El creciente número de familias separadas en la frontera con México, agravado por los 1.500 niños que no han podido ser localizados, ha generado un profundo malestar en la comunidad inmigrante de EE.UU., que organizará movilizaciones en todo el país para exigir el fin de estas prácticas.
“Nuestro tiempo es ahora, las políticas de inmigración sobre la separación a propósito de niños son devastadoras, no podemos permitirlo, va contra los derechos humanos”, dijo hoy en una conferencia de prensa la directora ejecutiva de MomRising, Kristin Rowe-Finkbeiner.
Esta organización sin ánimo de lucro, junto a varias asociaciones en favor de los derechos de los inmigrantes, se manifestarán el próximo viernes en diferentes puntos del país para reclamar al Gobierno que cancele “de forma inmediata” esta medida, que consideran “atroz”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, reafirmó a principios de mes la nueva política que permite separar a los niños y padres que llegan ilegalmente a la frontera.
Una iniciativa que, según Nielsen, es una consecuencia directa de la política conocida como “atrapar y liberar” impuesta por los demócratas en la pasada administración, y que para el actual Gobierno es una decisión “muy dura” que debe afrontar por ello.
De acuerdo con el diario The New York Times, que citó fuentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), el Gobierno ha perdido el rastro de 1.475 menores que habían sido separados de sus familias en la frontera y entregados a familias de acogida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Algunos miembros de la Casa Blanca niegan que los menores estén “desaparecidos” y aseguran que, aunque no se ha podido contactar con ellos, “no existe ningún motivo para pensar que les ha pasado algo”.
Sin embargo, en la jornada de hoy, Martiza, inmigrante procedente de El Salvador y madre de cuatro hijas, denunció que desde hace más de un mes, cuando cruzaron la frontera, desconoce el paradero y el estado de salud de la mayor de ellas.
La mujer explicó que al llegar a la frontera son tratados como “animales” y les separan de sus hijos, especialmente si estos han cumplido ya los 18 años.
“Todos somos padres, madres, que tratamos de proteger a nuestros hijos y eso es lo que buscamos, que vivan en paz, donde no haya más violencia, eso es lo que venimos a buscar y lo que no encontramos”, manifestó Maritza entre sollozos.
Por ello, activistas como el reverendo William J. Barber II, instan a los legisladores a “dejar las palabras y pasar a la acción” para combatir el racismo en la sociedad ya que, para él, esta es la principal motivación de la medida.
En esta línea, la directora de la Alianza Nacional de Trabajadores y cofundadora de la campaña “We Belong Together”, Ai-jen Poo, consideró que las decisiones migratorias están provocando “una verdadera crisis moral” en el país.
Poo advirtió que la situación para los migrantes en la frontera es cada vez más difícil, no solo por la separación de las familias, sino también por sucesos como la muerte de la joven guatemalteca Claudia Patricia Gómez Gonzáles, que murió la semana pasada en el área fronteriza debido a los disparos de un agente fronterizo.
El movimiento “Acción Nacional para las Familias Unidas” tiene previsto realizar varias acciones entre el 31 de mayo y el 1 de junio, en ciudades como Nueva York, Washington DC, Miami o San Antonio, en las que mostrarán su disconformidad contra “los abusos hacia las familias inmigrantes”. EFE