Tenedores de bonos venezolanos que invirtieron miles de millones de dólares y ahora aguardan meses por el pago de intereses han formado al menos un comité de bonistas que busca contratar a un asesor financiero, dijeron casi media docena de fuentes familiarizadas con el asunto, reseñó Reuters.
Los inversionistas comienzan a organizarse para una posible batalla legal por el persistente retraso del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en cancelar compromisos asumidos al emitir unos 50.000 millones de dólares en bonos que están en circulación, en un esfuerzo por ahorrar divisas para la hundida economía que vive por primera vez una hiperinflación.
Los tenedores han tardado en iniciar algún litigio por los incumplimientos de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA desde finales de 2017, en parte porque Maduro no ha dado señales de avanzar en las reformas necesarias para reflotar la economía, algo indispensable para ir a una negociación de deuda posterior.
Un comité se reunió recientemente en Londres y también tendrá un encuentro esta semana en Washington, posiblemente el miércoles, dijeron la mayoría de las fuentes consultadas que solicitaron el anonimato por la confidencialidad del caso.
“Claramente la situación es insostenible”, dijo un inversionista conocedor del caso. “Venezuela está en una situación en la que algo se quebrará de una manera u otra”.
Los acreedores “quieren estar listos para ser parte de la solución”, agregó la fuente.
Otra fuente adelantó que el banco de inversión Houlihan Lockey es el favorito para el puesto de asesor financiero que los acreedores reunidos en uno de esos comités discuten elegir, pero la decisión aún no es definitiva.
Houlihan Lockey no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Por su parte, otro de los consultados apuntó a que varios grupos de acreedores habían creado al menos otro comité, diferente al que está cerca de nombrar a un consejero.
La formación de esos grupos de trabajo y el nombramiento de al menos una firma asesora podrían indicar que los inversores están uniendo fuerzas para una eventual disputa legal contra Venezuela.
Cualquier acción abriría un litigio judicial internacional similar al que por 15 años mantuvo el Gobierno argentino con sus acreedores, tras incumplir con el pago de su deuda soberana a principios de 2002.
El Gobierno de Mauricio Macri terminó por pactar un acuerdo con los tenedores que rechazaron reestructurar sus bonos en procesos previos.
Las fuentes dijeron que es poco probable que ocurra una ofensiva hasta después de las elecciones presidenciales en Venezuela, adelantadas para el 20 de mayo, en las que Maduro podría conseguir ser reelegido, una vez que la coalición de partidos opositores se retiró de la contienda denunciando la falta de condiciones imparciales y transparentes.
“Creo que la idea es estar preparados para lo que sea que venga después de las elecciones”, dijo una de las fuentes al hablar sobre la reunión en Washington. “Es mejor compartir información”.
Él y otras fuentes aseguraron que es posible que varios fondos de inversión, incluidos los que suelen asumir una actitud más agresiva hacia Venezuela, puedan eventualmente unirse a esos grupos donde por ahora son mayoría los inversionistas institucionales.
Grandes fondos
El comité de acreedores que está a punto de nombrar un asesor cuenta con 12 de los 15 mayores tenedores de deuda venezolana, según dos fuentes familiarizadas con el tema.
Entre los que han invertido más en papeles del país sudamericano se incluyen el administrador de activos del Reino Unido Ashmore Group, BlackRock Inc, T. Rowe Price Group Inc y Northern Trust Corp.
El Gobierno venezolano y Petróleos de Venezuela (PDVSA) entraron en incumplimiento al demorar el pago de unos 2.300 millones de dólares en intereses por bonos emitidos que suman un total de 52.000 millones de dólares, según datos de Thomson Reuters y consultores financieros locales.
Pero cuando el Gobierno canceló este mes pagos pendientes a inversionistas del bono PDVSA 2022, que adquirió en su mayoría Goldman Sachs Group Inc. el año pasado, consiguió molestar a muchos otros tenedores que aún aguardan por intereses demorados en la mayoría de sus títulos.
El pago reciente para los llamados “bonos de hambre”, en referencia a la operación que se hizo con Goldman cuando empeoraba la crisis humanitaria venezolana, reveló que el Gobierno discrimina a unos inversionistas y no a otros, según ejecutivos de dos fondos que se enfocan en Venezuela.
“El Gobierno está empezando a tener la capacidad de pagar lo que quiere y no pagar lo que no quiere”, dijo Alejandro Grisanti, directivo de la consultora venezolana Ecoanalítica. “Eso es un incentivo perfecto para que los tenedores de bonos demanden”, apuntó convencido de que la disputa comenzará en semanas.
El Gobierno de Maduro ha culpado a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos de impedir las transferencias internacionales para cancelar a los tenedores. No obstante, en rigor, las sanciones no bloquean directamente las operaciones rutinarias como pagos de deuda.
Antes de concretar un reclamo formal -proceso que se conoce en el mercado como la aceleración de pagos- es necesario que los inversionistas que acudan a la corte a solicitar el reintegro de su inversión posean el 25 por ciento de un bono determinado.
Los comités ayudan entonces a agrupar a los tenedores de distintos títulos para sumar fuerzas y poder acelerar o exigir el pago de capital, pues con la excepción de los “bonos de hambre” en manos de Goldman, ningún acreedor posee un porcentaje tan grande de un mismo bono.
Las sanciones de Estados Unidos sí bloquean la posibilidad de negociar con el Gobierno de Caracas un canje de nuevos bonos por la deuda incumplida, el mecanismo que más se usa para resolver este tipo de disputas, pues le impiden a los ciudadanos estadounidenses comprar títulos venezolanos recién emitidos.