Legisladores estadounidenses están acelerando los pasos para aprobar las sanciones contra altos funcionarios del chavismo, en vista de la renuencia de la administración de Barack Obama de tomar acciones decisivas para castigar a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro involucrados en violaciones a los derechos humanos, publica El Nuevo Herald.
Antonio Maria Delgado
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Fuentes cercanas a la situación dijeron a el Nuevo Herald que los esfuerzos para aprobar las sanciones avanzan con “excepcional” rapidez en el Congreso, ya que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el viernes su propio proyecto de ley, mientras su contraparte en el Senado se prepara para hacer lo mismo con su propia versión en la próxima sesión.
“El Comité de Asuntos Exteriores [de la Cámara de Representantes] actuó esta mañana con una voz bipartidista condenando las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela”, dijo la congresista Ileana Ros-Lehtinen, al resaltar la abrumadora votación favorable con que fue aprobado el proyecto que ella misma introdujo.
“La aprobación […] envía un fuerte mensaje a Maduro de que el Congreso de los Estados Unidos está pendiente de las atrocidades cometidas por su régimen, y que enfrentará las consecuencias”, agregó.
El proyecto de ley de la Cámara baja insta al presidente Obama a revocar las visas y congelar los activos en Estados Unidos de varios funcionarios venezolanos a los que considera responsables de violar los derechos humanos y acallar a aquellos que informan sobre las protestas contra el régimen.
Pero fuentes del Congreso aseguran que el proyecto del Senado, cuyas características son similares, es el que en realidad tiene mayores probabilidades de ser adoptado, y que probablemente será aprobado por la comisión en la próxima “sesión de negocios”, en alrededor de 10 días.
La aprobación en el comité de la Cámara de Representantes se produjo un día después que funcionarios del Departamento de Estado fuesen duramente cuestionados por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Algunos de los más reconocidos dirigentes de la política estadounidense fustigaron a la administración de Obama por mantenerse de brazos cruzados frente a la feroz represión en Venezuela.
“¿No es realmente inusual por parte de nosotros que básicamente nos mantengamos sentados viendo cómo la situación en Venezuela sigue deteriorándose ante el gran sufrimiento del pueblo venezolano?”, preguntó en la audiencia el senador y ex candidato presidencial John McCain.
“El mensaje que nosotros estamos tratando de enviarles es que si ustedes no actúan, entonces nos veremos obligados a actuar y yo no sé contar votos muy bien, pero […] creo que se ha presentado un buen caso para que nosotros consideremos las sanciones”, agregó.
Las acciones de los últimos días dejan en evidencia que el Congreso está dispuestos a actuar si la Casa Blanca no lo hace primero, comentó Roger Noriega, ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado.
“Se agotó la paciencia. El presidente debería en este momento proceder a ver cuáles de los distintas herramientas que ya tiene puede usar, como la que utilizó para aplicar las sanciones contra Ucrania […] para enviar un mensaje muy claro de que ya Estados Unidos no está dispuesto a seguir tolerando un régimen criminal que aterroriza a su propia gente”, comentó Noriega desde Washington.
La audiencia en el Senado y la aprobación del proyecto de ley en la Cámara baja se produjeron a las pocas horas de que fuerzas del régimen bolivariano arrestaran a más de 200 estudiantes, al desmantelar cuatro campamentos de los manifestantes.
Esa intervención policial detonó fuertes disturbios en Caracas, donde murió un oficial de la Policía Nacional por herida de bala, en circunstancias aún no esclarecidas.
La feroz represión emprendida por el régimen contra los manifestantes ha dejado un saldo de al menos 42 muertos, cerca de 800 heridos, miles de arrestos y decenas de casos de torturas.
De ser aprobado, el proyecto de sanciones del Senado llevaría al Departamento del Tesoro a congelar las cuentas e incautar los bienes de funcionarios del chavismo involucrados en la ola represiva emprendida contra los manifestantes.
Personas familiarizadas con ese proyecto dijeron que entre los posibles sancionables se encuentra el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, así como José David Cabello —hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello— y los generales de la Guardia Nacional involucrados directamente en la represión en Venezuela.
En la audiencia del jueves, el Senador Marco Rubio reveló otros de los nombres que aparecen en la lista, incluyendo los de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, el gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, y el del ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres.
La lista también incluye nombres de personas señaladas como testaferros de funcionarios de alto rango del chavismo.
Los esfuerzos por aprobar las sanciones están siendo catapultados por un devastador informe para el régimen de Maduro publicado por Human Rights Watch que concluye que las violaciones de los derechos humanos se han vuelto sistémicas en Venezuela.
En un informe titulado “Castigados por Protestar”, la ONG relata los salvajes abusos cometidos por agentes del chavismo en 45 casos contra los manifestantes, que incluyen “violaciones al derecho a la vida, a la prohibición a la tortura y al trato cruel, inhumano y degradante, al derecho a la integridad física, a la seguridad, a la libertad y a los derechos al debido proceso”.
Información complementada con servicios cablegráficos de el Nuevo Herald.