María Fernanda Angulo, o Mafe, como prefiere que le llamen, cuenta con angustia los días que faltan para el 7 de noviembre. En esa fecha, 250.000 venezolanos que, como ella, viven y trabajan en Estados Unidos como beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), pasarán a ser indocumentados. “Ese día lo pierdo todo: pierdo mi licencia de conducir, pierdo mi estatus y pierdo mi permiso de trabajo. Y puede que se abra un proceso de deportación en mi contra, lo que me separaría de la familia que construí aquí”, declara en una entrevista por vídeo con EL PAÍS.
Por El País
El 3 de octubre, el Tribunal Supremo, en un fallo de solo tres párrafos, reiteró una decisión que había tomado en mayo y dejó en riesgo de deportación a 350.000 venezolanos que se acogieron al TPS en 2023. La decisión afectará ahora a otros 250.000 venezolanos cuyo permiso de residencia temporal vence el 7 de noviembre.
El caso del TPS para Venezuela no se ha resuelto aún en los tribunales. Nada más regresar a la Casa Blanca, Donald Trump decretó varias medidas enfocadas en la eliminación de programas que hasta entonces habían permitido la residencia de inmigrantes en el país. Entre ellos, señaló el TPS, que su antecesor, Joe Biden, había otorgado en 2021 y 2023 a los venezolanos que huían del agravamiento de la situación política y económica que atraviesa su país. El demócrata, días antes de acabar su mandato, extendió el permiso 18 meses, hasta octubre de 2026, pero la Secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump, Kristi Noem, lo canceló.
Las organizaciones de defensa de los beneficiarios, llevaron el caso a los tribunales y el 5 de septiembre, el juez de distrito Edward M. Chen determinó que el intento de Noem de eliminar el TPS para venezolanos y haitianos era ilegal. “Las acciones de la secretaria al anular las órdenes de la Administración anterior y dar por terminado el TPS excedieron su autoridad legal y fueron arbitrarias y caprichosas”, escribió Chen.
El Gobierno ha recurrido el fallo, pero mientras el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito resuelve el caso, la Corte Suprema ha dejado sin protección a los 600.000 venezolanos que residían legalmente en el país.
Un sueldo para comprar una Coca-Cola y papas fritas
Mafe, de 33 años, llegó a Estados Unidos en 2019 para reunirse con su madre y otros familiares y en 2021 se acogió al TPS. El Congreso creó este programa en 1990 para proteger de la deportación a los ciudadanos de países que sufrieran conflicto armado, un desastre natural u otras condiciones extraordinarias y temporales. El expresidente Biden incluyó a Venezuela por el agravamiento de las condiciones en el régimen de Nicolás Maduro.
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