
Castor González
Presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana
(CPFC)
@castorgonzalez