El jueves 17 de mayo se registró un motín en el penal que dejó 11 muertos y 25 heridos. Hasta el momento solo han identificado a tres de los nueve presos asesinados y a dos custodios. Cuatro de las víctimas recibieron impactos de bala, cuatro heridas por arma blanca y uno falleció tras una severa golpiza.
Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), rechazó los hechos de violencia que ocurrieron en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.
La tarde del jueves 17 de mayo se originó un motín que culminó con un saldo de 11 muertos y 25 heridos. Según fuentes del OVP nueve de las víctimas son reclusos y dos custodios.
Hasta el momento tres de los reos han sido identificados como Carlos Luis Vizcaya, Yorvy José Silva Ramos y Darwin Rafael Caro Arteaga. Mientras que los custodios respondían a los nombres de Anderson Rivero y Yender Ramón León Ruiz. Aún falta conocer el nombre de seis.
El OVP conoció que cuatro de los fallecidos recibieron impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, mientras que cuatro murieron por heridas de arma blanca y otro tras una severa golpiza. Hasta la tarde de este viernes los parientes no habían firmado las actas de defunción.
De acuerdo con información de los familiares, la reyerta la inició un grupo de aproximadamente 70 internos, después de las 3:00 p.m. al culminar la visita. Presuntamente los privados de libertad se encontraban molestos porque desde el martes 15 de mayo fueron trasladados hasta el patio del penal, donde permanecieron por tres días seguidos bajo trato cruel.
Parientes denunciaron que los reclusos no reciben alimentación adecuada ni les dan suficiente agua. Por eso, exigen la destitución de la directora del recinto, Carla Sara.
“He ido a visitar a mi hijo y lo encuentro con los labios pálidos, deshidratado, porque no toma suficiente agua”, contaron al OVP.
Además las mujeres son sometidas a una intensa revisión antes de las visitas. Indicaron que se deben quitar la ropa luego saltar, o “pujar”, hasta que “la custodia quiera”.
Comentaron que el fin de semana del 5 de mayo una mujer se orinó encima, pues los funcionarios no les permitieron utilizar el baño del recinto.
Señalaron que Daniel Mendoza, coordinador de la Dirección de Familia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, no dio el trato adecuado a los parientes víctimas, alegando que primero “resolvería” la situación de los custodios.
Desde el OVP se hace un llamado al Estado para que cubra los gastos funerarios de los fallecidos, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos.
Prado recordó que el Estado está obligado a proteger la vida de las personas privadas de libertad, según el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Artículo 43.“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Hacinamiento
La cárcel la Fénix, como es conocida, tiene una población de 2.030 presos cuando su capacidad es para 1.400. “Quiere decir que el hacinamiento se ubica en 145 %, lo cual empeora las condiciones de reclusión de los privados de libertad”, dijo el coordinador del OVP.
“Los presos siempre responden al sitio donde los tienen recluidos y cuando están en un lugar hacinados, con calor, sin agua, con pésimas condiciones de salud y con mala alimentación, hay un temperamento muy fuerte entre ellos precisamente por esa situación en las que se han formado en la cárcel”, añadió.
Además sostuvo que cuando el centro penitenciario fue inaugurado en octubre de 2013 el vicepresidente de la República —para el momento—, Jorge Arreaza, aseguró que estaban capacitados con tecnología de alta calidad para realizar requisas a fondo.
“Deben explicar e investigar por qué dentro del recinto hay armas y otros artículos ilegales. Este acontecimiento confirma lo que nosotros hemos venido denunciando, pues en Venezuela no hay respeto a los derechos humanos, al contrario hay cultura de la muerte”.
Añadió que al OVP le preocupa la situación del diputado Gilber Caro, quien se encuentra preso en ese penal, y exige información de su estado de salud.
Prado condenó que estos hechos continúen ocurriendo en los penales del país e instó al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional (AN) a abrir una investigación inmediata e imparcial.
“Los responsables deben quedar a la orden de la justicia. Exigimos desde el OVP que le brinden información a los familiares y respondan por los daños causados, porque los privados de libertad están bajo la custodia del Estado”, dijo.