
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reiteraron este martes su firme condena contra la anulación arbitraria e ilegal de pasaportes pertenecientes a personas opositoras, defensoras de derechos humanos y periodistas en Venezuela.
Por lapatilla.com
En un pronunciamiento reciente, ambos organismos internacionales exigieron la restitución inmediata de estos documentos, fundamentales para trabajar, viajar, ejercer derechos familiares, pedir asilo o acceder a servicios internacionales de protección. Además, hicieron un llamado al Estado venezolano para que cese las prácticas represivas que buscan sembrar miedo en la población.
Según información de monitoreo recogida por la CIDH, al menos 40 personas han sido víctimas de esta práctica. La medida, que no cuenta con notificación oficial ni justificación legal, forma parte según el organismo de una estrategia sistemática del régimen para amedrentar y silenciar voces críticas, especialmente aquellas que denunciaron las irregularidades en torno a la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
La CIDH advierte que muchos se enteran de la anulación al intentar viajar y consultar su estatus en el sistema del SAIME, o directamente en aeropuertos, cuando funcionarios les impiden abordar vuelos. El temor a sufrir represalias como detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas ha empujado a algunos a abandonar el país por pasos irregulares o a no reclamar oficialmente por la medida.
Los perfiles de las víctimas, sumado a la opacidad del proceso, confirman según la CIDH que se trata de una forma de represalia contra quienes ejercen su derecho a expresarse, defender derechos o participar políticamente. El impacto de estas acciones es profundo: atentan contra la libertad de circulación, la vida familiar, el trabajo y la integridad personal, e imponen un efecto inhibidor que acalla aún más las denuncias.
Tanto la CIDH como la RELE exigen al régimen venezolano revertir estas decisiones, detener de forma definitiva este tipo de persecuciones y adoptar medidas reales para reconstruir el Estado de Derecho y la democracia en el país. Para ello, subrayan la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.
También hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que continúe promoviendo mecanismos de reconocimiento de pasaportes anulados o vencidos por el régimen, con el fin de garantizar el libre ejercicio de derechos a quienes han sido afectados.

