Miles de venezolanos huyen de la violencia, de la persecución política, del hambre, tratando de salvaguardar su vida y su integridad física. Muchos de ellos solicitan asilo en países vecinos, algunos limítrofes, encontrando muchas veces la receptividad que una vez ofrecimos nosotros cuando éramos una tierra de asilo, una tierra próspera y sana, que ofrecía todo a aquellos que huían de las dictaduras y de la pobreza.
Lamentablemente otras veces, algunos gobiernos, como el de Trinidad y Tobago y pocos días antes, el del Reino de los Países Bajos y de las islas holandesas del Caribe, habían devuelto a decenas de compatriotas que, con razón, por salvar sus vidas se desplazaban y no como simple migrantes, figuras que a veces se confunden, más cuando hay intereses de por medio para descalificar la figura del asilo, una institución fundamental referente a la protección de la persona.
La devolución de los solicitantes de asilo está expresamente prohibida por el Derecho Internacional. Solo será posible después de un proceso administrativo en el que los solicitantes expongan sus razones, siempre respetándoseles sus derechos humanos. No se puede “devolver” a los solicitantes de asilo en forma arbitraria, menos se puede expulsar a grupos de nacionales. En efecto, vale recordarle a las autoridades de esos países que la expulsión de grupos de nacionales está igualmente prohibida por el Derecho Internacional.
Pero más grave aún, es que el régimen venezolano lejos de cumplir con su deber de protección a los nacionales, los humilla y prácticamente los entrega a las autoridades para que los expulsen. Es un crimen lo que comete la Embajadora en Puerto España, por ejemplo, que ha dirigido la expulsión o devolución de los venezolanos solicitantes de asilo.
Esta funcionaria, hasta hace unos años “Secretaria Administrativa” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, pasó a ocupar, sin credencial alguna que la respalde, salvo el “Carnet de la Patria”, el rango más importante en el Servicio Exterior, el de Embajador. Ignorante en sus expresiones, útil solo para dirigir comparsas en Carnaval, como lo hizo vergonzosamente hace unos años, esta funcionaria del régimen que humilla y castiga a los venezolanos.
El Estado venezolano es responsable de todo lo que suceda a estas personas y esta “señora” en particular, tendrá que rendir cuenta como todos los que hoy ocupan posiciones en el aparato del poder, por los crímenes cometidos.
Robert Carmona-Borjas